Gustavo Gatica: defensa de Claudio Crespo acusa firmas falsas de oficial de la PDI al igual que en juicio donde el exuniformado fue absuelto

Esta semana es clave en la indagatoria de uno de los casos emblemáticos del estallido social y que aún está a la espera de juicio.

Se trata de la investigación donde la Fiscalía Centro Norte acusa al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo Guzmán de disparar con una escopeta antidisturbios contra Gustavo Gatica en medio de una manifestación del 8 de noviembre de 2019 en Plaza Baquedano. Dichos disparos provocaron la pérdida total de la visión en ambos ojos de Gatica. El fiscal Francisco Ledezma imputa el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas.

Bajo ese escenario, el viernes está agendando que se realice una audiencia de preparación de juicio oral (APJO). Sin embargo, esta podría postergarse debido a que el abogado del exuniformado, Pedro Orthusteguy, presentó el lunes, ante el Séptimo Juzgado de Garantía, una solicitud de audiencia de cautela de garantías debido a que su representado “no está en condiciones de ejercer los derechos que le otorgan las garantías judiciales consagradas en la Constitución Política, en el Código Procesal Penal y tratados internacionales vigentes”.

El abogado afirma que detectaron firmas falsas de oficiales de la Policía de Investigaciones, similar a la causa de 2018 donde Crespo fue sobreseído. Dicha causa tuvo su origen en una manifestación del Día del Joven Combatiente en la comuna de Huechuraba. La Fiscalía Centro Norte acusaba a Crespo de apremios ilegítimos, detención ilegal y obstrucción a la justicia, lo que fue desestimado por el Segundo Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago en decisión dividida, el 18 de junio de este año.

“En efecto, mi representado fue recientemente absuelto (...) y durante el transcurso del juicio esta defensa pudo percatarse, por casualidad, que al menos 9 registros policiales de la investigación tenían las firmas del oficial a cargo de la diligencia falsificadas. Estos hechos, que corresponden a una falsificación de instrumento público, actualmente están siendo investigados por la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Como el oficial de ese caso, comisario y abogado de la PDI señor Cristián Lizama Loyola es el mismo de la presente causa, se encargó a un perito caligráfico revisara en forma urgente los registros de la investigación, detectando que también en esta causa existían firmas falsificadas de dicho oficial y que, a mayor gravedad, existen otros oficiales de la PDI cuyas firmas no corresponde entre sí o no se corresponden con las verdaderas o indubitadas”, dice parte de la acción judicial presentada por el exfiscal Orthusteguy.

En el texto se agrega: “Este gravísimo hecho vulnera lo dispuesto en el artículo 228 del Código Procesal Penal para el registro de las actuaciones policiales, impidiendo de manera insalvable a esta defensa conocer quién efectivamente realizó una determinada diligencia de investigación y por lo tanto ejercer su derecho a defensa durante el juicio oral. Atendido que esta vulneración es irreparable y que no existen medidas necesarias suficientes que permitan el ejercicio del derecho a defensa, solicito que se discuta en la audiencia el sobreseimiento temporal de la causa”.

En diálogo con La Tercera, el abogado de Crespo explica que en el caso de 2018 esta denuncia no se consideró en la absolución, debido a que el tribunal no permitió el ingreso del peritaje de las firmas en ese momento y señaló que esto debía hacerse en la audiencia de preparación de juicio oral. Es por esto, dice, que lo están haciendo ahora. Así las cosas, si el tribunal acoge estos argumentos, se podría paralizar el inicio del juicio.

“Gracias al descubrimiento que hicimos en la causa de 2018, donde el comandante Crespo fue absuelto, pedimos un peritaje documental en el caso Gatica que confirmó que las firmas del oficial de caso y otros oficiales de la PDI habían sido falsificadas. La ley obliga a firmar las diligencias de investigación por quien las realiza y no por cualquier persona”, comentó el abogado.

“Su infracción impide a cualquier defensa quién está haciendo realmente una diligencia y poder hacer el contraexamen en el juicio oral. Actualmente hay una investigación penal y administrativa contra Cristián Lizama Loyola y nos imaginamos que el director general ya lo debe haber suspendido de sus funciones”, agregó. En ese sentido, solicitarán el sobreseimiento temporal de Crespo.

El detective cuestionado forma parte de la Brigada de Derechos Humanos de la policía civil. Consultada la PDI si el oficial sigue siendo parte de la institución, se remitieron a señalar que por “tratarse de un proceso penal en desarrollo, no es factible referirse al caso”.

El Ministerio Público pide una pena de 12 años de presidio para el excomandante de Carabineros.