El saldo judicial de los desmanes en Santiago: solo el 14% de los imputados quedó en prisión preventiva

Una de los argumentos que Carabineros entregó para justificar su estrategia de repliegue y detención en delito flagrante durante los desmanes del lunes 18 de octubre en Santiago fue el alto número de detenidos. A nivel nacional fueron 450 las personas arrestadas, de las cuales 224 corresponden a la Región Metropolitana. Sin embargo, una cosa es la aprehensión y otra, el resultado judicial que luego se logra en tribunales.

El Ministerio del Interior decidió querellarse en los casos de saqueo y lanzamientos de bombas molotov más graves en la Región Metropolitana. En total, se presentaron nueve acciones judiciales de este tipo en contra de 98 personas, donde destacan los casos de un masivo saqueo al supermercado Unimarc, en la intersección de Portugal con Alameda.

Fueron 57 personas querelladas por este robo en lugar no habitado, desde donde se sustrajo mercadería, electrodomésticos y todo tipo de enseres. Además, se reportaron daños a la infraestructura del local, lo que motivó una querella de Unimarc en la causa. Tanto el gobierno como el abogado de la empresa pidieron la prisión preventiva de los imputados, mientras que el Ministerio Público sólo pidió la medida cautelar de arresto domiciliario total. ¿Qué decidió el tribunal? Acogió el requerimiento de la fiscalía.

El Ministerio del Interior pidió la prisión preventiva en todos los casos de saqueos, y uno que correspondía al lanzamiento de una bomba molotov. Sin embargo, su requerimiento llegó a puerto en 14 oportunidades. Del total de querellados por el gobierno, formalizados por la fiscalía, sólo un 14% quedó con la medida más gravosa. El resto se reparte entre el arresto domiciliario y cautelares de menor intensidad.

Otro de los masivos saqueos donde hubo personas formalizadas es lo que ocurrió en Lo Prado, donde un supermercado Lider se vio afectado por robos ese día. Acá, Interior presentó una querella contra los 13 detenidos para quienes pidió la prisión preventiva, sin embargo, solo se accedió a esta medida cautelar en cinco casos, otros cinco quedaron con firma mensual y el resto fueron menores de edad que quedaron con prohibición de acercarse al local.

En el gobierno no quedaron conformes ni con las resoluciones ni con las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, consultado si a su parecer lo que falló fueron los medios de prueba o la tramitación del Ministerio Público, éste indicó a La Tercera PM que “Carabineros hizo su trabajo con un muy buen despliegue operativo, donde se lograron detenciones y se remitieron querellas en los casos más graves, junto con solicitar la prisión preventiva, sin embargo, el Ministerio Público y el juzgado de garantía consideraron que no ameritaba esta medida cautelar para personas que se aprovecharon de un contexto de manifestación para cometer delitos”.

La autoridad agregó que “estos delitos ocurrieron en Lo Prado, Quilicura y el centro de Santiago, donde estos locales son fundamentales para el abastecimiento. Probablemente para todas las víctimas -y también para nosotros- es inentendible que quien sea detenido por esto termine durmiendo en su casa tranquilamente. No es lo mismo un saqueo en cualquier día a uno cometido aprovechándose de un contexto masivo”.

En el gobierno hay varios análisis de lo ocurrido el lunes. Por un lado, destacan que Carabineros no recibió ninguna denuncia en contra por alejarse de sus protocolos o vulnerar los derechos humanos de los manifestantes, lo que
-consideran en el Ejecutivo- es una buena muestra de los avances en la reforma policial.

Sin embargo, por otro lado, estiman que los hechos delictuales fueron más masivos, donde los saqueos fueron muchos. Además, explican que, a diferencia del año pasado, se repitieron más eventos violentos en comunas alejadas del centro de Santiago, y también en regiones.

Pero hay otra cosa que también “inquieta” en La Moneda: el rol de la fiscalía. Aunque el fiscal nacional, Jorge Abbott, dispuso la presencia de fiscales en las dependencias de OS-7 y OS-9 durante el 18 de octubre, para así trabajar en conjunto ante la eventual apertura de investigaciones por delitos flagrantes, en el gobierno estiman que esto no es suficiente.

Ponen como ejemplo, en el Ejecutivo, que no existe el “mismo énfasis, el mismo impulso” para indagar los casos relacionados al orden público, como sí los que tienen eventuales implicancias contra Carabineros.