El salvataje de Itelecom: Socios prevén saldar deudas en 2029 y reservan $ 1.000 millones para líos penales con el CDE

Itelecom, la sociedad investigada por el Ministerio Público en un presunto fraude al Fisco, soborno y lavado de activos por la venta de luminarias led, que involucra a su controlador Marcelo Lefort (54) y una decena de municipios, busca a toda costa evitar su quiebra.

El pasado martes, el abogado Jorge Lembeye -en representación de la empresa- presentó al 26º Juzgado Civil de Santiago la Propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial de Itelecom Holding Chile SpA, cuyos pasivos suman $ 17.523 millones. Ello, en el marco de la reorganización que presentó el pasado 24 de diciembre debido a “el desarrollo de procesos judiciales, que han afectado gravemente su flujo de caja y capital de trabajo, impactando ello en sus operaciones y produciendo un impacto negativo muy significativo en sus estados financieros y patrimonio en genera”.

Según el documento de 39 páginas y que consta en el expediente público del tribunal, sus accionistas buscan el saneamiento de la sociedad y están dispuestos a prendar a favor de los acreedores “la totalidad de sus acciones, de modo de no tener injerencia en la dirección y administración”. “Esta prenda comprenderá la prohibición a los accionistas de enajenar y de constituir sobre las mismas cualquier tipo de gravámenes, en favor de cualquier tercero”, consignó en su presentación.

Los accionistas de Itelecom Holding Chile SpA son Marcelo Lefort Hernández (79,2%); Ricardo Rodríguez Bizama (10%); Leonardo Bustos Abarzúa (5%); Marlon Jardel Pohorecky (5%) e Ivonne Araya Gallardo (0,8% ).

La propuesta de los socios prevé que la empresa terminará de pagar sus deudas en ocho años, cuando termine el último de los contratos de prestación de servicios a los municipios de Recoleta y Puente Alto. La vigencia de los acuerdos con ambas corporaciones expiran el 28 de febrero y 30 de diciembre de 2029, respectivamente, pero el objetivo -según trascendió- es buscar durante dicho lapso nuevos contratos a fin de acelerar los pagos.

En su presentación, Itelecom abordó las medidas cautelares que se han decretado en el marco de la investigación penal en contra de su controlador y un exejecutivo de la empresa. Sobre este punto, cuestionó la resolución del Juzgado de Garantía de San Carlos, que ordenó la retención de fondos existentes en la totalidad de las cuentas corrientes bancarias, tanto de la empresa como del holding, lo cual implica a esta fecha el congelamiento de $ 5.607 millones.

El plan de reorganización de Itelecom considera la creación de un “Fondo de Contingencias” por $ 1.000 millones. Se trata de una reserva que considera recursos del holding y sus filiales para el eventual pago de cualquier multa o sanción a beneficio fiscal, a raíz de las acciones legales que presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Los recursos para constituir el fondo provendrán de los dineros que se mantienen congelados en cuentas bancarias y también de aquellos que han sido liberados de la empresa y sus filiales. El grupo, en la descripción de sus negocios, reporta filiales en Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Colombia y Hong Kong. En Chile, ha participado en más de 70 licitaciones para el recambio y mantención de alumbrado público, instalando más de 183 mil luminarias.

El próximo 15 de febrero, la Junta de Acreedores de Itelecom deberá votar la propuesta planteada por sus dueños. Se trata de una instancia clave para el futuro de la sociedad, si se considera que dos de sus mayores acreedores concentran más de 60% de los pasivos.

Según sus informes contables, los tres principales acreedores de Itelecom Holding Chile SpA son: Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura S.A. (CIFI), con una deuda ascendente a $ 8.712 millones (50,9%). Le sigue el Banco Itaú Corpbanca, con pasivos por $ 2.209 millones (12,9%), y Trilinc Global Impact Fund Cayman, LTD., por $ 1.786 millones (6,92%). En esa línea, un eventual acuerdo para dar viabilidad a la sociedad requiere del respaldo de los dos principales acreedores: CIFI e Itaú Corpbanca.

Se trata de un tema clave, si se considera que Itelecom lanzó una arremetida en contra del fondo de Islas Caimán. Esto, luego que este último exigiera gastos de cobranza y los costos de un estudio en Derecho realizado por el estudio jurídico Dentons. De hecho, la tesis planteada por Itelecom en cuanto a que no corresponden pagar dichos montos, terminó siendo acogida por el veedor Nicolás Mena Letelier, quien impugnó el crédito de Trilinc. Es el único crédito objetado por el veedor.

Octavio Azócar, abogado de Demande.cl y representante de la sociedad acreedora Cimcon Lighting Inc., sostuvo que “es poco probable que se apruebe esta propuesta de reorganización, dado que la gran mayoría de los contratos que sustentan los flujos que está proponiendo de pagos la empresa Itelecom, están siendo cuestionados, porque provienen de fondos de municipios, como es de público conocimiento”. “Nuestra impresión es que debiera rechazarse la propuesta y declararse la liquidación de la empresa”, remató.

Frente a la adversidad, Itelecom cuenta con un veedor que conoce muy bien cómo reordenar empresas para evitar su debacle. Se trata de Nicolás Mena, abogado de la Universidad Católica, quien fue Subsecretario de Justicia durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Por ese cargo debió dejar la jefatura del Departamento Jurídico de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, unidad dependiente del Ministerio de Economía.

Mena fue el veedor del proceso de NBI SpA. Agencia en Chile de Astaldi. Ello, cuando la italiana llevó adelante un procedimiento de insolvencia transfronteriza que incluyó a Chile y que contó con la asesoría de Nelson Contador, uno de los abogados con mayor experiencia en reorganizaciones de empresas.

También asumió el proceso de salvataje de la cadena de multitiendas Corona de la familia Schupper. Aquí debió convencer a grandes acreedores de dar su visto bueno a un plan de reorganización que algunos miraban con cierta suspicacia, pero terminaron por aprobar frente al riesgo de merma por una eventual liquidación.

Luego de lograr la aprobación del plan de reorganización de Corona, Mena señaló por medio de un comunicado de prensa que la viabilidad de la empresa “permitirá que más de 1600 trabajadores continúen en sus labores habituales y, además, porque este proceso empieza a ser visto como una alternativa viable, para efectos de que las empresas puedan salir adelante y no tengan que quebrar”.