“Es información esencial”: Fiscalía no tiene registro desagregado de funcionarios públicos formalizados por Ley de Drogas y de Control de Armas

En reiteradas ocasiones el fiscal nacional, Ángel Valencia, ha insistido en que su prioridad tras llegar a la cabeza del Ministerio Público, es fortalecer el combate del crimen organizado. Sin embargo, como quedó al descubierto tras una solicitud de información realizada por el abogado Francisco Cox, la entidad carece de registros de información desagregada respecto de funcionarios públicos formalizados por delitos vinculados a la Ley de Drogas y sobre Control de Armas, lo que fue considerado grave.

Esto, porque se entiende que ante la presencia de crimen organizado y al enfrentar indagaciones por dicha materia, es necesario indagar si las redes de los imputados han logrado cooptar a representantes del Estado. Y para ello, ciertamente, contar con antecedentes de funcionarios ya investigados sería clave.

Como pudo revisar La Tercera PM, fue el 2 de mayo que el citado profesional ingresó vía transparencia y por la plataforma Siau “Fiscalía Transparente”, requerimientos para acceder al detalle de aquellas personas que se desempeñan en Gendarmería, Carabineros, PDI, Aduanas y en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, y que habían sido encausadas por delitos vinculados a las mencionadas normas. Pero para su sorpresa, la respuesta obtenida develó falencias que catalogó como, a lo menos, “curiosas”.

“La base de datos del Ministerio Público, denominada Sistema Informático de Apoyo a los Fiscales (SAF), es el principal repositorio de información del Ministerio Público y, por ende, la fuente primaria de extracción de datos, el cual contiene cifras de los delitos que se han cometido en el país, en un periodo determinado de tiempo en base a descriptores previamente establecidos. En este sistema SAF, si bien existe la marca “funcionario público”, ésta es una genérica, y no especifica la institución a la que pertenece el imputado”, se indicó en la respuesta que fue remitida a Cox y firmada por la directora ejecutiva de la Fiscalía Nacional, Ximena Rivas Asenjo.

En atención a aquello, continuó la respuesta, se indicó: “Al carecer del parámetro de búsqueda que permita determinar si los imputados pertenecen o no a las instituciones por Ud. señaladas, no es posible para el Ministerio Público obtener de manera automatizada la información requerida”.

Se hizo presente, en el mismo sentido, que para poder dar respuesta a lo requerido, se tendrían que revisar altos volúmenes de carpetas investigativas, lo que se catalogó como “una tarea imposible de llevar a cabo”, pues no se cuenta con los recursos humanos necesarios para hacer esa revisión, que por lo demás -como se aseveró por parte de Rivas-, implica ver antecedentes de registros que están en todas las regiones.

Considerando el tenor de la respuesta, Cox definió recurrir ante la Corte de Apelaciones y presentó un reclamo de ilegalidad en contra de la Fiscalía Nacional con miras a que se ordene la creación de dicho registro.

Consultado respecto de la situación, el abogado indicó a La Tercera PM: “Me parece que si la primera prioridad de la Fiscalía es el combate del crimen organizado, como ha manifestado el fiscal nacional, uno de los aspectos críticos es saber qué tipo de funcionarios públicos están siendo investigados, quiénes han sido condenados, dónde se ve la mayor tendencia. Eso es esencial para dirigir la prioridad que se fijó, entonces me llamó mucho la atención. Hubiese esperado que tuviesen esos datos para dirigir las acciones”.

A juicio del profesional, hacer la revisión y diferenciar por institución a los funcionarios investigados, en ningún caso implicaría un uso indebido de recursos, sino que un gasto o inversión que tendría directa relación con la misión del Ministerio Público.

En atención a la relevancia de la materia, Cox también planteó que el fiscal Valencia, previo a una resolución por parte de la Corte, “por supuesto que puede instruir esto e imagino la Unidad Especializada de Crimen Organizado puede sistematizar esta información desde ya, justamente para tener una guía respecto de dónde está el problema con funcionarios públicos (...) Sería bueno que la inteligencia artificial que están licitando pueda ser utilizada para esto”.

“No es lo mismo tener un funcionario del Registro Civil investigado por estos delitos que un policía, alguien del Ejército o alguien de Gendarmería. Estos detalles son críticos”, subrayó el abogado al insistir en la importancia de los antecedentes.