Gobierno de Piñera quita el piso al Tribunal de Antofagasta para conciliación de Minera Dominga

En un movimiento de último minuto de La Moneda, la ministra de Medio Ambiente Marcela Cubillos anunció la decisión de no participar en el proceso de conciliación convocado por el Tribunal Ambiental de Antofagasta para zanjar el destino del polémico proyecto minero Dominga, controlado por la familia Délano y Garcés.

A través de una declaración pública, la titular de la cartera sostuvo que el estamento no entrará al proceso de conciliación -programado para las 3 de la tarde de hoy-, asegurando que es "necesario que en este caso exista un pronunciamiento jurisdiccional, debido al tenor de las materias reclamadas por la legalidad de un acto administrativo enmarcado en el proceso de evaluación de impacto ambiental".

"La causa debe seguir su curso hasta el término del proceso y que se dicte sentencia. Si el tribunal falla que la decisión del comité de ministros del gobierno anterior no se ajustó a derecho, tiene facultad para retrotraer el proyecto a etapa anterior a su rechazo", sostuvo la secretaria de Estado a través de su cuenta de Twitter.

"Hago presente que no se desea perseverar en el proceso de conciliación", remató Cubillos.

Si bien desde el tribunal evitaron referirse a las declaraciones del Ministerio de Medio Ambiente, confirmaron que igualmente llevarán a cabo la audiencia que está fijada para hoy a las 15 horas en dependencias de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. En la cita el tribunal entregará las bases de la conciliación, pero dada la posición del gobierno al llamado de conciliación, la instancia no prosperaría.

En el día de ayer, Daniel Guevara, presidente del Tribunal Ambiental anticipó a La Tercera PM que serán 15 los puntos de las bases de conciliación y que posteriormente seguirían reuniones de trabajo, que se extenderían desde las nueve de la mañana hasta las 18 horas. ¿El objetivo? Cerrar el proceso durante el mes de marzo. Sin embargo, al efectuar sus declaraciones, el tribunal desconocía la posición que asumiría hoy el gobierno sobre la propuesta de conciliación.

Desde Andes Iron evitaron emitir comentarios sobre lo ocurrido. Sin embargo, conocedores del proyecto que requiere una inversión de US$2.500 millones, estiman que la resolución del gobierno no afecta la posición de la empresa, puesto que ahora solo queda que el tribunal dicte sentencia, volviendo a la etapa previa del proceso de reclamación.

Ezio Costa, abogado de Oceana, que participa en el proceso de reclamación, valoró la decisión del gobierno, y asegura que la determinación sólo viene a respaldar el rechazo a la conciliación que ellos habían planteado. "Los proyectos requieren aprobación social. El gobierno vio que no puede acordar algo en contra de las comunidades", sostuvo el abogado.

El proceso de conciliación surge a raíz de una facultad del propio tribunal y en el marco del recurso de reclamación que presentara Andes Iron acusando "vicios" y "arbitrariedades" en el rechazo al proyecto minero. Según la empresa, los cuestionamientos apuntan a la resolución del Comité de Ministros del gobierno anterior y a la votación que ocurriera en la Comisión de Evaluación Ambiental.

Esto último, más aún cuando el órgano técnico del Ministerio de Medio Ambiente, como es el Servicio de Evaluación Ambiental recomendara aprobar la iniciativa por medio de un Informe Consolidados de Evaluación (ICE). Por lo mismo, la compañía busca que el proceso de evaluación vuelva a dicha etapa y se revoquen las resoluciones que cierran la puerta al proyecto.

Sin embargo, en la audiencia de hoy, el Tribunal de Antofagasta igualmente comunicará a las partes las bases del proceso de conciliación.

Posiciones.

A las las 11 horas de hoy, los opositores a Dominga  comenzaron a juntarse en un hotel cercano al tribunal para concurrir en conjunto a la audiencia.

"No está en discusión si el proyecto se aprueba o se rechaza, es si se debe retrotraer hasta el Informe Consolidado de Evaluación o si se debe mantener la resolución de rechazo. El peor escenario es que gane la empresa y que se retrotraiga hasta el ICE, pero por ahora también sabemos que la empresa podría empezar la evaluación ambiental de nuevo", añadió Diego Lillo, abogado en representación de la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros.

"Una medida de compensación como un parque debiera pasar por evaluación ambiental y no entiendo cómo eso vuelve la resolución más o menos legal. La discusión se dará de todas maneras en la conciliación, pero nuestro derecho es observar y analizar las bases. No veo hoy de qué manera una medida que se contemple en las bases de conciliación pueda satisfacer a las partes en la protección del medio ambiente, que es el mandato principal del tribunal ambiental", añadió Alejandra Donoso, abogada de Modema, movimiento por la defensa del medioambiente.