Hassler vs. Martínez: el round por los “toldos azules” que enfrenta a Santiago con la Delegación Presidencial en la Suprema

Son varias las pugnas judiciales que ha resuelto la Corte de Apelaciones por el comercio ambulante en la comuna de Santiago. Sin embargo, en la más reciente, y a diferencia de otras ocasiones, la Municipalidad de Santiago, encabezada por la alcaldesa Irací Hassler (PC), apeló ante la Corte Suprema a la resolución que les ordenaba tomar acciones en contra de los denominados “toldos azules”, apuntando -entre otras cosas- a la Delegación Presidencial, dirigida por Constanza Martínez (CS).

La última disputa judicial de la administración de Hassler por el comercio ambulante, surge luego de un recurso de protección presentado por un abogado que tiene un estudio en la calle San Alfonso, en la comuna de Santiago. En este también se representa a una serie de negocios de las calles Salvador San Fuentes, Sazié, Grajales, Gorbea y Toesca.

Dicha acción judicial se presentó en contra de la Municipalidad de Santiago, a la que los vecinos de la comuna responsabilizan por no tomar medidas en contra del comercio ambulante de esa zona de la comuna y de la inseguridad que este produce. Proceso judicial en el que la administración Hassler, para defenderse, enumeró una serie de acciones que han tomado para hacerse cargo de la problemática.

Sin embargo, a finales de septiembre la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado por el profesional y sus vecinos, ordenando a la municipalidad “ejecutar y hacer uso de sus atribuciones y facultades esenciales, a fin de mantener de manera constante el debido orden, aseo e higiene diaria, y control del comercio estacionado y/o ambulante, que se encuentra copando la vía pública donde se encuentran los comercios establecidos”.

Ante ese fallo, y a diferencia de la posición que ha tomado la Municipalidad de Santiago en fallos anteriores, donde acogió los fallos de la Corte, en este la administración de la alcaldesa comunista apeló y recurrió hasta la Corte Suprema para impugnar la decisión del tribunal de alzada. Apuntando a las labores que debe desarrollar la delegada militante de Convergencia Social.

En dicho texto, el abogado del municipio, Pedro Aracena, entrega una serie de argumentos para que sea el máximo tribunal quien revierta la decisión de la Corte de Santiago. Entre estos se encuentran la impugnación de los plazos en los que se presentó el recurso de apelación, además, y basados en términos legales, que no se comprueba cómo esta situación afecta los derechos garantizados en la Constitución y los cuales busca restablecer un recurso de este tipo.

También enumera una serie de cuestionamientos “al fondo” del fallo. En uno de estos, sostiene que le parece “aun más grave” que la Corte de Apelaciones no se pronuncie respecto a la responsabilidad que recae en la Delegación Presidencial Metropolitana, dirigida por Constanza Martínez. En ese sentido, sostiene que “el no pronunciarse sobre el asunto en que no es el municipio el órgano público llamado a encargarse de las eventuales comisiones de delitos que alega el recurrente, o bien a resguardar el orden público en la zona afectada”.

Ante esto agrega que “en un breve vistazo, la regulación del asunto, según nuestro legislador, se ha entregado de manera explícita al delegado presidencial regional dicha atribución”. Además, afirma que la función de seguridad no recae en los municipios, “sino que también obedece al gobierno central, y sus respectivos ministerios”.

El recurso presentado por la Municipalidad de Santiago concluye que de existir una situación de peligrosidad para los habitantes de las zonas afectadas por el comercio ambulante “existe otro órgano público (o dos) que deben atender el asunto, puesto que es el llamado por mandato legal perentoriamente a dar solución”. A lo que agrega: “No es posible que este municipio se arrogue más facultades que las expresamente conferidas por ley o por orden de la Carta Fundamental, sin vulnerar el así denominado principio de juridicidad o legalidad”.

Tanto en esta causa judicial ante la Corte de Apelaciones, como en otras, el municipio dirigido por Hassler ya había mencionado la responsabilidad de que sea la delegación dirigida por Martínez la que también aborde la problemática de la seguridad respecto al comercio ambulante. En este fallo más reciente el tribunal de alzada sostiene que es el municipio el encargado de la fiscalización, que es lo que impugnaron ante la Suprema.

Pero este no es el primer fallo judicial respecto a los denominados toldos azules de Santiago. En marzo pasado, el tribunal de alzada determinó -tras un recurso presentado por la Librería Antártica- que el municipio de Santiago debía generar una mesa de trabajo con diferentes entidades públicas para abordar las problemáticas, entre ellas la Delegación Presidencial Metropolitana. Dicha causa ya se encuentra archivada, luego de que Santiago emitiera un informe demostrando que cumplió el fallo.

Además de esa, el tribunal de segunda instancia también ha fallado respecto a recursos de protección presentados por una farmacia en la intersección de las avenidas Matta y Vicuña Mackenna, en julio pasado. Así como también en favor de comerciantes del barrio Meiggs a inicio de septiembre. Todas acciones judiciales a las que a la fecha el municipio no ha apelado.

Tras acoger el recurso de apelación de la Municipalidad de Santiago presentado ante la Corte Suprema, este martes el máximo tribunal pasó el requerimiento a la Tercera Sala, la que deberá fallar sobre quién debe hacerse cargo de la situación, si la entidad dirigida por Hassler o la repartición al mando de Martínez.