El traspié de JVR: Tribunal supremo UDI no aplica sanciones por aprobar retiro de fondos de AFP

“Los cinco diputados en cuestión se han automarginado del ideario y del estilo de nuestro partido, situación que amerita el urgente pronunciamiento y decisión del tribunal supremo y la aplicación de las máximas sanciones”. Esos son algunos de los párrafos de la declaración que realizó la comisión política de la UDI, el pasado 16 de julio, luego que algunos parlamentarios votaran a favor del proyecto que permitió el retiro del 10% del fondo de pensiones.

La declaración hacía mención a los parlamentarios Sandra Amar, Pedro Álvarez-Salamanca, Christian Moreira, Álvaro Carter y Virginia Troncoso. Estos tres últimos, de hecho, renunciaron a su militancia en la colectividad tras la decisión de enviarlos a esa instancia partidaria.

La idea de enviarlos al tribunal supremo fue impulsada por la presidenta del partido, Jacqueline van Rysselberghe, quien -previo a la declaración de la comisión política- había señalado que “hemos citado a una comisión política de urgencia y ahí vamos a evaluar los caminos a seguir, porque creemos que con este tipo de situaciones no puede no pasar nada, porque para nosotros es grave que parlamentarios de nuestro partido concurran con sus voto a aprobar iniciativas que son impulsadas por la izquierda (…). Por lo mismo, una de las alternativas que se baraja es que esto sea evaluado por el TS de nuestro partido”.

Finalmente, el tribunal supremo emitió una resolución que fue compartida ayer por la directiva del gremialismo en una reunión de la comisión política que partió cerca de las 19.00. Ahí, según presentes, el secretario general del partido, Felipe Salaberry, leyó el dictamen, que tenía algunos considerando y resoluciones.

De acuerdo a las mismas fuentes, el TS de la UDI finalmente determinó no sancionar a los parlamentarios involucrados, así como también se refirió a los senadores que votaron favorablemente el proyecto de ley. Así, la decisión terminó siendo un traspié para Van Rysselberghe, quien había impulsado la idea y a quien, incluso, algunos parlamentarios del partido cuestionaron, calificando como un “error” la decisión de acudir a esa instancia partidaria.

En la resolución, además, según quienes conocieron de su contenido, se señalaba que cada parlamentario debe ejercer de manera independiente su voto y que no es parte de las atribuciones del TS evaluar las votaciones. De igual manera, se habría dicho que la presentación del requerimiento no cumplía con los mínimos para ser revisado, por lo que habrían errores de “fondo” y “forma”.

En ese sentido, el tribunal, además, recomendó que este tipo de cosas debía ser revisada por la comisión electoral del partido. Esto último, de hecho, generó algunos reparos, ya que algunos dirigentes no quedaron conformes con que el tema fuera derivado a otra instancia.

En la colectividad, además, algunos parlamentarios transmitían molestia porque, hasta el cierre de esta edición, no habían recibido la resolución del tribunal supremo y la directiva no había hecho llegar el documento.

De todas formas, integrantes de la comisión política aclaran que lo que se hizo fue una “consulta” al tribunal y no una petición de sanción. Esto, para ver si correspondía a una inconstitucionalidad haber votado a favor del proyecto de ley y que, ante eso, el organismo interno respondió que no le correspondía pronunciarse.

La Tercera se intentó contactar varias veces con la directiva del partido, pero no hubo respuesta.