"Entregarán a mi hija en adopción"

Patricia Aránguiz (31) despertó una mañana de principios de diciembre con una fuerte opresión en el pecho que la obligó a acudir a su terapeuta. Tres meses antes había ingresado, junto a su hija lactante, al Programa Residencial para Mujeres de la Fundación Paréntesis en Quilicura. En esos días, esperaba retomar las visitas a su hija mayor, M.J., de tres años, que vivía en la Fundación San José.

"Maca, me siento muy mal, tengo una angustia en el pecho por mi otra hija", le insistió Patricia a Macarena, su terapeuta, esa mañana. La profesional la tranquilizó diciéndole que llamaría a la Fundación San José para saber de M.J. y para iniciar el proceso de revinculación con la niña. Al teléfono le respondieron que la asistente social de San José visitaría en persona a Patricia para darle una noticia.

Así fue como el 12 de diciembre dos funcionarias de la Fundación San José llegaron a Quilicura para reunirse con ella. De inmediato, cuenta hoy, sintió que algo malo se venía. El ingreso de otros dos funcionarios de la fundación a la cita la alertaron.

La notificación fue rápida.

Con la voz quebrada en una pequeña sala del centro de rehabilitación de Quilicura, Patricia cuenta a La Tercera PM su versión de lo que le dijeron ese día:

-Siéntate Patricia, tenemos que contarte algo.... Debido a las dos audiencias a las que no te presentaste, la niña se dio en adopción. Ya no es más tu hija. Tienes que ir a despedirte de ella. Te vamos a dar una fecha. Pero ya no puedes llamar porque no es nada tuyo. Ahora va a tener otra familia-, recuerda hoy la mujer, con la voz quebrada, en una pequeña sala del centro de rehabilitación al que asiste.

Casi un mes antes, un tribunal de familia había tomado la decisión.

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Patricia recuerda con nitidez los días en que, con 14 años, se hizo adicta. Vivía en Recoleta y pasaba mucho tiempo sola, mientras su madre, Judith Farías, trabajaba como profesora de Matemáticas. En ese contexto, el paso al consumo de marihuana y alcohol fue rápido. Después escaló al consumo de pasta base.

A los 18 años quedó embarazada de su primer hijo, quien hasta hoy está al cuidado de su madre. Luego quiso estudiar trabajo social, pero otra vez sus adicciones sabotearon la idea.

Patricia reconoce parte de responsabilidad en la situación judicial que hoy enfrenta por su hija M.J.

Ella misma acudió a la Fundación San José cuando tenía varios meses de embarazo y en su casa no sabían que tendría otro hijo. Se convenció de que la adopción era la mejor vía. Eso, hasta que la niña nació y se arrepintió de entregarla, aun cuando en el hogar le insistían, asegura, que no estaba en condiciones de hacerse cargo.

Cuando la menor M.J. nació, Patricia apostó por la maternidad y se instaló con sus dos hijos en una pequeña casa. Pero el naipe se le desarmó a los pocos meses, cuando la invitaron a una fiesta. Pensó que tendría la fuerza de voluntad para decir "no", pero recayó. Una vecina llevó a M.J. a casa de su abuela y al día siguiente, su hermana mayor fue en persona a entregar la niña a la Fundación San José. De ahí nunca más salió.

En el intertanto, Patricia se volvió a embarazar.

Los informes médicos y sociales dan cuenta de que consumió drogas hasta abril del año pasado, por lo tanto, el tribunal ordenó un monitoreo permanente a su tercer hijo en gestación. Pasó todos los exámenes posteriores, pero persistió su temor a una recaída: el 23 octubre, de forma voluntaria, se presentó en la Unidad de Servicio Social manifestando su intención de iniciar un tratamiento terapéutico residencial que le permitiera estar con su hija lactante. Fue así como la derivaron al Programa Residencial para Mujeres de la Fundación Paréntesis en Quilicura, donde vive hoy. El plan era que su hija M.J. también llegará hasta ahí hasta su recuperación.

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Eso no ocurrió.

Habían pasado pocos días desde que la notificaron de que su hija se iría en adopción, cuando la citaron a despedirse para siempre.

Llegó hasta la casa Belén, de la Fundación San José, acompañada de su hijo mayor.

La esperaba la niña, y una foto plastificada, enmarcada en colores, donde M.J. aparece sonriendo con una muñeca en sus brazos.

-La MJ te va a entregar esto para que siempre la recuerdes-, le dijeron.

El hijo mayor no quiso despedirse; todavía llama a escondidas a la Fundación San José para preguntar por ella.

La audiencia para entregar a M.J. a una nueva familia está fijada para el 8 de marzo. De ahí que Patricia está en una carrera contra el tiempo para revertir la situación. Estratégicamente, quiere demostrar en la Corte Suprema que el proceso estuvo viciado, pues dice que nunca fue notificada de las audiencias en que se definió el futuro de la menor.

Patricia y su abogado, Enrique Aldunate, insisten en que al momento de las audiencias, la Fundación omitió que ella estaba en el Hospital San José en tratamiento por su último embarazo y realizándose los test toxicológicos que le exigían. Y agregan que las dos notificaciones llegaron a un domicilio antiguo.

"Claramente estamos ante un perjuicio causado a mi representada, a su derecho fundamental a un debido proceso, a encontrarse en una posición indefensa y que como consecuencia de un hecho o información erróneamente entregada por una profesional de Casa Belén, dependiente de la Fundación San José, y que no fue advertido por el Tribunal…", sostiene el recurso de queja presentado en la Corte de Apelaciones de Santiago por los abogados Carolina Rodríguez y Enrique Aldunate.

El 14 de febrero, en fallo dividido, el tribunal rechazó la admisibilidad del recurso de queja presentado por los abogados de Patricia. Por eso la última palabra la tiene la Corte Suprema, que deberá definir si es admisible la apelación.

"Yo pensé que todo lo que estaba haciendo era para mejor, que entrando acá iba a recuperar a la niña. Me imaginaba que estando acá iba a ser más fácil. La asistente social envió un informe para avisar que ingresé aquí, para que supieran que estaba haciendo esfuerzos por sanarme. Pero allá solo le contestaron que había cupo para ingresar a mi otra guagua, si quería", asegura Patricia.

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Aunque no quiere referirse al caso específico, la directora social de la Fundación San José, María Soledad Yánez, sostiene que su "objetivo y actuar siempre es preservar el interés superior del niño".

Y añade que "quien finalmente decide que un niño sea o no susceptible de ser declarado en adopción es el Juez del Tribunal de Familia correspondiente, quien basándose en las pruebas ofrecidas en el juicio, más la opinión calificada del consejero técnico y la presencia de un curador ad-litem verifica que la familia de origen no puede hacerse cargo responsablemente del niño/ niña. Su decisión se basa en varias miradas, no sólo la nuestra".

En una línea similar, el Sename advierte que "las medidas dictadas respecto a los procesos de adopción son determinadas por los tribunales de familia, y en este contexto, el Servicio Nacional de Menores (Sename) no puede referirse ni entregar información sobre casos específicos de susceptibilidad de adopción debido a que existe una reserva legal dictada en las normas de la Ley de Adopción".

Acelerar los trámites de adopción, y disminuir los tiempos en que los niños están en hogares de menores es uno de los puntos que plantea el proyecto de ley que lleva adelante el Ministerio de Justicia.

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, sostuvo que "no existe ninguna causal en el actual proyecto de ley, que habilite al tribunal de familia para declarar a un niño susceptible de ser adoptado, porque sus padres se encuentran en rehabilitación".

"Como Defensoría de la Niñez consideramos imprescindible señalar plazos acotados y expresos, con el objeto de evitar arbitrariedades, permitiendo así la restitución, lo antes posible, del derecho de los niños, niñas y adolescentes (NNA) de vivir en familia. En este sentido, es necesario agregar que las faltas injustificadas de su familia de origen de comparecer a los programas, serán siempre evaluadas de acuerdo a cada caso en particular, teniendo presente siempre el principio consagrado en la ley relativa a subsidiariedad de la adopción y volver a hacer el énfasis en que la pobreza no puede ser, en ningún caso, justificación suficiente para poder declarar la susceptibilidad de adopción de un NNA", dice Muñoz.

La Defensora de la Niñez enfatiza que uno de los principios consagrados en el proyecto de ley sobre reforma integral de adopción, "es que se entenderá la adopción como la última herramienta para resguardar la plena satisfacción de los derechos del niño, situación que exige, entonces, haber agotado todas aquellas herramientas institucionales que el sistema provee para acercar a ese niño o niña a su familia de origen".

"Nos preocupa como Defensoría de la Niñez que ni la actual ley ni el proyecto de ley establecen programas previos concretos de re vinculación con la familia de origen, preocupándonos la falta de importancia que la legislación le entrega a los vínculos afectivos creados por los niños que son susceptibles de ser adoptados con su familia de origen y la falta de acompañamiento real que se plantea, tanto para las familias de origen, como para las familias de acogida y las familias adoptantes", añade.