“Es una manera de validar la insurrección y violencia”: locatarios de Plaza Italia piden no volver a financiar el Museo del Estallido Social
Las diferentes agrupaciones de comerciantes de la zona, entre ellas la liderada por el empresario dueño de la Antigua Fuente, Carlos Siri, solicitan al Ministerio de las Culturas que no se repita lo ocurrido el 2022. Lo anterior, luego de que el espacio dedicado a recordar lo ocurrido durante el 2019 recibiera dineros provenientes desde un servicio dependiente de esa cartera.
Casi 600 metros son los que distancian a la Plaza Baquedano del Museo del Estallido Social. Este último espacio cobró especial relevancia durante el Día del Patrimonio, luego de que surgieran una serie de cuestionamientos al conocerse que en 2022 recibió recursos de un fondo del Estado. Los locatarios de la denominada “zona cero del estallido”, ubicado en el entorno de céntrica plaza, piden al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural -dependiente del Ministerio de las Culturas- que esta situación no se vuelva a repetir, pues de hacerlo -afirman- correspondería a una forma de validación de la violencia.
El Museo del Estallido Social (MES), el cual se ubica en la Calle Dardignac en pleno barrio Bellavista de Providencia, se define como una “plataforma autogestionada que surge de la necesidad de documentar testimonios y acontecimientos derivados del Estallido Social que han tenido lugar en Chile desde el 18 de octubre del 2019″.
Pese a lo anterior, la forma de su financiamiento comenzó a ser cuestionado durante el Día del Patrimonio, luego de que formara parte de los espacios para visitar ese día promovidos por el Ministerio de Las Culturas. Si bien ha pasado tiempo desde entonces, los locatarios del entorno de Plaza Italia nuevamente han levantado críticas, solicitando que cualquier tipo de aporte estatal no se repita en el proceso de este año.
Para comunicar aquello, los comerciantes de la zona se han agrupado en más de un gremio. Uno de ellos es liderado por el empresario y dueño de la Antigua Fuente, el presidente de la Asociación Gremial Barrio Plaza Italia, Carlos Siri, quien definió al museo como un espacio “inmoral que se aprovecha de fondos públicos para su financiamiento, ocultándose bajo el manto de la cultura”.
En esa línea, el empresario gastronómico agregó que “en términos ideológicos es una manera de validar la insurrección y violencia para alcanzar el poder político en la sociedad, arrogándose la representación del pueblo a través de una historia que es mentira. Es una afrenta a todos los ciudadanos que fuimos víctimas de un grupo que se tomó sistemáticamente una zona emblemática de la ciudad, usando como herramienta fundamental el terror y la violencia social para determinar quién podía pasar, trabajar y vivir en la zona, anulando todos nuestros derechos”.
El financiamiento
El primer cuestionamiento al espacio surgió en redes sociales por parte de personeros de la oposición. El Día del Patrimonio, a través de Twitter, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) sostuvo que el “gobierno financia al Museo del Estallido Social. Casi 20 millones de pesos le entregó este gobierno a un ‘museo’ que avala la violencia, el ataque contra Carabineros y la destrucción de los espacios públicos. Financiar a este falso museo es incitar al odio y la violencia”.
A lo que hizo alusión el parlamentario es a que, según lo expuesto por el Servicio Nacional del Patrimonio, el cual depende del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el 8 de julio del año pasado se resolvió la asignación de los recursos del Fondo de Mejoramiento Integral de Museos. Dicho proceso tiene como misión, según el servicio, “promover el desarrollo armónico y sostenido de los museos de Chile”.
La convocatoria a estos fondos “se dirige a museos que no reciben financiamiento del Estado y que presenten un certificado de ficha actualizada emitido por el Registro de Museos de Chile al momento de postular”, especifican.
Fue en el proceso del 2022 cuando el MES fue beneficiado, en el que se entregaron fondos a 15 dependencias públicas y 24 privadas. Entre estas últimas se encontraba el cuestionado espacio. En la Resolución Exenta 938 del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, se especifica que el Museo del Estallido Social recibió $ 19.813.285.
Lo anterior es lo que ha generado cuestionamientos de parte de los locatarios, quienes esperan que este año la situación no se vuelva a repetir. La presidenta de la Fundación Santiago se Levanta y directora de la JJVV del barrio San Borja, Giselle Dussaubat, sostuvo que tras lo ocurrido con los fondos recibidos por el MES, “estamos consternados, nos embarga un sentimiento de rabia, impotencia, abandono y revictimización al enterarnos que el gobierno financia el museo del estallido social, por lo que exigimos que se quite su financiamiento de forma inmediata”.
A lo que agregó que “ese estallido de violencia dejó 15.000 mipymes afectadas y miles de trabajadores sin poder llevar el sustento a sus hogares, hoy tiene un lugar de culto financiado por todos los chilenos, incluidas las propias víctimas”.
“Lo público pertenece al pueblo”
Si bien lo anterior corresponde a un planteamiento de los locatarios, La Tercera PM revisó las postulaciones al Fondo de Mejoramiento Integral de Museos del 2023 y al menos en la versión más reciente el Museo del Estallido Social no ha participado para adjudicarse recursos públicos. Lo que sí, de manera privada el MES tiene en su web un espacio para realizar donaciones. Los aportes que recibe el espacio pueden ir desde los $1.000 hasta los $10.000.
Luego de lo ocurrido durante el Día del Patrimonio, a través de redes sociales desde el museo explicaron que “el Fondo de Mejoramiento Integral de Museos 2022, cuya postulación fue abierta durante el gobierno de Piñera, bajo condiciones y Ley de Presupuesto determinadas por dicha administración, estamos ejecutando en virtud de sus bases de convocatoria dirigida ‘a museos que no reciben financiamiento del Estado’”.
Además de eso, agregaron en esa ocasión que lo ocurrido va en “total contraposición al relato que intentan instalar desde la vereda históricamente genocida, corrupta y que, paradójicamente, vive obscenamente a expensas del Estado y sus contribuyentes hace ya 50 años. Lo público no le pertenece al gobierno de turno ni a los candidatos, diputados y alcaldes que usufructúan de ello. Lo público pertenece al pueblo. No es algo tan difícil de deducir”.
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