Informe de Transparencia Internacional: América Latina se ha convertido en “un polo de corrupción y mala gestión de fondos”

A raíz de la pandemia, los gobiernos de todo el mundo han debido tomar medidas extraordinarias, incluyendo estados de emergencia. De esta manera, algunas restricciones han afectado la libertad de expresión y reunión, debilitado los sistemas y reducido el espacio de acción de los ciudadanos, sostiene Transparencia Internacional.

En América Latina, que se caracteriza por tener instituciones de gobierno débiles, según la ONG, el coronavirus ha sacado a flote profundas desigualdades sociales y económicas, que afectan más gravemente a los sectores más vulnerables de la población, como las mujeres, niñas, ancianos, poblaciones indígenas, migrantes y población afroamericana.

En este contexto, el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 presentado hoy por Transparencia Internacional revela una “concentración alarmante de poder” en algunos gobiernos de América Latina. Con una puntuación media de 43 puntos de 100 por quinto año consecutivo, la región “es un polo de corrupción y mala gestión de fondos”, siendo una de las más afectadas por la crisis del Covid-19.

De acuerdo con la organización internacional, esto ha contribuido a una “explosión de irregularidades y casos de corrupción vinculados a las contrataciones públicas relacionadas con la pandemia”. Todo esto dificulta que los ciudadanos consigan información confiable y actualizada sobre la situación epidemiológica y los suministros de emergencia.

Para la ONG, un reto importante en el continente es lograr que los fondos y programas de ayuda para el Covid-19 lleguen a quienes lo necesiten, y no se pierdan a causa de la corrupción. Si esto no ocurre, se corre peligro de que aumenten el malestar, el populismo, la pobreza y la desigualdad, advierte.

Así, Transparencia Internacional señala que “los gobiernos deben procurar que el desarrollo, adquisición y distribución de tratamientos y vacunas contra el Covid-19 sean transparentes y justos”, además de permitir que la sociedad civil y la prensa monitoreen y exijan rendición de cuentas, tanto a políticos como empresarios.

En cuanto a la situación particular de cada país, la ONG los divide en tres categorías. En primer lugar, están los países estancados, que no se han movido en el índice. Uno de ellos es El Salvador, que hace ocho años tiene 36 puntos, pese a que sufrió un importante revés con la derogación de una ley de acceso a la información, que era la única vía a través de la cual la sociedad civil podía monitorear el uso adecuado de los fondos del gobierno para ayudar a solucionar la crisis por el coronavirus. Por ejemplo, el país carece de criterios claros para seleccionar a los beneficiarios de los bonos de emergencia del gobierno.

Jamaica (44), Trinidad y Tobago (40) y República Dominicana (28) son otros países que muestran poco avance en el índice. Los dos primeros reeligieron en 2020 a los partidos que estaban en el poder, por lo que no se espera que cambie mucho en los próximos años. Los dominicanos, en tanto, tienen la esperanza de acabar con la corrupción tras haber escogido a un nuevo gobierno.

En otra categoría están los países que han empeorado significativamente. Con 25 puntos, Guatemala es uno de las naciones que más ha bajado de la región, cayendo ocho puntos desde 2012.

Con 15 puntos en el índice actual, Venezuela ha perdido cinco puntos desde 2013, debido a que la corrupción generalizada de las últimas dos décadas ha generado una profunda crisis humanitaria, que la pandemia agravó, según el informe.

Chile también se encuentra en esta lista. Con 67 puntos actualmente, el país ha perdido seis puntos en el índice desde 2014.

Sin embargo, también hay países que han mejorado considerablemente. Con 39 puntos, Ecuador ha subido significativamente en el índice, sumando siete puntos desde 2012. Algunos hitos fueron clave en este incremento, como la condena del expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y otras 18 personas por aceptar casi US$ 15 millones en sobornos a cambio de contratos públicos. Sin embargo, actualmente hay 141 investigaciones abiertas por casos de corrupción en la contratación, malversación de fondos y precios abusivos de suministros sanitarios como mascarillas y bolsas para cadáveres.

Transparencia Internacional también menciona algunos países para tener en observación, como Perú. Aunque ha subido dos puntos, está relativamente estancado desde 2012. Sin embargo, hay dos leyes que traen esperanza en la lucha contra la corrupción. Una impide a las personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción postularse para cargos públicos u ocupar puestos de confianza, mientras que la segunda mejora la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad del financiamiento de los partidos políticos.

Además, para la ONG, las elecciones presidenciales programadas para abril de 2021 presentan una oportunidad para acabar con la impunidad en Perú y exigirle a las personas en posiciones de poder que rindan cuentas. Los hechos de corrupción no solo deben ser investigados, sino también castigados de manera justa, destaca.

Con 24 puntos, Honduras llegó este año a su puntuación histórica más baja. La pandemia y los huracanes golpearon al país en el último año, afectando la pobreza y la desigualdad, que ya eran altas. Además, el país ha perdido millones de dólares a causa de la corrupción y experimentado importantes reveses en la lucha contra la impunidad.

En su índice, Transparencia Internacional también muestra preocupación por lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Con 67 puntos, el país cayó a su lugar más bajo desde 2012. Los intentos de modificar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, los ataques a denunciantes de irregularidades, la escasa supervisión de fondos de ayuda por la pandemia y los intentos de promover ideas de fraude en las elecciones presidenciales son algunas de las tendencias más preocupantes, de acuerdo con la ONG.

Aunque el Congreso estadounidense aprobó una ley histórica contra el blanqueo de fondos a finales de 2020 y la nueva administración de Joe Biden da esperanzas, las duras divisiones políticas han hecho que la organización sitúe a Estados Unidos en la lista de países a tener en observación.