Grupo Bicameral busca fijar criterios y "despolitizar" cuentas públicas de presidentes de la Cámara y Senado

A fines de julio, los presidentes del Senado (PPD), Jaime Quintana, y de la Cámara, Iván Flores (DC), serán los encargados de rendir la cuenta pública que cada corporación debe realizar anualmente, obligación legal consagrada a partir de una reforma constitucional aprobada en 2015. Con el Presidente Sebastián Piñera en la testera, la expectación estará puesta en lo que dos parlamentarios opositores al gobierno podrían decir, considerando lo ocurrido en 2018, cuando el entonces titular del Senado, Carlos Montes (PS), lanzó duras críticas a la administración de Piñera, ganándose severas reprimendas desde el oficialismo.

Sin embargo, esta podría ser la última vez que cada parlamentario defina, de manera autónoma, los contenidos que abordará en su discurso. Esto, debido a que el Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso, que lideran la diputada Paulina Núñez (RN) y el senador Alfonso de Urresti (PS), buscará establecer criterios y contenidos mínimos para estas ceremonias, junto a la posibilidad de modificar la fecha de su realización.

De acuerdo a la reforma de 2015, cada corporación podría determinar el contenido de su cuenta y la forma de cumplir esta obligación. Sin embargo, observando experiencias en otros países –como Australia y Reino Unido– y lo ocurrido en años anteriores en Chile, el Grupo Bicameral decidió proponer una reglamentación en que se establezca un estándar homologado para ambas cámaras.

Así, además de revisar la fecha de realización –que podría cambiarse para el final del año legislativo, es decir, en enero–, se busca incorporar, por ejemplo, estadísticas de mociones y mensajes presentados y aprobados, informes de comisiones investigadoras, ejecución presupuestaria y convenios sostenidos con otros órganos legislativos, entre otros puntos.

Según explica la diputada Núñez, detrás de esta propuesta existe también un interés de "despolitizar" las ceremonias y "efectivamente rendir cuenta de lo que se ha hecho". Al respecto, precisa que "se han realizado cuatro cuentas públicas, se aproxima la quinta y aún no hay un reglamento que regule su contenido, y cada presidente dice lo que quiere. Si son de oposición, emplazan al gobierno de turno, y si son oficialistas, hablan del proyecto del gobierno, por lo tanto, no se rinde cuenta pública del trabajo del Congreso".

En el mismo sentido, el senador De Urresti explica que se busca que las cuentas "sean lo más objetivas posibles, que sean autoverificables, que tengan un estándar para todo aquel que quiera consultar en términos de cantidad de proyectos, resultados de cada una de las iniciativas, participación en el proceso legislativo. Creemos que es importante que la comunidad tenga datos objetivos y no simplemente de la orientación política o personal de los integrantes de las mesas".

No obstante, el senador enfatiza que esto no significa "renunciar al aspecto político", sino que se logre "un justo equilibrio". "Existe la natural orientación política de cada mesa, si es oficialista o de oposición, y eso no se puede desconocer, pero lo importante es que la comunidad pueda saber, a través de estas cuentas públicas, datos objetivos", subraya.

Para esta modificación, la diputada dice que "el compromiso es que el Grupo Bicameral de Transparencia redacte un primer borrador para ser discutido en talleres con la academia, organizaciones de la sociedad civil, parlamentarios y funcionarios".

Dicho borrador debiera quedar listo en agosto, como parte del tercer Plan de Acción de Parlamento Abierto -que en su segunda versión estableció distintos mecanismos de participación ciudadana en el proceso legislativo, como las consultas públicas de proyectos de ley-, para luego ser socializado y, finalmente, se plasme en un proyecto de ley, que debe ser refrendado por la Cámara y el Senado el primer semestre de 2020. Así, la aplicación de esta norma podría concretarse para las cuentas públicas del próximo año.