El jueves 6 de abril, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el proyecto Hotel Decameron Ritoque llegó a su fin.

El complejo turístico, ya afincado como modelo de all inclusive en otros países como Colombia, México o Jamaica, estaba pensado para edificarse en la comuna de Quintero (Región de Valparaíso) y contemplaba una inversión de US$ 44,5 millones en un área de 29 hectáreas, donde se contemplaba la construcción de un edificio núcleo con las instalaciones centrales del hotel, tres edificios de habitaciones, un centro de servicios, 40 cabañas, un beach club, canchas deportivas, un parque acuático, áreas verdes, instalaciones exteriores, un camino de acceso y 240 estacionamientos.

Sin embargo, tras una intensa batalla judicial, el tribunal de alzada porteño rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto en 2018 por la Constructora Riviera en contra el municipio de Quintero, quienes argumentaban que ese año habían caducado los dos permisos de edificación que aprobaron la construcción del proyecto. La empresa, en tanto, contradecía con que sí había iniciado las obras. El entuerto se generaba dado que la normativa señala que si un proyecto con permiso no inicia sus trabajos después de tres años, el municipio puede cancelar el mismo.

Así, y aunque tribunal accedió a discutir las costas del juicio (que fijó inicialmente en $ 31.600.000), luego de ser objetadas por el abogado de la empresa, Arturo Fermandois -exembajador de Sebastián Piñera en EE.UU.-, el fallo determinó que tanto municipio y Contraloría General de la República acudieron al lugar donde debía emplazarse el complejo hotelero y no se habían empezado los trabajos.

Pero, además, la Constructora Riviera decidió no apelar a la Corte Suprema. Según fuentes vinculadas a la compañía, el inversionista (la cadena hotelera Decameron) “se cansó de Chile” al advertir falta de “certeza jurídica”. Así, el megaproyecto hotelero y que prometía una experiencia internacional en el país, llegó a su fin sin siquiera ver una piedra levantada.

El silencioso fracaso de este proyecto inmobiliario comenzó a gestarse, a lo menos, en mayo de 2014, cuando el entonces intendente de Valparaíso, Ricardo Bravo, desestimó una petición de la empresa, que pedía declarar ilegales dos artículos del nuevo Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (Premval), promulgado en abril de ese mismo año.

Dichos artículos se contraponían a lo estipulado en el antiguo instrumento -el Plan Intercomunal de Valparaíso (PIV)- que establecía que el terreno del proyecto ocupaba zonas suburbanas, denominadas “Área de Forestación” y “Áreas Verdes para actividades de Turismo y Esparcimiento”.

En respuesta, la constructora presentó, en junio de 2014, un reclamo de ilegalidad en la Corte de Apelaciones, el cual fue rechazado en octubre de 2015.

En paralelo, el 9 de febrero de 2015 la Municipalidad de Quintero autorizó a la empresa a construir el hotel y un restaurante en terrenos de la ex Hacienda Normandie, en la playa de Ritoque.

Al poco tiempo, vecinos del sector advirtieron que ambos permisos no cumplían con la norma, pues el resort se emplazaba en suelo rural, según declaraba el nuevo Premval.

Fue así como, en diciembre de 2014, Andrés León, Osvaldo Pascual, Macarena Morales y Tamara Tello solicitaron a la Contraloría Regional de Valparaíso “un pronunciamiento sobre la juridicidad de los permisos”, acusando, entre otros elementos, “que los terrenos de dichos proyectos, situados en el sector de las dunas de Ritoque, provienen de un loteo cuyas obras de urbanización no han sido ejecutadas”.

Durante el trámite en Contraloría, Fermandois y Andrés Amenábar -representantes de la constructora- señalaron que “los permisos N°s. 6 y 7 cumplen con todas los exigencias establecidas por el ordenamiento jurídico y se amparan en un anteproyecto que fue aprobado con fecha 14 de agosto de 2013, durante la vigencia del PIV”.

Sin embargo, el 11 de septiembre de 2015, el órgano contralor emitió un dictamen, donde resolvió pedir un informe a la Municipalidad de Quintero, tras determinar “infracciones”, y “la instrucción de un sumario administrativo para determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados”.

Según León, en esa resolución la Contraloría constató que “los permisos no cumplían con la normativa, con las condiciones mínimas que debía tener el uso de suelo. Tenía que ser suelo urbano para hacer el hotel, y este era suelo rural. Les dieron el permiso en suelo rural, siendo que tenían que pasar primero por un cambio de uso de suelo”.

Posteriormente, agrega el dirigente de la agrupación Dunas de Ritoque, “la Contraloría solicitó al director de Obras Municipales, Luis Bernal, que se pronunciara. Pero Bernal comenzó a postergar (la respuesta), para que pasaran dos años y los permisos no se pudieran invalidar. Luego (Bernal) emitió un informe diciendo que los permisos estaban bien, lo que fue refutado por Contraloría y ordenó un sumario en contra suya por no acatar las normas. Al final, se cumplió el plazo de dos años. Y el alcalde lo tuvo que sacar (a Bernal), porque no hizo bien su trabajo”.

Más tarde, cuando se cumplieron tres años del otorgamiento de los permisos (febrero de 2018), los vecinos pidieron al municipio que los declarara como caducados, porque la empresa no había iniciado las obras. Al lugar acudió el director de Obras, entonces subrogante, y la propia Contraloría, y ambos constataron que no habían comenzado los trabajos.

De esta manera, el 12 de septiembre de 2018 el eirector de Obras declaró la caducidad de los permisos. Y, a los pocos meses, el 10 de diciembre la constructora presentó otro recurso de ilegalidad, en la Corte de Apelaciones, contra el alcalde (Mauricio Carrasco) por hacer que caducaran los permisos; el cual fue rechazado el 23 de enero de este año.

Pero ese no fue el único revés que tuvo el proyecto. Una semana después de acudir al tribunal de alzada (17 de diciembre de 2018), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que presentó la empresa al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en junio de 2015 fue calificado como “desfavorable”, ya que “según el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso, en ambas zonas no se encuentra admitido el uso de suelo residencial con destino de hospedaje, ni infraestructura sanitaria, lo que permite concluir que el proyecto no es compatible con los usos de suelos establecidos en el instrumento de planificación”.