Fiscalía Centro Norte por acusaciones de generales imputados por 18-O: “No se ha ocultado ni negado antecedentes”

Los generales directores de Carabineros Ricardo Yáñez y Mario Rozas -este último en retiro- se han mantenido en pie de guerra ante las actuaciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que persigue sus eventuales responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social del 18 de octubre de 2019.

La última arremetida de ambos, como publicó La Tercera, fue acusar que la mencionada repartición encabezada por el fiscal regional Xavier Armendáriz estaría poniendo en riesgo su derecho a la defensa. Esto, según detallaron los abogados de los uniformados ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, porque se les habría negado el detalle de los 450 casos por los que serán formalizados el próximo 7 de mayo.

Sin embargo, desde el Ministerio Público fueron categóricos en descartar dichas aseveraciones e insistieron en que todos los involucrados en la causa han podido tener acceso a los antecedentes.

“No se ha ocultado ni negado acceso a ninguno de los antecedentes de la investigación de esta causa, respecto de los cuales la defensa ha tenido acceso a ella de modo íntegro. En la audiencia que corresponda ante el Juzgado de Garantía, la Fiscalía dará a conocer los hechos materia de esta investigación”, comentaron desde la Fiscalía Metropolitana Centro Norte al ser consultados por este medio.

Asimismo, de acuerdo con fuentes vinculadas al Ministerio Público, desde diciembre de 2021 que las partes han mantenido acceso a copias de la carpeta investigativa, por lo que los mismos personeros rebaten las alegaciones de ambos imputados.

Durante su ultima arremetida, además, la defensa del general Ricardo Yáñez también presentó un incidente de nulidad respecto de la determinación del 7° Juzgado que visó una solicitud de la fiscal Ximena Chong para acceder a información de víctimas de trauma ocular durante las manifestaciones del 18-O.

Como expuso la defensa, “se está utilizando al tribunal, por medio de una petición engañosa, para obtener información de manera inconstitucional e ilegal; ya que la resolución dictada por la magistrada Isabel Correa y que es impugnada por medio de este incidente afecta a terceras personas indeterminadas, inocentes y ajenas absolutamente a este proceso”.

Pese a ello, desde la Fiscalía Centro Norte también descartaron cualquier tipo de irregularidad. “Hay que indicar que no existe arbitrariedad ni ilicitud alguna, toda vez que la información que mantiene el Ministerio de Salud se solicitó mediante autorización judicial que se obtuvo del Séptimo Juzgado de Garantía”, comentaron a La Tercera.

Y aquello, de hecho, fue ratificado por el tribunal la tarde de ayer miércoles, que resolvió: “No ha lugar al incidente de nulidad procesal interpuesto por los abogados Jorge Martínez y María Jesús Wielandt en representación de don Ricardo Yáñez Reveco”.

Como se argumenta en la determinación, en primer punto, “la defensa no ha hecho alusión en su presentación a la forma cómo se verían dañadas las garantías del imputado en el proceso penal por haberse accedido a la diligencia solicitada por el Ministerio Público. Por tanto, no aparece lógico otorgar una nulidad procesal a un interviniente que no es el titular del derecho, como es la protección a los datos sensibles de los pacientes por las atenciones médicas prestadas, los cuales deben ser reclamados por sus titulares, es decir, las presuntas víctimas”.

Respecto de una eventual falta de fundamentación, la resolución agrega que el fallo impugnado “señala expresamente que en mérito a los antecedentes expuestos por la representante del ente persecutor, el tribunal estima que ellos dan cuenta de la necesidad de contar con la información requerida y que no le ha sido proporcionada por la Subsecretaría de Salud y Subsecretaría de Redes Asistenciales”.

Por tanto, la jueza Marcia Figueroa advierte que si bien el recurrente puede no compartir la resolución, “esta magistrada no estima que se encuentre infundada. Por otro lado, dicha diligencia no le causa ningún perjuicio al recurrente que solo sea reparable por la declaración de nulidad”.