El retorno a clases presenciales en la educación superior está cada vez más cerca de concretarse. Hay algunas instituciones que ya lo están viviendo tras largos meses donde la virtualidad fue la tónica, cuyos efectos se comienzan a reflejar en los resultados preliminares de una fiscalización que lleva a cabo la Superintendencia de Educación Superior (SES) y justo cuando la Subsecretaría de Redes Asistenciales reiteró el llamado a servicios de salud y hospitales para que retomen las actividades docentes de forma presencial.

El pasado 15 de julio la SES instruyó a todas las instituciones de educación superior para que reportaran información referida a tres ámbitos: las medidas planificadas o ejecutadas para reanudar las actividades presenciales, la constatación de finalización de las actividades académicas de 2020 y contar con información actualizada respecto de sus estados de funcionamiento.

“El objetivo de este segundo plan, que desarrollaremos durante todo el segundo semestre, apunta a fiscalizar que las universidades, los institutos profesionales y centros de formación técnica del país que originalmente han convenido con sus estudiantes clases presenciales retornen progresivamente a dicha modalidad, en la medida que las condiciones sanitarias establecidas en el plan Paso a Paso lo permitan”, señala Jorge Avilés, superintendente de Educación Superior.

Casi un mes después de esa instrucción y habiéndole dado más plazo a algunas instituciones que lo pidieron, 116 organizaciones ya entregaron la información. Los resultados fueron decidores, más aun considerando que quienes han respondido (46 centros de formación técnica, 32 institutos profesionales y 38 universidades) concentran cerca de un millón de estudiantes, casi un 95% de la matrícula total del sistema.

A pesar de que 2021 ya está bien avanzado, hay instituciones que aún mantienen actividades pendientes desde el año pasado. Así, se informa en general que un 3,5% de las asignaturas teóricas y un 22,8% de las asignaturas prácticas han sido postergadas, siendo las universidades las más afectadas: según la SES, en esas instituciones están postergadas o en desarrollo el 32,7% de las asignaturas prácticas, versus el 20,9% de los centros de formación técnica (CFT) y el 13,4% de los institutos profesionales (IP).

Las cifras se revelan casi en paralelo a un oficio a los directores de servicios de salud y hospitales del país fechado el 11 de agosto, el que va firmado por Alberto Dougnac, subsecretario de Redes Asistenciales. En él se “reitera la instrucción” emanada el 19 de julio, donde se les instruyó “la planificación y ejecución del retorno a la actividad docente presencial a nuestros establecimientos, tanto de pregrado como posgrado”.

Sin embargo, dice el oficio, “en diversas reuniones sostenidas por esta Subsecretaría con la red asistencial hemos constatado que no todos los centros han abierto sus puertas para los estudiantes, lo cual ha provocado el retraso en la normalización en las actividades formativas. Son los campus clínicos el medio de formación y perfeccionamiento con que cuenta la salud pública del país para preparar a los futuros profesionales, técnicos y auxiliares, los cuales requieren ganar experiencia para integrarse a la atención de nuestros pacientes”. Por eso, cierra el escrito de Dougnac, “les solicito que puedan tomar las medidas que sean necesarias para que se reanuden debidamente las actividades docentes de forma presencial, adoptando todas las medidas de resguardo sanitario”.

“A pesar de que las instituciones de educación superior tomaron una serie medidas rápidamente para adaptarse al contexto de pandemia, hay áreas como la de salud donde la situación es más compleja porque requiere de actividades presenciales que no dependen necesariamente de las universidades”, asegura Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, centro chileno de estudios sobre educación. Por eso, añade, este segundo semestre las instituciones “debieran ir avanzando en sus procesos de apertura”.

En tanto, Gonzalo Muñoz, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales y exjefe de la División de Educación General del Mineduc, dice que “más que iniciar una carrera por recuperar el tiempo perdido, me parece que ésta es también una oportunidad para revisar algunas prioridades de la formación. La preparación práctica debiera ser una de esas prioridades -sobre todo en carreras donde esto es fundamental- junto con otras cuestiones relevantes como el bienestar socioemocional de los jóvenes”.

Cuando las cifras de la SES se refieren a procesos de titulación, de finalización de carreras o exámenes de grado, los resultados generales arrojan que el 48,9% están en desarrollo o postergadas. Aquí, las universidades muestran un 48,5% de retraso, mientras que los CFT exhiben 53,4% de atraso y los IP un 44,6%.

Otros resultados muestran que de modo general, un 22,7% de laboratorios, talleres, centros de simulación, clínicas u otras especialidades están atrasadas desde 2020, siendo las más afectadas otra vez las universidades, con un 28% de retraso, en tanto que el 42,2% de prácticas profesionales fuera de los campus han sido postergadas. En este último ámbito, las universidades reflejan un 49,5% de atraso, la peor cifra de los tres tipos de instituciones de educación superior.

“Con matices, el desafío de la educación superior no es muy distinto al de la educación general: recomponer el proceso de enseñanza con una mirada de mediano plazo, priorizando los aprendizajes esenciales y poniendo foco en la equidad entre estudiantes”, dice sobre las cifras el experto Gonzalo Muñoz.

Sobre el cierre de actividades del primer semestre de este año, la SES refleja una fuerte reducción en el aplazamiento de actividades, principalmente debido a la implementación de la modalidad mixta: hay un 0,2% de retraso en asignaturas teóricas, un 7,8% en asignaturas prácticas, un 10,4% en laboratorios, talleres, centros de simulación, clínica u otras especialidades, un 15,8% en campos clínicos, el 7% en prácticas profesionales externas y un 5,3% en procesos de titulación.

En ese sentido, los CFT y los IP, por ejemplo, no muestran retrasos de asignaturas teóricas durante 2021 y las universidades alcanzan solo un 0,5% de aplazamiento, mientras que en las asignaturas prácticas el retraso más alto es en las universidades, que alcanzan un 15%. En procesos de término de carreras, en tanto, los CFT tienen 5,9% de atraso, las universidades 8,9% y los IP no tienen.

La asistencia durante el primer semestre de 2021 también muestra cifras decidoras, en tanto que el 76,3% de la población estudiantil asistió a menos del 20% de las actividades presenciales, mientras que ninguna universidad reportó más del 60% de asistencia a sus actividades presenciales.

En la vereda universitaria Pilar Ureta, secretaria general de la Universidad de los Andes, toma el guante: “La pandemia nos llevó a usar otros recursos que complementan la formación y que en algunos momentos fue necesario usar de manera exclusiva. Esto significó modificar calendarios académicos, evitando en la mayor medida posible el atraso de la entrega de los contenidos. Cuando la situación sanitaria permitió nuevamente la presencialidad, se aprovechó la oportunidad plenamente para asegurar la formación completa de los estudiantes”. Y añade que en su institución creen “en el valor fundamental de la presencialidad, considerando que nos podemos adaptar a situaciones que la impiden, pero entendiendo el impacto que eso genera”.

Uno de los objetivos del Segundo Plan de Fiscalización de la SES apunta a verificar que la planificación para esta mitad del año permita actividades presenciales. Y en ese sentido, el 94,7% de las instituciones que ya ha entregado información reportó que tendrá mecanismos para responder a esto.

“Es fundamental que los estudiantes de educación superior vuelvan a sus clases presenciales cuanto antes, especialmente para quienes estudian carreras técnicas o que requieren el uso de laboratorio. No resulta comprensible el rezago en el ingreso a las instituciones de educación superior considerando que dicha población ya cuenta con las vacunas”, expone Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos y exasesora del Mineduc.

En mayor detalle, un 69% de las casas de estudio tendrá actividades recuperativas prácticas, un 59,3% tendrá adecuaciones curriculares, un 74,3% tendrá actividades de nivelación académica y un 90,3% tendrá medidas para el cierre de procesos de finalización de carreras.

Por eso y con el objeto de constatar la ejecución de las medidas informadas por las distintas instituciones, la SES las ha instruido para que mensualmente actualicen sus acciones según la situación sanitaria.

Además, desde la entidad fiscalizadora señalan que podrán fiscalizar motivados por los reclamos y denuncias de miembros de las comunidades educativas en materias relativas al resguardo de sus derechos, producto del Covid-19. “Si producto de este proceso se determina que hay instituciones que no han contado con una planificación adecuada o no han ejecutado las medidas necesarias para ir reanudando progresivamente las actividades presenciales, esta Superintendencia podrá instruir los procedimientos administrativos sancionatorios que correspondan”, expone el superintendente.

Y cierra: “Una vez procesada la información solicitada a todas las instituciones de educación superior, y además de las actualizaciones periódicas que éstas deberán realizar, la Superintendencia iniciará acciones de fiscalización a las casas de estudios en aquellos casos en que se requiera contar con mayores antecedentes respecto a las materias del plan o cuando se tome conocimiento de reclamos y denuncias presentados por parte de las comunidades educativas”. En ese sentido, estas acciones de fiscalización pueden consistir en solicitudes de antecedentes adicionales o visitas en terreno, entre otras.