Golpes, abusos sexuales y ausencia de garantías judiciales: las denuncias de excesos del régimen de Maduro contra jóvenes venezolanos

Cuando el calendario se acerca a los tres meses desde aquel 28 de julio en que los venezolanos acudieron a las urnas para votar en las elecciones presidenciales del país, resultando en que Nicolás Maduro se mantenga en el poder tras unos cuestionados comicios, una nueva cara de las manifestaciones que le siguieron se asoma: la denuncia de jóvenes y menores de edad víctimas de abusos físicos, sexuales y violaciones a los derechos humanos.

Las acusaciones han sido impulsadas tanto por civiles, como por organismos no gubernamentales e incluso entes internacionales como la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU). La mayoría de ellas, en contextos de marchas y protestas desatadas en las calles venezolanas luego de que la oposición, liderada por Edmundo González y María Corina Machado -quienes aseguran haber ganado por un amplio margen-, llamara a defender el resultado de las actas que ellos mismos recolectaron.

Fue en el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela, publicado el 15 de octubre, donde se dejaba entrever que las violaciones a derechos humanos también afectaron a muchos menores.

“Estas violaciones incluyen detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas de corta duración y violencia sexual, que se llevan a cabo como parte de un plan coordinado para silenciar a las personas opositoras o percibidas como tales. Entre las víctimas hay niños, niñas y adolescentes, así como personas con discapacidad”, señaló la misión en el comunicado donde presentaron el documento.

Semana, revista colombiana, recopiló algunos casos mediante entrevistas a investigadores y familiares de jóvenes cuyo destino quedó en manos de las fuerzas de seguridad del chavismo, asegurando que se encontraron con “golpizas, descargas eléctricas, privación del sueño, abusos sexuales, violaciones de derechos humanos y la ausencia de garantías judiciales”. Serían al menos 50 los menores de edad que fueron sometidos a alguna clase de vejamen por parte de autoridades policiales.

Un caso que se viralizó en redes sociales tras la denuncia del periodista venezolano Orlando Avendaño fue el de Lauriannys Cedeño, una menor de 16 años de la localidad de Carúpano. Tras publicar un mensaje en un grupo de WhatsApp denunciando como fraude las elecciones que, según las autoridades oficialistas, dieron la victoria a Nicolás Maduro, Nilsa López, una vecina y funcionaria de la Alcaldía chavista, la delató a las autoridades, relató Avendaño.

No bastó con que las fuerzas de seguridad la hayan ido a buscar a su casa para luego apresarla. “Se la llevaron prácticamente arrastrada, y ella sufrió un colapso nervioso, sufrió daño cerebral. Luego de eso, fue trasladada a un centro de salud y, estando hospitalizada y en mal estado en un hospital muy muy miserable de la zona, le imputaron delitos de instigación al odio”, dijo el periodista a Semana.

Según cifras entregadas por la organización Foro Penal, ONG de derechos humanos que asiste jurídicamente a personas detenidas arbitrariamente y a sus familiares, más de 150 menores han sido capturados por la policía venezolana. A principios de septiembre, la misma organización informó que al menos 40 adolescentes habían sido liberados tras ser apresados en el marco de las protestas.

Las denuncias aparecen días después de que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela documentara, en un informe de 185 páginas publicado el martes pasado, una serie de violaciones de los derechos humanos. No solo eso. El ente también aseguró haber visto motivos razonables para creer que la administración de Nicolás Maduro “cometió crímenes de lesa humanidad”, se lee en el documento.

El semanario habló con Rafael Uzcátegui, excoordinador general de la ONG venezolana PROVEA y asesor de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), quien advirtió sobre un plan de arrestos impulsado por Maduro para que las fuerzas de orden cumplieran cuotas diarias. Esto provocó que empezaran a cometer falsos positivos para inflar la cifra impuesta.

“Es una consecuencia de que Nicolás Maduro ordenó que se detuviera una cantidad de personas luego del 28 de julio. Él mismo determinó una cuota de individuos que tenían que haber sido detenidos. Primero estableció que iban a ser 1.200 y luego, cuando se llegó a ese cupo, anunció que iban a ser detenidas 1.000 personas más”, planteó.

La medida, añadió Semana, trajo consigo que las Fuerzas Armadas empezaran a extorsionar a familiares de las personas recluidas para evitar detenciones. “Son conocidos casos en los que piden exorbitantes sumas de dinero, que rondan entre los 500 dólares y los 5.000 dólares”, denunció la revista.

Como si se tratara de la caída de un castillo de dominós, esta política también tuvo otro efecto colateral: que las fuerzas aliadas de Maduro optaran por detener al objetivo más fácil posible para lograr la cuota o la extorsión, es decir, los menores de edad.

“Los funcionarios policiales no solamente hicieron detenciones en las adyacencias de las manifestaciones, sino también en otros sitios en donde podían llenar la cuota diaria que se les exigía de personas detenidas. Hemos recibido testimonios de familias cuyos hijos han sido detenidos saliendo de un centro comercial”, dijo Uzcátegui.

Si de por sí la situación ya es preocupante, más lo son las denuncias de lo que ocurrió con algunos de los menores, según pudo recopilar el semanario colombiano. “Aunque las familias tienen miedo a denunciar por posibles represalias, se conocen casos de golpizas, aplicaciones de electricidad, abusos sexuales, imposibilidad de acceder a una defensa privada, aislamiento total y el nulo permiso para ser visitados por las familias”, señaló.

Esto se condice con el último informe de la ONU, que apuntó que tanto fuerzas de seguridad como civiles armados cometieron asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura, y violencia sexual y de género. En tanto, en uno de sus apartados más crudos relativo a los menores de edad, añade que confirmó que habían sido detenidos 158 niños de menos de 18 años “acusados de graves delitos como terrorismo”. En muchos de esos casos, ni siquiera fueron informados sus familiares ni abogados.

Según Orlando Avendaño, muchas de las detenciones tienen como objetivos chicos pobres que no pueden pagar las extorsiones, derivando en amenazas para asumir la culpabilidad de los cargos. “Un grupo de chicos en Valencia fue presentado ante la Fiscalía mucho tiempo después de la detención, lo que ya es irregular de por sí, y la parte acusadora les imputó delitos de instigación al odio y terrorismo. La jueza propuso un acuerdo en el que los chicos se declaraban culpables y recibían una pena de cinco a seis años. Si no aceptan, van a ir a juicio y les podría esperar una pena de 10 años”, aseguró.

Esto también fue confirmado por la Misión de la ONU, que apuntó a que “las personas detenidas son amenazadas, incluso con actos de tortura, para que se autoincriminen por hechos que constituyen delitos graves como terrorismo. La falta de pruebas y la ausencia de abogados de su elección colocan a las víctimas en una posición de especial vulnerabilidad, ya que la autoincriminación podría acarrear penas de prisión desproporcionadamente altas”.

Respecto a los menores, añadió que “particularmente grave es la situación de los niños, niñas y adolescentes detenidos, quienes enfrentan las mismas amenazas y no están recibiendo las medidas especiales de protección que exige el derecho internacional”.

La persecución denunciada por opositores al chavismo no se limita a menores, sino también se amplía a los jóvenes. Así ocurrió con Juan Camilo Vargas, un colombiano que estudiaba una carrera profesional en Maracaibo, donde reside su madre, y que hace más de dos meses fue detenido. De momento, su familia no tiene prueba alguna de que siga con vida.

La narrativa de su detención cambió cuando, tras ser arrestado, notaron que era reservista del Ejército de Colombia, lo que llevó a que su acusación se transformara en que formaba parte de un plan magnicida contra Maduro.

Luis Fernando Vargas, padre del joven, dijo a Semana que “cuando iba pasando por el punto de control de río Limón, la Guardia Nacional venezolana lo paró, lo requisaron y le encontraron en el celular la aplicación de WhatsApp. Apenas la vieron, lo esposaron automáticamente. Luego le encontraron la libreta militar de los que prestan servicio aquí en Colombia y se lo llevaron. Unos días después le allanaron la casa y, entre otras cosas, se llevaron el portátil. Una tía fue a buscarlo y también fue capturada”.

Lo único que saben es que está detenido en el Batallón de Contrainteligencia Militar, en Caracas. Nada más.