Incautación en casa de histórico proveedor del Ejército abre disputa legal entre Romy Rutherford y Samuel Donoso

El 8 de octubre, la ministra en visita Romy Rutherford llegó hasta la casa de Virgilio Cartoni, proveedor histórico del Ejército, en compañía de efectivos de la Brigada Anticorrupción de la PDI, para llevarse archivos, documentación y todo lo referente a los negocios del empresario con la institución castrense. La diligencia pasó inadvertida, pero solo para la opinión pública, porque en tribunales comenzó a abrirse una crispada discusión entre la jueza y el abogado del empresario, Samuel Donoso.

Lo que Rutherford y los detectives buscaban en la residencia, ubicada en la comuna de Las Condes, era toda la documentación relacionada con la licitación privada en el año 2009 por el Ejército de Chile, para la reparación modificación de su flota Helicópteros SA-330 Puma; archivos relacionada con el contrato de compraventa Nº7, celebrado entre el Fisco- Ejército y CyM Word Enterprises Corporation (la empresa de Cartoni), de fecha 31 de julio de 2009; y toda la documentación con el contrato de servicios por la reparación de 6 motores turbo IV del Ejército de Chile, entre Turbomeca SA y CyM Word Enterprises Corporation.

Los detectives y la ministra se llevaron lo requerido y todo ocurrió con calma, hasta el 17 de octubre. Ese día, Samuel Donoso interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, reclamando la ilegalidad de la diligencia y además solicitando que se declarara la incompetencia de la ministra para desarrollar pesquisas en relación a su representado.

En su escrito, Donoso señaló Cartoni “no obstante ser un civil, estar siendo investigado de facto por la Justicia Militar, en este caso a cargo de la Ilustre Ministra en Visita Extraordinaria (MVE) Romy Rutherford Parenti, en un procedimiento y bajo las reglas de dicho sistema procesal penal que, como sabemos adolece de falta de garantías judiciales básicas, la Justicia Militar investiga a mi representado sin respetar ninguna de las garantías básicas que todo ciudadano”.

El abogado, si embargo, deslizó una aguda crítica sobre cómo -según su escrito- se realizó la diligencia: “Dicha incautación, se realizó por cerca de 13 funcionarios, dentro de los cuales, asistieron miembros de la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, funcionarios del tribunal y la propia MVE, quienes ingresaron en tres vehículos civiles que carecían de identificación alguna, cuestión de suyo irregular, a desplegar la diligencia. Algo que denota el ánimo de la diligencia, puede apreciarse en videos grabados del ingreso a la casa, donde los funcionarios al momento de llegar a las puertas de la casa llevan sus manos a sus pistolas, algo francamente amedrentador”.

Consultado por La Tercera PM, Samuel Donoso señaló que “mi cliente ha sido investigado por años. El Ministerio Público le ha revisado sus contratos, sus cuentas corrientes; el Servicio de Impuestos Internos (SII) investigó exhaustivamente su situación tributaria, y después de todo esto no existe ni siquiera una imputación concreta en su contra, menos aún una formalización. En este contexto, es especialmente grave que, además, ahora se legitime que la Justicia Militar investigue a un civil, como es el señor Cartoni, que allane su casa, o realice otras actuaciones que vulneran sus derechos fundamentales, pues ello es contrario al debido proceso y a los tratados internacionales suscritos por Chile en esta materia”.

La Corte de Apelaciones se declaró incompetente y derivó la reclamación a la Corte Marcial. Allí fue el turno de la ministra Rutherford, quien contestó las alegaciones de Donoso, donde en un escrito señaló que la PDI citó primero a Cartoni a declarar y entregar los antecedentes, pero este pidió reagendar. Luego, al ir a la policía, se negó a aportar lo solicitado, expuso la jueza.

"La sustentación de la presente causa deja en evidencia que no se ha atribuido -ni fáctica ni procesalmente- al señor Virgilio Cartoni Maldonado la calidad de imputado. Es más, no existe una sola referencia al señor Cartoni en estos autos de la cual pudiere desprender que aquel reviste la alúdala calidad (…) El hecho de no revestir la calidad de militar en la actualidad ni haberlo sido a la épica de los hechos investigados en estos autos, no impide que se decreten diligencias a su respecto, en su calidad de testigo civil, desde que la investigación llevada a cabo ha permitido estimar que aquel pudiera aportar o contar con antecedentes que conduzcan al esclarecimiento de los hechos”, argumentó.

En cuanto a cómo se llevó a cabo la diligencia, la ministra refutó las afirmaciones de Donoso, y además, agregó que en la diligencia estaba la abogada Andrea Rivera (quien trabaja con la defensa de Cartoni). “Los tres vehículos utilizados eran fiscales, y la circunstancia de obviarse la utilización de balizas y/o elementos distintivos en la parte externa de aquellos fue precisamente con la intención de evitar que vecinos del sector tomaran conocimiento de una diligencia esta naturaleza, disminuyendo así la incomodidad que ella pudiera generar”, expuso la jueza, quien agregó que “cuatro de los seis asistencias, y no 13 como erradamente afirma el recurrente, permanecieron en el exterior del inmueble”.

Sobre las armas de la PDI, que Donoso reclamó como amenazantes, Rutherford sostuvo que "el señor Cartoni mantiene armamento en su domicilio, de acuerdo a los registros pertinentes, cuestión que era conocida por los funcionarios policiales, desde que, en cumplimiento de sus funciones, deben revisar ese tipo de información antes de efectuar una diligencia de esta natural. En ningún momento (los policías) desenfundaron ni exigieron sus armas”, advirtiendo que las portaban de manera preventiva. La jueza expuso, además, una "narración acomodaticia tendiente a confundir al tribunal” por parte del abogado, pues en la diligencia, la señora del empresario, incluso, “ofreció bebestibles a los funcionarios”.

Aunque la Corte de Apelaciones derivó las alegaciones a la Corte Marcial, Donoso elevó su recurso a la Corte Suprema, donde el Consejo de Defensa del Estado (CDE) alegó en favor de la diligencia y la competencia de Rutherford.

Finalmente, el viernes, el máximo tribunal confirmó lo resuelto por la Corte de Apelaciones y así el fondo de lo expuesto por Donoso estaba para verse la Corte Marcial, durante los próximos días. Sin embargo, esta discusión tomaría otro camino.

Donoso anunció que “aunque presentamos un recurso de amparo, vamos a desistirnos, porque no corresponde que sea la Corte marcial -Justicia Militar- la que conozca de las garantías fundamentales de un civil; esto significa volver a prácticas que creíamos superadas y que constituyen un precedente para que en el futuro cualquier otro civil sea llevado a la Justicia Militar. Ejerceremos todas las acciones para lograr el respeto de las garantías del señor Cartoni, sea en nuestros tribunales o ante la justicia internacional”.