Hasta el "Día de la Cantinera": De qué (y cuánto) se legisla en el Congreso

"Creemos totalmente necesario que aquellas mujeres cantineras o también llamadas camaradas, que cumplieron un rol fundamental en nuestra historia, se le debe rendir un merecido reconocimiento...". El texto es parte de la fundamentación que el diputado UDI Nino Baltolu presentó a la a Cámara de Diputados el 11 de julio de este año y que busca erigir un monumento en homenaje a las cantineras de la Guerra del Pacífico.

La anterior es una de las 503 mociones presentadas en la Cámara y en el Senado desde marzo a la fecha. Entre esas hay de todas las materias imaginables. Ahí está la reforma constitucional presentada por los senadores Álvaro Elizalde y Yasna Provoste que busca consagrar la explotación estatal del litio, también el proyecto que prohíbe prestar servicios al estado a las empresas con prácticas antisindicales que presentó Gael Yeomans (RD), la limitación del cobro de deudas de Juan Luis Castro (PS) y un largo etcétera. Lo que hermana a estas iniciativas nuevas es que todas están en primer trámite constitucional. Lejos, muy lejos de ser ley.

Las cifras muestran un hecho incómodo para el Poder Legislativo, pues en el actual sistema presidencial chileno la mayor efectividad a la hora de legislar la tiene el Gobierno que, a través de sus proyectos (mensajes) puede tomar definiciones sobre el erario público y manejar las urgencias del Parlamento.

En el anterior periodo legislativo comprendido entre 2014-2018 se tramitaron 2012 mociones (proyectos iniciados por parlamentarios) y de ellos solo 133 se convirtieron en ley. En el mismo periodo, el Ejecutivo tramitó 340 iniciativas legales, logrando que 217 se publicaran en el Diario Oficial, según la información entregada a este medio por la Biblioteca del Congreso.

La cancha que tienen los parlamentarios para la tramitación de proyectos es pequeña, a diferencia del caso norteamericano, por ejemplo, donde el Parlamento es el principal legislador y el Ejecutivo tramita proponiendo a través del Congreso.

Establecer si el parlamentario que lo representa es un aporte legislativo es complejo. Poco vale mirar la cantidad de proyectos de ley presentados porque en un número abultado hay desde iniciativas para establecer feriados, hasta consignaciones de "El día de...". Solo este año hay propuestas para declarar el 9 de noviembre como "El Día del Taca Taca" (de Erika Olivera, RN), El día de Trabajadores de Casino (Juan Luis Castro, PS); y para consagrar "El mes de la Ciberseguridad" (senadores Pedro Araya, Carlos Bianchi y otros).

Entre 2005 y 2017 se publicaron 1.415 leyes y decretos supremos promulgatorios de tratados internacionales. De esa cifra: 476 tienen origen en mociones y 939 en Mensajes Presidenciales. De esas 476 mociones hay 38 proyectos de ley que entregan o retirar la nacionalidad por gracia y 25 leyes que aluden a días feriado.

"Incidir" es la palabra clave para medir la labor parlamentaria en el Congreso, según coinciden un ministro de esta administración y un ex miembro del equipo de la Segpres. La incidencia de los parlamentarios en la gestión legislativa es posible medir bajo tres parámetros: la cantidad de mociones que logra convertir en ley; la cantidad de mociones que el Ejecutivo recoge en sus propios proyecto y la capacidad política para lograr la aprobación de sus indicaciones en las comisiones.

A mayor peso político, mayor posibilidad de influencia. Prueba de ello es que dos de las mociones que se ponen como ejemplo de iniciativas potentes en políticas públicas recientes pertenecen a parlamentarios de larga trayectoria y ex presidentes de partido: Hernán Larraín, quien como senador UDI fue uno de los impulsores de la Ley de Transparencia y Guido Girardi (PPD), promotor de la Ley de Etiquetado de Alimentos. En la historia de la ley, hay muchos ejemplos de proyectos clave patrocinados por el gobierno que partieron como iniciativas parlamentarias, como la Ley de Divorcio y la Ley de Filiación.

El Reglamento no establece un estándar para la presentación de proyectos de ley. Y son varios los que consideran que sí debe hacerse. A comienzo de año, la bancada Socialista presentó una serie de propuestas para reformar la normativa. Proponía, por ejemplo, que "el texto del proyecto deberá contener a lo menos una referencia a la historia legislativa de las materias si esta es procedente, efectuar las concordancias con otros cuerpos legales e incorporar referencias del derecho comparado en la materia analizada".

"La exigencia de estándar mínimo de calidad del trabajo legislativo, coadyuva a tomar decisiones más seguras y evitar errores, y consecuentemente realizar un doble trabajo. La incorporación de esta norma por sobre aquella que privilegia la celeridad, es una garantía frente a los contextos de urgencia. El prestigio de la actividad legislativa necesariamente exige nivelar "hacia arriba"", decía una de los fundamentos de las indicaciones entregadas.

Desde el Ministerio Secretaria General de la Presidencia, aseguran que el interés del Gobierno es avanzar establecer una oficina de seguimiento de la ley y que para eso ya hay conversaciones informales con la actual presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández.

En el Ejecutivo sostienen que los cambios en la forma de tramitación de los proyectos también deben apuntar mejorar y optimizar los tiempos. En el marco del permanente gallito que tiene con el Congreso para imponer la agenda legislativa, el Gobierno acusa que , si bien el Parlamento tiene un espacio acotado de tramitación legislativa, puede ralentizar el despacho de leyes si no respeta las urgencias que impone el Ejecutivo. En el parlamento dicen que esa es una de las pocas armas que hay para hacer contrapeso a La Moneda.

Desde la Segpres también sostienen que una materia a revisar es la tramitación de proyectos de acuerdo y resolución que quitan tiempo de la Sala y no tienen más destino que hacer un guiño comunicacional a los electores, que no saben que esos textos solo hacen una sugerencia al Presidente. El martes 6 de noviembre, por ejemplo, hasta la mesa de la Cámaras se tomó con humor cuando la Sala aprobó el proyecto de resolución 246 de la UDI que solicita al mandatario otorgar protección jurídica al Mote con Huesillos y fomentar la industria y exportación de la chicha.