Al asumir el gobierno el próximo 11 de marzo, la administración que encabece el presidente electo Gabriel Boric Font (35) deberá nombrar a 72 autoridades del aparato público que cumplen funciones regulatorias, judiciales y en las Fuerzas Armadas.

Un análisis realizado por el estudio Osorio Vargas & Abogados detalla que al menos el primer año de gobierno serán 20 los funcionarios de alto rango que deberán ser designados por el nuevo Jefe de Estado con la venia de parte del Senado, la Corte Suprema o de manera unilateral.

El ejercicio realizado por el bufete toma en cuenta las reglas vigentes de nominaciones que están en la Constitución Política de la República, las cuales podrían ser modificadas por la Convención Constitucional que hoy delinea una nueva Carta Fundamental, la que deberá ser sometida a un plebiscito de salida. La composición del sistema legislativo (unicameral o bicameral), junto a la mantención del Tribunal Constitucional (TC) son, por ejemplo, algunas de las interrogantes que debe resolver el órgano constituyente que es presidido por la académica mapuche Elisa Loncón.

Justamente respecto del cuestionado órgano que revisa la constitucionalidad de las leyes es que recaerá la primera decisión de Boric. A cinco días de asumir en el cargo, el 11 de marzo, el mandatario electo deberá -por medio de un decreto emitido por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia- designar a dos nuevos ministros del TC, quienes vendrán a reemplazar a los expresidentes de la instancia Iván Aróstica y María Luisa Brahm, al vencer el periodo de ocho años por el que fueron nombrados. Esta es la prerrogativa que recae en el Presidente de la República, quien tiene la posibilidad de nominar directamente a abogados de su confianza; los otros cupos son designados por el Parlamento y por la Corte Suprema.

En el Poder Judicial también vendrán cambios durante el primer año de la nueva administración de gobierno. El 11 de marzo y el 8 de noviembre, los ministros de la Corte Suprema Rosa Egnem y Guillermo Silva cumplen 75 años, por lo que el gobierno deberá nombrar a sus sucesores. El proceso de designación requiere de una propuesta de parte del máximo tribunal, el cual elige a cinco candidatos y Boric, entonces, de esa quina deberá proponer un nombre al Senado y este, a su vez, aprobarlo por 2/3 de sus miembros. Hasta el actual gobierno de Sebastián Piñera, y los anteriores de la Nueva Mayoría y la Concertación, se ha honrado una especie de binominal en los integrantes de este organismo para mantener en esta esfera judicial los “equilibrios políticos”. La gran interrogante es si el nuevo Ejecutivo respetará dicha regla o impulsará un nuevo proceso para esta elección.

En 2023, los ministros Haroldo Brito y Jorge Dahm también abandonarán el máximo tribunal por cumplir la edad límite del cargo. Entonces la administración del pacto Apruebo Dignidad deberá participar en las designaciones, en total, de cuatro supremos.

Quizás una de las autoridades más importantes en cuya nominación intervendrá el presidente electo Gabriel Boric es la del fiscal nacional. El diputado de Convergencia Social ha sido especialmente crítico con quien ejerce hoy esa labor, el abogado Jorge Abbott, e incluso, hace un par de años, fue el Frente Amplio quien intentó removerlo acusándolo de graves faltas de probidad. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó -de forma unánime- la embestida de los diputados. Por tal motivo es que cobra especial valor el perfil que escogerá La Moneda como sucesor del actual jefe del Ministerio Público, órgano que posee exclusividad para perseguir los delitos en Chile.

En la actualidad, el cargo se ejerce por ocho años, según la Constitución, pero Abbott cumple antes de esto los 75 años y sólo habrá ejercido entonces siete años como fiscal nacional. Esto ocurrirá el 1 de octubre de 2022 y ahí se llamará a concurso público. Similar a lo que ocurre con la designación de un supremo, el máximo tribunal elaborará una quina y de ella Boric deberá proponer un nombre al Congreso y el Senado, a su vez, ratificarlo con quórum calificado.

Otra de las nominaciones que deberá enfrentar el pacto Apruebo Dignidad cuando arribe a La Moneda es el reemplazante del ministro titular del Segundo Tribunal Ambiental, Alejandro Ruiz Fabres, quien fuera nombrado en su cargo el 11 de julio de 2016, tras aprobación de la sala del Senado. Anteriormente se desempeñó como asesor del gabinete de la exministra María Ignacia Benítez.

En noviembre del próximo año, el presidente electo, Gabriel Boric, también debe decidir el futuro de altos mandos de las Fuerzas Armadas. De los cinco oficiales generales de mayor antigüedad, tendrán que ser nominados el nuevo comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, cargo que actualmente ocupa Arturo Merino, hijo del primer jefe de la Fuerza Aérea, el comodoro Arturo Merino Benítez. Lo mismo debería ocurrir en junio de 2025, cuando el jefe de Estado debe optar por el sucesor del comandante en jefe de la Armada, cargo que actualmente ocupa Juan Andrés de la Maza.

Bajo la misma formalidad, el 19 de noviembre de 2024 será el turno de cambiar al actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Esto siempre y cuando el actual Mandatario electo no decida solicitarle antes la renuncia, ya que es un cargo de exclusiva confianza del Presidente de la República.

Una de las entidades que cumple una misión central en la regulación del mundo de las finanzas es la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El organismo colegiado, cuenta con un consejo presidido por Joaquín Cortez, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Economía de la Universidad de Chicago.

Los nombramientos de los comisionados y el presidente corren por carriles paralelos. Estos últimos son nombrados directamente por el Presidente de la República, por lo tanto, Cortez culmina su periodo el 11 de marzo de 2022. Su sucesor quedará en manos del nuevo jefe de Estado y su periodo dura cuatro años, el mismo que ejercerá Boric si es que la nueva Constitución lo mantiene tal cual.

En cambio, los comisionados cumplen funciones durante seis años y el 10 de julio de 2023 expira el periodo para Kevin Cowan y Bernardita Piedrabuena. Sus sucesores serán designados por medio de nominaciones que realizará Boric al Senado.

En el Banco Central también habrá cambios. El 6 de febrero de 2022 vence el periodo del consejero Joaquín Vial y su reemplazante será Luis Felipe Céspedes, exministro de Economía durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Pablo García y Mario Marcel expiran sus periodos de consejeros el 22 de enero de 2024 y el 24 de diciembre de 2025, respectivamente.

Por otro lado, el Consejo de Alta Dirección Pública también debe renovar a dos de sus integrantes el próximo año. Ese es el caso de la economista Bettina Horst y el psicólogo Eduardo Abarzúa. Sus sucesores serán designados por el futuro mandatario, pero los nombres deben contar con el respaldo de la Cámara Alta.

El informe elaborado por el estudio de abogados destaca que el 10 de abril de 2022 expira el plazo para el cese de la presidenta del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), Ana Holuigue. Sobre este cargo, el jefe de Estado puede designar de manera libre y unilateral a su sucesora.

Otro de los puestos clave que vendrá con el nuevo gobierno será el nuevo contralor general de la República. El próximo 17 de diciembre de 2023 expira el plazo en que ejerce sus funciones el abogado Jorge Bermúdez, quien asumió en 2015. El nombre del nuevo jefe del ente fiscalizador es una facultad directa del presidente que debe contar con el respaldo de tres quintos del Senado.

Igualmente, en 2023, específicamente el 18 de febrero de ese año, expira el plazo en que cumple sus funciones el consejero del Servicio Electoral (Servel) Alfredo Joignant. Ese año también el presidente tiene que escoger a tres nuevos consejeros del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, al terminar las funciones de Pablo Dittborn, Maite de Cea y Patricio Gross.