El pacto de Vizcarra y las clínicas privadas en Perú para fijar una tarifa de atención a pacientes Covid-19

“Ha habido una reunión entre funcionarios del gobierno, del Ministerio de Salud, con las clínicas y no se ponen de acuerdo. La tarifa propuesta por el gobierno, que es una tarifa razonable, no satisface a las clínicas privadas. Con la ley y la Constitución en la mano, tenemos que proteger a las personas y al ser humano. No podemos esperar indefinidamente, así que vamos a esperar 48 horas para llegar a un acuerdo. De no ser el caso, pensando en la salud, invocaremos al artículo 70 de la Constitución”.

Así de tajante fue el mensaje entregado ayer por el Presidente de Perú, Martín Vizcarra en el marco del balance del Estado en el día 101 de la cuarentena por la pandemia, en el que advirtió al sector privado de la salud de acordar un precio para atender a los pacientes infectados tras denuncias de sobreprecios en hospitalizaciones, sino serían “expropiados”.

La última actualización del Ministerio de Salud (Minsa) sostiene que el país -séptimo mayor foco de contagios a nivel mundial y segundo en la región después de Brasil- tiene 264.689 casos positivos y 8.586 muertos. La pandemia ha generado un colapso en el sistema sanitario nacional con un promedio de más de 4 mil casos por día desde inicios de mes dejando al sector público al límite del funcionamiento.

Para enfrentar la crisis, el gobierno peruano ha convertido sitios como la Villa Olímpica en Lima y otros lugares en centros especializados de atención a pacientes de coronavirus y han invertido en hospitales de campaña, pero debido al aumento de casos no es suficiente para enfrentar la crisis.

Ante la desesperación de las familias varios han optado por atenderse en clínicas privadas y en las últimas semanas, la Superintendencia Nacional de Salud -entidad estatal que “protege los derechos de los pacientes al acceso a servicios de salud”- recibió varios reclamos sobre facturas de US$ 2.800 por día de hospitalización.

Según el diario peruano RPP, desde hace tres semanas, la Asociación de Clínicas Particulares de Perú mantenía discusiones con el Seguro Integral de Salud (SIS) -que beneficia a más de 20 millones de personas no cuentan con otro seguro de salud vigente y que son divididos por tramos- sin lograr un consenso. Por una parte, la propuesta del SIS a las clínicas era una “tarifa social”, en que la entidad asumía el pago de entre US$ 946 y US$ 1000 diarios por infectado ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Así, en 21 días -tiempo promedio en que un paciente se recupera del virus- el costo sería de alrededor de US$ 9.100.

Sin embargo, las clínicas a través de su vocero Carlos Joo señaló que el costo total del paquete debería ser de US$ 27.600, que dividido en 21 días era de US$ 1.316 diarios que atribuían a la “tarifa social”.

En ese escenario, Vizcarra -que según la última encuesta Ipsos tiene un 70% de aprobación- invocaría el artículo 70 de la Constitución que contempla la posibilidad de “expropiar un bien privado por una causa, exclusivamente, de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo que incluya una compensación por el eventual perjuicio que se pudiera ocasionar”, si no se llegaba a un punto de acuerdo.

Justamente anoche, ambas partes lograron un pacto que será firmado mañana, según el ministro de Salud, Víctor Zamora, la tarifa fijada es de US$ 15.580 por la atención del paciente infectado a lo largo de todo el tratamiento médico aunque en ocasiones sea “más de 30 días”.

Sin embargo no sería lo único, el titular del Minsa señaló que realizarán “auditorias concurrentes” para garantizar la atención de los casos Covid-19, “no solo para que se dé atención médica, sino que le brinde al paciente todo lo que necesita antes de conseguir el alta”, dijo Zamora al Canal N.

Según el diario El Comercio, los contagiados pueden ser derivados desde un hospital público a una clínica privada o simplemente llegar directamente al establecimiento de salud particular.

Perú fue el primer país de la región en imponer una cuarentena obligatoria el pasado 16 de marzo dejando a más de 30 millones de personas en sus casas, pero diversos factores sociales y económicos -como la informalidad laboral y la pobreza- han mantenido un alto flujo de movilidad lo que conllevo un aumento explosivo de casos.

En medio de la reapertura del comercio que inició este lunes, el país debe enfrentar otras denuncias de sobreprecio entre ellas la del “preciado” oxígeno embotellado que debido a la escasez ha generado un salto en su precio de US$ 71 antes de la pandemia hasta US$ 100 en las ciudades con más críticas como Cuzco. A través de denuncias en las redes sociales, familiares de infectados han señalado que ellos mismos deben llevar el oxígeno a los hospitalizados ya que algunos centros médicos no tienen abastecimiento.