Gustavo Toro, alcalde de San Ramón: “No hay tiempo de experimentar con la seguridad... hay sectores que no podremos intervenir como Estado”

Gustavo Toro (DC), alcalde de San Ramón, está inquieto. Esto, dice, luego de que el Ministerio del Interior excluyera a su comuna del nuevo plan de seguridad, en el que 17 municipios del país recibirán un aumento de la dotación de Carabineros durante mayo. “Las comunas no beneficiadas nos sentimos olvidadas, que seguimos siendo postergados y lo más triste es que personas que viven San Ramón, Lo Espejo o San Joaquín siguen expuestas y sin respuesta alguna por parte del Estado”, asegura en diálogo con La Tercera PM, donde también analiza la situación de seguridad a nivel país.

¿Cómo han sido estos meses de mandato? ¿Quedan aún rastros de la gestión Aguilera?

Ha sido un trabajo de muchas horas, de ordenar la casa, tratar de limpiar el municipio, principalmente de operadores políticos y personas que nos dimos cuenta que no eran aporte, de levantar temas económicos que estaban por el suelo. Desde lo político ha sido un tiempo muy difícil porque en un inicio todo el concejo no me apoyó, sin embargo, hemos podido poner por delante lo importante, que son los vecinos. Y en lo que tiene que ver con la antigua gestión, aún se hace presente, constantemente recibo amenazas por redes sociales, funas basadas en mentiras y familiares del exalcalde han intentado denostar mi imagen. De hecho, una de las hermanas –María Aguilera- va constantemente a la municipalidad a insultarme, la ha rayado, ha hecho videos y por eso me llama la atención que sea una de las candidatas de una de las listas que se proyecta para ocupar por el PS el sillón municipal.

¿Ha conseguido limpiar San Ramón?

Sí, lo comenzamos a limpiar. Estamos dando pasos firmes, poniendo término a contratos que dañaban las finanzas y desvinculado a cerca de 500 personas que no eran necesarias. Todo eso ha permitido generar un ahorro de cerca de $ 700 millones al mes, lo que en nueve meses ha permitido normalizar un poco la situación.

¿A qué atribuye el alza de violencia en el país? ¿Tuvo que ver la pandemia?

Hay que entender que hay una sociedad que ha sido postergada, que hay ciudadanos de primera y segunda categoría, con gente que nunca tuvo oportunidades y no conoce qué es una sociedad civilizada. Hay sectores de Chile y la Región Metropolitana donde hay niños y adolescentes que ni siquiera han sido escolarizados, no conocen cómo funcionan las instituciones, están acostumbrados a sobrevivir en la ley del más fuerte. Eso nos lleva a que estemos pagando los platos rotos, con un sistema económico que obliga a exigirnos y eso queda más marcado en la realidad de las personas que no cuentan con recursos y que no ven otra opción que delinquir o irse por el camino del narcotráfico.

¿Hubo grupos políticos que no miraron a mal ese diagnóstico para sus fines?

Absolutamente, hay grupos políticos que han hecho la vista gorda, que conocen la realidad y nunca les importó. Incluso en algunos momentos esos grupos políticos se vieron beneficiados, como en San Ramón. Llegaron a hacer tratos y pactos que los beneficiaban políticamente con el son de permitir que siguieran operando. Pero también me he dado cuenta que distintos partidos y autoridades políticas conocían el caso de San Ramón y nunca hicieron nada.

¿Quiénes?

Políticos cercanos al exalcalde, de todos los partidos. A medida que fui involucrándome, me comentaban que tenían conocimiento de ciertas cosas, pero les daba miedo denunciar.

¿Esta situación la ve solo en San Ramón?

Se da en todos lados, en la zona sur de la RM es una cuestión constante, lo he podido hablar con alcaldesa de Lo Espejo (Javiera Reyes, PC). En su momento había tratos entre administraciones: los familiares del exalcalde de acá –esposa y hermana- trabajaban en Lo Espejo y a su vez, familiares de las autoridades de allá trabajaban acá, pagando favores políticos. Y se ven vínculos también con otras regiones. Por ejemplo, San Ramón estaba intervenido por operadores políticos de Rancagua y eso se intentó replicar en otras comunas, como Paine.

¿Cómo se sale de esto?

Es muy difícil, el desafío es tremendo, es un trabajo a largo plazo, pero se puede lograr en la medida que se entienda que es un problema de Estado, que aquí no corren los colores políticos, que hay que considerar no tan solo a autoridades, sino también a los afectados. Hay que generar un financiamiento muy importante en cuanto a seguridad pública y protección de personas. Eso va a permitir bajar la sensación de temor y recuperar territorios y barrios que están tomados por bandas narcos y de crimen.

¿Cómo ha visto las señales del nuevo gobierno?

He visto que hay interés de querer colaborar y participar, que se nos escucha. Sin embargo, soy crítico en otras cosas, como que ha avanzado muy lento y hay que agilizar, hay que inyectar dinero, no hay tiempo de experimentar. Ahí es donde el gobierno tiene un déficit. El gobierno quiere poner a prueba un plan piloto en seguridad y todo esto hay que ejecutarlo de forma inmediata.

¿Y las señales del Ministerio del Interior?

Al Ministerio del Interior le falta una mejor mirada desde el territorio. Hay desconexión desde Interior con la realidad de los barrios más vulnerables. No es solo mirar cifras y números. En sectores pobres, donde la gente sufre violencia y delincuencia, las cifras no siempre son las que mandan, porque justamente esas personas no se atreven a denunciar y menos querellarse. Es importante la bajada desde la comuna para tener una visión completa, por eso es importante la mirada de los alcaldes.

¿Ve que el gobierno se debate entre dar señales de orden y también señales a los grupos más radicales? ¿Hay una indefinición ahí?

Sí, siento que a veces en el gobierno están más preocupados de las señales que de la ejecución misma, de no querer equivocarse, de demostrar que vienen a cambiar un sistema obsoleto más que de ejecutarlo. En el caso de San Ramón solamente hemos sido escuchados, mas no hemos recibido colaboración directa. No podemos vivir en constante análisis y meditación, la gente hoy está muriendo en las poblaciones y los carabineros se están exponiendo en demasía. El tiempo del análisis ya terminó, es tiempo de desplegar fuertemente recursos para poner término a la gran problemática que tenemos en seguridad.

¿Cuáles son los riesgos de no hacerlo?

Hay sectores que los vamos a perder en cuanto a poder intervenir como Estado. Las bandas se van a posicionar en esos lugares y nos veremos expuestos a realidades similares de países como México o Centroamérica en unos 10 años y eso sería muy lamentable.

¿Qué le pareció la asignación de carabineros a ciertas comunas? La suya quedó fuera.

Se está haciendo un esfuerzo mínimo que es bueno para aquellas comunas beneficiadas. Sin embargo, la asignación de carabineros solo viene a mostrar una señal de trabajo, pero no soluciona el problema de fondo. Como municipio no entendemos la lógica. Si bien el gobierno habla de cifras sobre la mesa, esa es una desconexión completa de lo que realmente hay que hacer, que es ir a terreno y ver realidades. Cuando tomas decisiones en una mesa solo con papeles, a la larga puede acarrear malas decisiones que solo perjudican a la gente.

¿Tiene claridad de cómo se tomó esta decisión?

Según la información de Interior es que se consideró la cantidad de delitos denunciados y producidos, pero eso no es real. La mayor cantidad de delitos en comunas en riesgo no se denuncian por temor a represalias. Es conocido que en San Ramón funcionan bandas vinculadas a la administración anterior y la gente no se atreve a denunciar. Los índices de San Ramón probablemente sí sean más bajos que los de las comunas beneficiadas, pero no se consideró cómo la gente vive con miedo a denunciar, que tarde o temprano vendrá la vuelta de mano y le cobrarán esa denuncia. Yo mismo lo he sufrido.

¿Pedirán alguna reunión con la ministra Siches para hablar sobre este tema?

En los próximos días algunos alcaldes de la zona sur de la región nos reuniremos con el subsecretario de Prevención del Delito (Eduardo Vergara) para manifestarle el malestar que existe por tomar medidas en que no se nos considera.

En ese sentido, ¿ve conexión o desconexión del gobierno entre la realidad delictual y las medidas?

Veo desconexión, siento que aún no se entiende el fenómeno del narcotráfico en Chile. No estamos mirando con la profundidad que se requiere, no nos damos cuenta de que mientras estamos discutiendo cuestiones numéricas y buenas voluntades, el narco opera rápido, es eficiente, está financiado y ganando terreno día a día mientras como Estado no somos capaces de enfrentarlo como corresponde.