“Experto en fraudes”: el detective anticorrupción que asumió la investigación por líos de platas

Mayo de 2016 y las autoridades de la época acudieron en masa a inaugurar la nueva “joyita” de la Policía de Investigaciones (PDI): la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef). No era un momento cualquiera, pues en ese entonces los casos de financiamiento ilegal a la política estaban en su apogeo, con un caso SQM en su “peak” y el caso del fraude en el Ejército que aún no daba luces del futuro procesamiento a excomandantes en jefe.

Desde esa inauguración que el jefe de esa oficina es el prefecto Pietro Hernández Pascualetti (51). El policía aguantó varios cambios de jefatura, incluso, el más importante, cuando terminó su mandato el exdirector general Héctor Espinosa.

El detective sigue en la brigada, ubicada en calle Williams Rebolledo, en Ñuñoa. Sin embargo, hace unos tres años, la Bridef cambió de nombre y, derechamente, se rebautizó como Brigada Anticorrucpión (Briac).

Este departamento, con Hernández a la cabeza, cuenta con más de 40 funcionarios, quienes dedican gran parte de la jornada a revisar talonarios, flujos de dinero, informes y todo lo que tenga que ver con investigaciones relativas a delitos de fraude al Fisco o malversación de caudales públicos.

Ese es el gran objetivo de la unidad, donde Hernández es definido como un policía hermético y trabajador. Su círculo más cercano está compuesto por otros dos efectivos que lo acompañan en las pesquisas, las que van -aún- desde el fraude en el Ejército, hasta el caso Sierra Bella.

Es este caso, donde se indaga la compra de la exclínica en la comuna de Santiago, más la investigación de la Fiscalía por los líos de plata entre el gobierno y las fundaciones, las que recayeron -nuevamente- en la brigada de Hernández.

Hasta estas oficinas llegan diariamente más de una treintena de oficios con requerimientos de información del Ministerio Público, solicitud de diligencias y una serie de instrucciones para cruzar datos que permitan descubrir si existe o no una malversación de caudales públicos.

En el caso de las fundaciones, Hernández ha estado a la cabeza, literalmente. Es más, durante este jueves 3 de agosto participó de la reunión citada por los fiscales para aunar criterios en la investigación de 32 fundaciones que cerraron contratos con organismos públicos.

El prefecto, incluso, expuso ante los investigadores sobre el estado de avance de su brigada en la causa y cómo han ido trabajando por establecer patrones en el cierre de los convenios entre las ONG y las instituciones investigadas.

En su Linkedin, Hernández se define como un “experto en fraudes” y da cuenta que, además de policía, es contador auditor y magíster en Control y Gestión de Riesgo Corporativo. También cuenta con 10 diplomados en auditoría forense.

Quienes lo conocen señalan que su objetivo es perseguir los delitos de corrupción, sin importar quién sea la autoridad de turno. Advierten: “Sobrevivió, sin problemas, tres gobiernos y ahí está”, revela un exdetective que trabajó con él.

En 2016, el prefecto señalaba que “los delitos de corrupción siempre han existido, más o menos, eso va a depender de ciertas épocas que se dan. Si esto hoy es mucho más que antes, podría decir que a lo mejor no en cantidad, pero suena más porque la cantidad de casos donde hay personas importantes involucradas se juntaron (...) Eso hace que hoy aparezca que estamos como un país más corrupto. No es que Chile sea más corrupto, sino que el país está investigando todo, hay una posición de mayor transparencia”.

Años después, el si Chile es un país más o menos corrupto, es algo que la Brigada Anticorrupción maneja empíricamente: en 2016 recibieron 136 casos para indagar y en 2019 fueron 232, traduciéndose en un salto de un 70%. ¿Y en 2023? Todo apunta a que los números han ido aumentando.

Hasta ahora, de acuerdo con lo expuesto por el fiscal nacional Ángel Valencia, hay 19 causas abiertas a nivel nacional referentes a traspasos de dineros entre organismos estatales y fundaciones. Y ellas, como detalló, están radicadas en 10 fiscalías regionales e involucran a 32 ONG, todas en el radar de la PDI.

En cada una de ellas se indaga un amplio catálogo de delitos, y por lo mismo, ya se han realizado una serie de pesquisas. De esta forma es que el Ministerio Público ya logró establecer que, en la mayoría de ellas, hay similitudes que se replican.

“Hemos identificado que existen ciertos asuntos que estamos investigando que tienen rasgos comunes evidentes”, comentó en ese sentido Valencia, agregando que es justamente por esa razón que las unidades regionales están trabajando “en conjunto”.