Investigar celulares y tomar declaración a hospitalizados: las diligencias que pide Interior en su querella por explosión en el INBA

Tras la explosión que tuvo lugar en el Internado Nacional Barros Arana (INBA) este miércoles y que dejó a más de 30 alumnos heridos y hoy mantiene a dos en extrema gravedad y ocho en estado crítico, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que se estaban formulando querellas producto del hecho.

Así las cosas, este viernes la abogada Bader Álamos, en representación de la titular de Interior, ingresó una querella criminal al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, a la que tuvo acceso La Tercera en contra de “todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores, del delito de porte de elementos para fabricar artefactos incendiarios”.

En tal sentido, el Ministerio del Interior solicitó una serie de diligencias para que el Ministerio Público tenga en consideración al momento de la investigación. Una de ellas, por ejemplo, es despachar una orden a la Policía de Investigaciones (PDI) con el fin de que “empadrone a posibles testigos, obtenga declaraciones de los funcionarios policiales que participaron del procedimiento; se solicite la entrega voluntaria de posibles registros audiovisuales, y en definitiva se realicen todas las diligencias necesarias conducentes al esclarecimiento de los hechos”, según se lee en el documento.

Asimismo, solicitó que se despache una orden de investigar a la PDI para que obtenga declaraciones de las víctimas que se encuentran en los diferentes centros asistenciales de salud, al mismo tiempo de entregar una orden a la BIPE de la PDI para “verificar la existencia de registros audiovisuales de las cámaras existentes en el lugar y obtener las grabaciones de que fueran encontradas, realizando la extracción por medios técnicos y profesionales capacitados de la institución, resguardando la respectiva cadena de custodia” y levantar pruebas biológicas y huellográfica que se encontraren en las evidencias incautadas.

Durante la mañana de este viernes el gobierno se refirió a los hechos ocurridos en el INBA, donde la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, subrayó que la investigación en marcha por lo ocurrido es “muy importante porque hay un esfuerzo adicional para llegar hasta las últimas consecuencias”. Sobre todo, porque, en sus propias palabras, “esto no es una situación particular de un establecimiento educacional”, por lo que se torna relevante la labor investigativa del Ministerio Público respecto a dichos delitos de máxima gravedad.

Sobre todo, según el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, porque estos hechos vinieron a interrumpir sustantivos avances en la disminución de episodios de violencia de alta connotación en la comunidad educativa del INBA: Había un trabajo, un camino, que se venía desarrollando al interior de esa comunidad educativa, en la que había sustantivos avances y este episodio rompe. (...) Esa tendencia esperamos retomarla lo antes posible y para eso estamos trabajando con el municipio, con el establecimiento educacional”, mencionó.

Retomando la querella, esta solicita que se ordene a los funcionarios de la PDI “buscar, obtener y levantar de fuentes abiertas registros audiovisuales, que den cuenta de la ejecución de los hechos materia de investigación”, al mismo tiempo que se busca la autorización para la revisión, registro, extracción y análisis de la información contenida en los teléfonos celulares incautados a los imputados al momento de su detención, o en forma posterior y que así se realice una pericia “de los datos de todos los aparatos electrónicos y de telefonía móvil incautados y/o relacionados con la comisión del delito, con el fin de determinar posibles partícipes en estos hechos”.

Lo anterior también para que la BIPE pueda realizar un informe pericial fotográfico del sitio del suceso y de las evidencias levantadas y otro informe planimétrico precisando las coordenadas de ubicación, fijaciones planimétricas de las evidencias levantadas, funcionarios a cargo de las diligencias e instrumentos de medición utilizados y también un “reconocimiento fotométrico de las cámaras de seguridad que podrían haber registrado los hechos denunciados”.

A eso se sumó disponer la realización de un informe químico y pericial para determinar el uso de acelerantes, origen y causa del incendio.

La querella también apunta a oficiar a distintas instituciones que -de alguna manera- forman parte de los hechos. Por ejemplo, Bomberos de Chile. Esto, con el fin de que informen acerca de su concurrencia al lugar de los hechos y que señalen “las causas del incendio, con indicación de daños materiales y qué elementos se utilizaron para producir el incendio”.

Otro de los oficiados es la dirección del establecimiento educacional al que pertenecen los adolescente y a la municipalidad correspondiente -en este caso Santiago-, a quienes se solicita un listado de profesores, inspectores, funcionarios y autoridades presentes al interior del establecimiento educacional el día de los hechos.

También un listado de asistencia de los alumnos de enseñanza media del día; información de las instrucciones sobre custodia y cierre de los ingresos a los funcionarios que cuidan las entradas al establecimiento educacional; permisos que los padres entreguen para justificar salidas o ausencias de los escolares, el día de los hechos; información de los nombres de los escolares que ingresan con teléfonos celulares a clases; antecedentes de investigaciones o procesos disciplinarios relacionados con la Ley de Convivencia Escolar y la Ley Aula Segura respecto de quienes se determine su participación en los hechos.

Además, la ministra Vallejo dijo esta mañana que “se va a designar un fiscal especial para indagar todos los aspectos, incluyendo la posible implicación de adultos en estos hechos. No podemos permitir que episodios como este pongan en riesgo a nuestros jóvenes”, sumando que como Ejecutivo están comprometidos a “llegar hasta las últimas consecuencias”.

Esta querella se suma a la presentada también durante esta mañana por la Municipalidad de Santiago ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, y donde esgrimen que la Dirección de Educación de la municipalidad tiene la “fuerte sospecha” de que los autores son “adultos externos que están motivando que ocurran estas acciones y que comprometen la vida de los jóvenes”.