¿En qué están los 11 casos judiciales donde estaba el foco antes de la crisis?

Cada año son cerca de 1,3 millones las causas judiciales que se tramitan en las fiscalías y los tribunales en el país. Hasta el pasado 18 de octubre, día en que comenzaron las manifestaciones por la crisis, había 11 los casos que generaban interés público, por la gravedad del hecho investigado y/o por las personas e instituciones involucradas.

Entre estas investigaciones está el caso del fraude en el Ejército; el de los jueces de Rancagua formalizados por presunto tráfico de influencias, nombramiento ilegal y cohecho; la presunta estafa del que habría sido víctima el expresidente Eduardo Frei por parte de su hermano; y las decenas de indagatorias en contra de sacerdotes de la Iglesia Católica por eventuales abusos sexuales.

Si bien la crisis también ha repercutido en el trabajo investigativo de estos casos emblemáticos, fuentes consultadas indican que se ha mantenido un ritmo de tramitación habitual en relación a su la complejidad.

Por ejemplo, el caso del fraude en el Ejército, a cargo de la ministra en visita Romy Rutherford, sigue su curso con diligencias y sentencias. Hace dos semanas, la jueza condenó a cuatro personas por fraude al Fisco y delitos militares. También ha citado a declarar a una serie de testigos en relación a los viajes y al uso de los gastos reservados de los excomandantes en jefe del Ejército.

Un escenario distinto enfrenta la tramitación de la causa en que se investigan los bombazos en Santiago. Antes de que se iniciaran las manifestaciones, el OS-9 de Carabineros tenía un equipo dedicado exclusivamente a investigar ataques de corte terrorista. Sin embargo, dada la alta demanda de causas asociadas a los desmanes y saqueos en medio de la crisis, este grupo fue requerido para trabajar en esas investigaciones, por lo que ya no están 100% abocados a casos de bombas.

El 14 de octubre el expresidente Eduardo Frei Ruiz -Tagle declaró en calidad de víctima por cerca de una hora ante el fiscal Centro Norte Francisco Jacir, en la oficina de sus abogados en Las Condes.

El caso es investigado por el Ministerio Público desde el 16 de agosto pasado, cuando su hermano Francisco Frei se autodenunció de haberlo estafado, a través de la empresa Inversiones Saturno S.A. (de propiedad del expresidente) para beneficio personal. Se indaga presunta apropiación indebida, administración desleal, negociación incompatible y falsificación y uso malicioso de instrumento privado.

Además, el 15 de noviembre pasado, se presentó una tercera querella en contra de Francisco Frei por parte de Cumplo Chile S.A., una plataforma de financiamiento colaborativo. Según Cumplo "122 personas han sido defraudadas por los querellados" en $ 322 millones.

En agosto de 2018, 1.359 personas en Puchuncaví y Quintero fueron atendidos por problemas de salud, debido a eventos de contaminación en el sector. Según la fiscalía, habría ocurrido por la presencia de un petróleo iraní con alto contenido de gas ácido sulfhídrico (H2S), traído por Enap a Chile.

Luego de un año de investigación, la fiscalía formalizará a seis ejecutivos de la estatal y uno de una firma externa que prestaba servicios a la petrolera, por presuntos delitos medioambientales. La audiencia se realizará el 29 y 28 de noviembre en Talcahuano.

Con respecto al caso de contaminación del agua potable en Osorno, por el cual se investiga a trabajadores y ejecutivos de Essal, la fiscalía determinó nuevas diligencias y tomas de declaración a involucrados. Esto, a partir de los primeros resultados obtenidos y encargados a la PDI.

El empresario Carlos Cardoen se encuentra en una pugna con Estados Unidos. Este año el país norteamericano solicitó su extradición, ya que lo acusa de la exportación ilegal de circonio para la elaboración de bombas de racimo. El fin de estas, indica la acusación de EE.UU., era ser vendidas a Irak mientras se desarrollaba la guerra de ese país con Irán en la década de los 90.

El caso está siendo tramitado en la Corte Suprema, en que Cardoen debió declarar en una audiencia reservada. Mientras el caso sigue su vía judicial, se determinó el arresto domiciliario nocturno para el empresario. La última petición de la defensa de este fue cambiar, entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre, el lugar en que se cumple la medida cautelar y que en ese plazo sea en el Fundo Queude Bajo, ya que "el señor Cardoen se encuentra haciendo una serie de construcciones y mejoras de envergadura mayor dentro de dicho inmueble, las que necesita supervisar".

El caso del fraude en el Ejército, a cargo de la ministra en visita Romy Rutherford, sigue avanzando. La semana pasada, la jueza condenó a cuatro personas por fraude al Fisco y delitos militares, entre ellos el exjefe de Finanzas, general (R)Jozo Santic, sentenciado a 13 años de presidio. Este es el segundo fallo en la causa que lleva la jueza y ya son seis los condenados.

Las pesquisas, además, avanzan en sus 31 aristas. Ya han declarado una serie de testigos en relación a los viajes y uso de gastos reservados de los excomandantes en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo. Este, además, podría enfrentar un nuevo procesamiento por la arista viajes. A pesar de que varios testigos no pudieron estar disponibles para la jueza, pues debieron acuartelarse durante el estado de emergencia, las pesquisas siguen su curso, y pronto podrían haber nuevas sentencias y diligencias. Ya han declarado exasesores del exjefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer.

Fue la última gran controversia judicial previo al estallido social. El fallo de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones, liderada por los ministros Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, que reclamó para sí la capacidad de resolver apelaciones a dictámenes del Tribunal Constitucional, generó una importante controversia entre ambas instituciones, la cual se materializó en sendas declaraciones cruzadas.

A casi siete semanas desde el inicio del conflicto, un nuevo capítulo de la trama depende del fallo que saldrá desde la Cuarta Sala, relacionado a una demanda de tutela laboral de una funcionaria pública. Más allá que el fallo que elabora la abogada integrante Leonor Etcheverry, podría confirmar o rechazar la tutela laboral, un eventual cuestionamiento en el escrito -en preparación- a la atribución del TC en este tipo de causa significaría un nuevo round entre Suprema y Tribunal Constitucional.

"Comienza el camino para demostrar la falta absoluta de fundamentos de la solicitud de remoción presentada en mi contra". De esta manera se presentó el lunes, el suspendido fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, en la Corte Suprema, para hacer sus descargos en el proceso de remoción en su contra, solicitado por el fiscal nacional, Jorge Abbott. Arias es acusado de haber infringido normas administrativas, en el ejercicio de su cargo. Sus descargos serán incorporados en el proceso que lleva el Poder Judicial, aunque, la Corte aún no designa al ministro visitador del caso. Por su parte, el fiscal Sergio Moya, quien denunció las supuestas irregularidades de Arias, en abril, es indagado por obstrucción a la investigación, en la Operación Huracán, en que el fiscal que lo investiga, Carlos Palma, abrió una arista aparte con su causa. Tanto Arias como Moya, están suspendidos y a la espera de las determinaciones de los tribunales y la fiscalía.

Para este martes 26 de noviembre estaba programado el inicio del juicio oral por el homicidio de Camilo Catrillanca, el joven que falleció tras recibir el disparo de un efectivo de Carabineros al interior de la comunidad Temucuicui, en noviembre de 2018.

Para esto, la Fiscalía de La Araucanía había presentado acusación contra los ocho exfuncionarios de Carabineros que tuvieron relación con el deceso. La pena más alta se pide para el exsargento Carlos Alarcón, a quien los fiscales le solicitaron la pena de 15 años día de presidio.

Sin embargo, el comienzo del proceso está en duda. Algunas defensas de los acusados ingresaron escritos al tribunal pidiendo que se aplace el juicio. El representante de Alarcón argumentó que la crisis ha impedido un normal funcionamiento de las instituciones. No obstante, otros imputados han apelado a problemas de salud. Por este último motivo, es probable es que acceda a la petición de las defensas.

Los exministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez, se vieron envueltos en diferentes acusaciones de corrupción, las que culminaron en sus expulsiones el Poder Judicial. Pese a las recusaciones presentadas por ambas defensas, sus salidas se materializaron y ya están en marcha los concursos que determinarán a sus reemplazantes.

En el ámbito penal, ambos abogados se encuentran formalizados por la Fiscalía Metropolitana Sur. En el caso de Vásquez, se le investiga tráfico de influencias, incremento patrimonial injustificado, negociación incompatible y fraude procesal. Por estos hechos, se encuentra bajo las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional. Elgueta, en tanto, es indagado por prevaricación, enriquecimiento ilícito, nombramiento ilegal, tráfico de influencias y cohecho. Las medidas cautelares contra este están a la espera de una próxima audiencia.

El excanciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz, acusado de abuso sexual reiterado y violación a una pena de 41 años de cárcel efectiva, enfrentará el juicio oral el 9 de diciembre.

Será el primer proceso de este tipo desde que en mayo de 2018 comenzó a investigarse los presuntos abusos sexuales de parte de decenas de sacerdotes. Se estima que el juicio podría extenderse por un mes y el fiscal Centro Norte, Francisco Jacir, estará durante ese tiempo liderando el proceso en contra del exsacerdote, donde declararán 47 personas.

Además del caso de Muñoz, el sacerdote Tito Rivera, quien en marzo fue formalizado por presunto abuso sexual, está con arresto domiciliario nocturno. El 1 de octubre se decretó un plazo de investigación de seis meses. El equipo de Jacir sigue avanzando, en paralelo, con las causas por presunto encubrimiento que apunta a la responsabilidad de las autoridades locales de la Iglesia.

Hasta antes que estallaran las manifestaciones, Carabineros tenía un equipo del OS-9 dedicada exclusivamente en investigar ataques de corte terrorista. Este grupo trabaja con el fiscal Claudio Orellana en este tipo de causas, en que destacan las investigaciones del ataque explosivo en la 54 comisaría de Huechuraba, el 25 de junio y el envío de un artefacto con dinamita a la oficina del exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. También detuvieron a Camilo Gajardo (28) por su supuesta vínculo con cinco ataques explosivos.

Dada la alta demanda de causas asociadas a los desmanes y saqueos en medio de la crisis, este equipo fue requerido para trabajar en esas investigaciones, por lo que ya no están 100% abocados a los casos de bombas. De todas maneras no han dejado de lado estas pesquisas, pues en enero de 2020 vence el plazo de investigación del caso "ecoterrorista" donde está imputado Gajardo.

La extradición a Chile de Rodrigo Hernández Norambuena, alias Comandante Ramiro, abrió una discusión sobre la condena que el exfrentista debía cumplir por el homicidio del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards. Tras su llegada desde Brasil, en agosto pasado, donde cumplió 17 años de cárcel por el secuestro del publicista Washington Olivetto, el juez Mario Carroza decidió que de acuerdo a los tratados de extradición entre ambos países, Ramiro debía cumplir dos condenas de 15 años. En septiembre, el abogado Alberto Espinosa apeló a la sentencia. En el escrito, el defensor solicitó la acumulación de ambas condenas en una de 20 años, al indicar que debía ser así por el carácter terrorista que comparten estas. Además, pidió el abono a la condena total, de todos los años que permaneció en la prisión brasileña, al considerar que en este tiempo Ramiro cumplió prisión preventiva a la solicitud de extradición hecha por Chile.