Fiscalía cita a declarar a Irací Hassler y pide a Comunes el expediente en que Oliva apunta a aportes irregulares de campañas

Levantamientos de secreto bancario de varias cuentas, revisión de computadores, gastos de campaña y declaraciones de testigos y eventuales imputados.

En eso trabaja la Fiscalía Sur para desentrañar cómo se financió la campaña de la excandidata a Gobernadora de la Región Metropolitana y Senadora por Apruebo Dignidad, Karina Oliva. Los investigadores indagan eventuales irregularidades en la rendición de gastos ante el Servel, aunque, no solo eso estaría en el foco de los persecutores.

Esta semana será clave en la indagatoria, a partir de dos diligencias ya instruidas por el fiscal de Alta Complejidad Sur, Milibor Bugueño. Lo primero es reconstruir la campaña de Oliva, a partir de la revisión de las cuentas bancarias para -según se expuso en la solicitud del Ministerio Público ante el tribunal que autorizó revisar sus historial financiero- “verificar los destinos de los dineros fiscales depositados, acreditar un eventual perjuicio y corroborar que los dineros pagados por concepto de reembolso de gastos electorales rendidos en la candidatura a gobernadora regional por la Región Metropolitana hayan sido efectivamente destinados en su totalidad a efectuar los pagos que se individualizaron en la rendición de cuentas presentada ante el Servicio Electoral”.

En eso ya trabajan los investigadores, quienes próximamente tendrán su primer cara a cara con una figura clave en el pacto de Apruebo Dignidad y el Partido Comunista (PC), la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler. La jefa comunal lidera un listado de autoridades que tendrán que prestar testimonio en calidad de testigos ante los fiscales, y así entregar su versión sobre el “desayuno feminista”, instancia, que, según denunció un artículo de Ciper, habría rendido como gasto de campaña por la suma de $ 50 millones, monto que luego fue objetado por los fiscalizadores del Servel.

El desayuno -del cual hay imágenes donde no se ven grandes lujos- tuvo lugar en el centro de Santiago, el 13 de junio del 2021. Allí participaron, además de Hassler, la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Rios (RD), las diputada Karol Cariola (PC) y Marisela Santibáñez (PC), y según una foto que subió a su Twitter ese día, también estuvo presente la ahora vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC). Todas las asistentes serán interrogadas ante la Fiscalía.

Otras de las personas que está considerado su testimonio como clave, es de la presidenta del partido comunes, Ka Quirzoz, quien durante el último tiempo ha sido crítica de su excompañera de filas. “Fue expulsada del partido, nuestro Tribunal Supremo la declaró culpable de faltas a la probidad y actualmente se encuentra con una investigación en fiscalía. Quiero destacar que nosotras como directiva transitoria nos hemos puesto a completa disposición para que esclarezcan los hechos, ya que hasta el día de hoy la militancia de Comunes ni siquiera sabe en qué se gastaron los montos de las boletas”, dijo ayer la concejal por Maipú.

Quien ya acudió hasta las instalaciones del Ministerio Público a entregar su versión, fue la la alcaldesa de Quilicura Paulina Bobadilla, también del Frente Amplio.

Pero, hay una diligencia que podría abrir una nueva hebra investigativa en la causa que tramita la Fiscalía Sur. El fiscal Bugueño solicitó al Partido Comunes que remita el expediente del Tribunal Supremo sobre la investigación en que se expulsó a Karina Oliva.

La decisión tomada por el Ministerio Público es relevante, pues en el documento dado a conocer este lunes por La Tercera la excandidata a la Gobernación de la RM da pistas y denuncia que candidaturas de esa colectividad fueron financiadas de forma irregular. Ese escrito consta en la carpeta de la indagatoria administrativa que hizo Comunes en contra de Oliva y otros dirigentes, que también fueron marginados de la colectividad tras el reportaje de Ciper.

La excandidata a la Gobernación de la RM y al Senado en su calidad de imputada podría mantener su derecho a guardar silencio ante la Fiscalía. Por tal motivo Bugueño podrá acceder a este testimonio a través del expediente. En este último consta el acta de “reconsideración” en la que la cientista política lanza una bomba a su expartido, acusando de actos que podrían infringir la Ley Electoral y -según sus propios dichos- involucrar el financiamiento de la primaria del 18 de julio en que participó el alcalde de Recoleta Daniel Jadue y el actual Presidente Gabriel Boric.

En el escrito de reconsideración, Oliva acusa que la diputada Camila Rojas presentó ante el Tribunal Supremo una testigo que omite “interesadamente que ella fue quien me solicitó incluir, en mi rendición de segunda vuelta al gobierno regional en su calidad de secretaria del partido, facturas que no corresponden a mi campaña, sino que a la de un candidato a las primarias del 18 de julio del año 2021, a lo que me negué tajantemente”.