Jueces y fiscales bajo amenaza: Los otros ocho casos en que han denunciado amenazas y pedido resguardo policial

Las amenazas recibidas esta semana por la fiscal jefe de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, ha remecido al Ministerio Público. Ayer se dio a conocer que la máxima autoridad del Ministerio Público, Jorge Abbott, llamó directamente al ministro del Interior, Víctor Pérez, para ponerlo en conocimiento de estos hechos.

A su vez, a Chong —cuyos hostigamientos comenzaron luego de que formalizara al carabinero imputado por su presunta responsabilidad en la caída de un adolescente en el puente Pío Nono— se le designó protección policial en su casa. Los hechos causaron revuelo público, a tal punto que la misma Fiscalía Nacional y los persecutores regionales emitieron una declaración en la cual rechazaron de manera tajante estas amenazas, las cuales calificaron de “inaceptables”: "Rechazamos del modo más enérgico que se pretenda atemorizarlos, por parte de cualquier persona o medio. Hacemos presente que, en su caso, instaremos porque se ejerzan todas las acciones legales que sean necesarias”.

La situación también provocó un rechazo por parte de la Asociación de Fiscales. El presidente de ese gremio, Claudio Uribe, asegura a La Tercera PM que “no es la primera vez que tenemos un fiscal amenazado, pero es una conducta que no se puede normalizar. Nos preocupa hacer nuestro trabajo en paz, sin amenazas ni seguimientos. Es deber del gobierno garantizar las condiciones de seguridad para poder trabajar como corresponde”.

Sin embargo, los fiscales no son los únicos que se han visto amenazados. Esta misma situación la han tenido que enfrentar los jueces. De hecho, en varios casos surgidos luego del estallido social, los magistrados que se desempeñan en los juzgados de garantía han tenido que hacer frente a estas amenazas. En cada uno de esos episodios, el rechazo ha sido absoluto por parte del Poder Judicial. Estos son algunos casos que dan cuenta del ambiente judicial al cual se han visto envueltos, tantos jueces como fiscales.

En la mayoría de ellos hay un elemento que se repite: en gran parte de estos casos las amenazas se suelen transmitir por la misma vía: Las redes sociales.

Amenazas de muerte, de golpes, amedrentamientos a su familia, amigos y cercanos. Esa fue la situación que tuvo que enfrentar la jueza de garantía Andrea Acevedo. Todo motivado porque en enero resolvió la firma semanal del carabinero que atropelló a Jorge Mora, el hincha de Colo Colo quien falleció en las afueras del Estadio Monumental. Toda esta situación, en su minuto, llegó a manos de la Fiscalía Oriente y la PDI luego de que la magistrada realizara una denuncia ante el Ministerio Público.

A todas las amenazas por redes sociales se sumó otro evento. El domingo 2 de febrero un grupo de ciclistas llegó hasta la casa de la jueza para “funarla”, lo que motivó una reacción oficial de la vocera del Poder Judicial, la ministra Gloria Ana Chevesich, quien condenó la situación.

La situación sorprendió a Acevedo justo en una semana en que le tocaba ejercer, por lo que no pudo tomarse días para librarse de la exposición mediática. Por eso, a la jueza Acevedo se le asignaron dos custodios para cuando saliera de su domicilio y se trasladara a cualquier lugar, así como también un efectivo policial de civil de punto fijo, 24/7, en el edificio en que vive.

La jueza de Garantía Karen Atala vivió una situación similar. Esto, luego de que fuera blanco de duras críticas y “funas” en las redes sociales. ¿El motivo? Su decisión de dejar en prisión preventiva a un joven detenido por un carabinero de civil. Ese procedimiento policial fue registrado en un video que se difundió por internet. En esa ocasión, a la jueza a su vez se le criticó por la forma en cómo llevó la audiencia, pero todo fue falso. El audio de esa audiencia de control de detención así lo demostró.

Pese a eso, la presión fue tan alta que Atala optó por tomarse unos días y salir de la ciudad. Esto, porque también se filtraron sus datos personales.

Otro caso relevante ocurrió este año, en el marco del Caso Antonia. Esta vez, ocurrió en el Juzgado de Garantía de Temuco e involucró al magistrado Federico Gutiérrez. Al juez le tocó tomar la audiencia de formalización del imputado Martín Pradenas.

Pese a la solicitud del Ministerio Público, Gutiérrez resolvió darle la medida cautelar de arresto domiciliario total. Por redes sociales se inició una “funa” en su contra, por redes sociales se dio a conocer la dirección de su casa, la fiscalía abrió una causa por amenazas y se designó resguardo policial.

Todo partió porque el juez de garantía Daniel Urrutia citó a una audiencia al intendente metropolitano, Felipe Guevara, por su estrategia de “copamiento preventivo” anunciada y ejecutada en manifestaciones realizadas en Plaza Baquedano, en diciembre del año pasado.

La polémica jugada de Urrutia, la cual no se concretó porque Guevara no asistió a la audiencia, le significó al magistrado una ola de críticas por redes sociales. El hecho incluso fue difundido a través de la etiqueta #RemociónJuezUrrutia. En esa ocasión, exdiputados oficialistas se sumaron a los ataques en su contra. El exdiputado Rojo Edwards reprochó el supuesto “activismo judicial” del magistrado y el exdiputado UDI Gustavo Hasbún dijo que Urrutia “es una vergüenza para el Poder Judicial”.

Una de las personas que lo amenazó de muerte fue formalizado por la fiscalía. El imputado quedó con prohibición de acercarse a Urrutia y también con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

Este año los amedrentamientos también alcanzaron a una ministra de corte. Se trata de la magistrada Silvana Donoso, quien ejerce en el tribunal de alzada de Valparaíso. La jueza tuvo que enfrentar una acusación constitucional en su contra por haber presidido la comisión de libertades condicionales que le otorgó el beneficio a Hugo Bustamante, imputado por femicidio en contra de la joven Ámbar Cornejo.

A Donoso se le armó una campaña en su contra. A su vez, en redes sociales y también por parte de los parlamentarios que impulsaron el libelo acusatorio en su contra, se le sindicó como la responsable del crimen. Pese a toda esa presión, la acusación fue rechazada en el Senado. Pero los costos para la ministra fueron altos. De hecho, se le asignaron rondas policiales en su casa para darle protección.

La magistrada Romy Rutherford es la encargada de la investigación por el fraude en el Ejército. Rutherford ha procesado a varios militares en retiro por la arista de viajes del Ejército y también por la malversación de caudales públicos cometida, eventualmente, por excomandantes en jefe del Ejército.

En ese rol le ha tocado, por años, tener que interrogar a los militares, lo cual la ha llevado a enfrentarse judicialmente con la institución castrense.

En ese contexto, desde 2018 que Rutherford cuenta con escoltas policiales, quienes están a su lado desde que abandona su domicilio y se dirige a la oficina en un auto del Poder Judicial. Los escoltas la acompañan a donde vaya y se quedan de punto fijo en su despacho.

Fue en 2018, cuando recién explotaba el caso Huracán, que se supo que los fiscales que investigaban la falsificación de las pruebas por parte de Carabineros tuvieron que quedar con resguardo policial por parte de la PDI, en medio de una fuerte tensión entre el Ministerio Público y la policía uniformada.

Por ejemplo, en ese momento se supo que el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, era seguido por carabineros de civil que además lo fotografiaban.

Aquella vez la entonces presidenta de la Asociación de Fiscales, Trinidad Steinert, aseguró que “llamamos a las autoridades, al Ministerio del Interior o a Carabineros de Chile, quien sea responsable, que digan quién efectivamente ordenó estos seguimientos y grabaciones al fiscal regional Paredes y entendemos que el hecho, de ser así, es gravísimo”.

Durante 2016, mientras en La Araucanía se desarrollaba el juicio contra 11 comuneros mapuche por su presunta responsabilidad en el homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay, se encontraron una serie de panfletos en atentados que apuntaban al fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle. A raíz de esto, el Ministerio Público decidió otorgar protección policial para el abogado y su familia.

En estos panfletos y lienzos, se pedía la salida del persecutor de la zona y se aseguraba que existía racismo tras la acción penal.