Encapuchados y con armas: la denuncia del gobierno en contra de grupo que expulsó a brigadistas que combatían incendios

Este lunes, la Delegación Presidencial del Biobío anunció la presentación de dos querellas en contra de personas que habían negado el acceso al agua u obstaculizar las labores de emergencia en medio de los incendios forestales que han afectado la zona centro-sur del país. La primera de ellas fue en contra del empresario Marcelo Piccardo, en Yumbel, Región del Biobío. Mientras que la otra acción judicial fue por un grupo de personas que amenazó con armas y expulsó a un grupo de brigadistas mientras combatían el fuego en Los Álamos, en la provincia de Arauco. El ingreso del libelo del Ejecutivo da mayores detalles de lo ocurrido en aquel incidente y apunta a un grupo armado y encapuchado que actuó de forma dolosa.

Ante el Juzgado de Letras y Garantía de Lebu, la Delegación Presidencial del Biobío ingresó el pasado sábado 11 de febrero una querella en contra de todos quienes resulten responsables de impedir o dificultar el actuar de bomberos u otros servicios de utilidad pública por lo ocurrido el viernes pasado en la comuna de Los Álamos, cuando sujetos armados amenazaron a brigadistas forestales. Por esto último, además la querella incluye el delito de porte ilegal de arma de fuego.

La acción judicial por parte del gobierno fue presentada el mismo día en que en Yumbel, en la misma región, se presentó la otra querella. Dicho libelo fue ingresado en contra de una persona particular, específicamente del empresario Marcelo Piccardo, quien impidió que helicópteros que apagaban el incendio en esa comuna accedieran al agua de su piscina.

Durante el anuncio de estas medidas, la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, calificó como “muy grave negar el acceso al funcionamiento de los equipos de emergencia durante una emergencia como la que estamos teniendo en estos momentos”, agregó la autoridad regional. Dresdner manifestó que las querellas se presentaron con el objetivo de poder “estar al tantos a esos procesos y perseguir a quienes resulten responsables, porque estos son hechos que son muy graves”.

En la Región del Biobío actualmente existen 106 incendios, de los cuales 12 están en combate, según el último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). En esa línea, de las 1.537 casas totalmente destruidas a nivel nacional por los incendios, 910 de ellas corresponden a inmuebles de esa región.

La acción judicial del gobierno se interpone luego de que la mañana del viernes 10 de febrero trabajadores de una empresa contratista de la Forestal Arauco se encontraban al interior de uno de los predios que esta compañía tiene en el sector de Antihuala, en la comuna de Los Álamos, en la provincia de Arauco.

El grupo de trabajadores pertenece a una empresa contratista encargada de realizar labores operativas. En ese sentido, esa mañana se encontraban realizando cortafuegos para impedir el avance del fuego por los incendios forestales que han afectado la zona centros-sur, especialmente en la Región del Biobío, donde ya se han quemado 196.337 hectáreas.

Mientras se encontraban realizando dichas funciones, llegó un grupo de encapuchados armados. Según detalla el texto ingresado por el gobierno, los sujetos portaban armas cortas y largas, con las cuales amenazaron a los brigadistas que combatían el fuego. Junto con eso, los obligaron a detener las faenas que estaban realizando y los expulsaron del lugar.

El libelo del Ejecutivo asegura que este hecho “impidió la actuación del personal de utilidad pública que apoyaba a Bomberos y Conaf en las acciones destinadas a contener el fuego existente en la comuna, a pesar de la gran propagación del mismo, y que hasta el momento ha causado muchas pérdidas al patrimonio de las familias afectadas y al medioambiente”, además de eso, asegura que este hecho se agrava, ya que la región se encuentra en estado de excepción de catástrofe.

A raíz de esto, el gobierno invocó -al igual que con el empresario- el Artículo 269 del Código Penal, el cual establece los castigos para quien “impidiere o dificultare la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas”.

Durante el mismo anuncio la delegada Dresdner aseguró que la delegación pidió a las policías dar con los responsables de los dos hechos que impidieron la labor de bomberos y brigadistas en la región.

En la querella presentada por dicha repartición de gobierno, además, solicitan que la PDI realice las primeras diligencias, entrevistando a testigos, funcionarios policiales que acudieron al lugar y se tomen muestras del sitio del suceso.

En materia judicial, el tribunal aún no declara admisible la querella del Ejecutivo, y este martes el Juzgado de Lebu pidió, previo a resolver, que se analice si existen más querellas y denuncias por este hecho con el fin de agrupar las causas.