El viernes 15 de noviembre, dos horas después de que el Registro Civil anunciara que dejó fuera de competencia a Aisino en la licitación para la fabricación de pasaportes y cédulas de identidad, el consorcio chino-alemán envió un comunicado de prensa en el que anunció que recurriría “a la justicia nacional e internacional para dar cuenta de vicios en el proceso” y supuestas presiones que habría recibido la autoridad.

Hoy, su eventual arremetida legal está más cerca de activarse en tribunales internacionales que en Chile. ¿La razón? El pasado viernes expiró el plazo para que Aisino interpusiera una demanda en contra del Registro Civil en el Tribunal de Contratación Pública, entidad que se especializa en este tipo de laudos. El Artículo 24º de la Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios establece un plazo fatal de 10 días hábiles para la presentación de una acción que busque invalidar resoluciones del Estado en licitaciones públicas.

Cercanos al grupo cuentan que existe desazón por el fallido acuerdo e insisten en que presentaron la oferta más conveniente para el Estado de Chile. El contrato con Aisino -la quinta mayor empresa tecnológica de China- que se habría extendido por 10 años conllevaba una inversión de US$ 205 millones, pero hoy el escenario no es nada alentador para el consorcio.

Cuatro días después de la revocación del proceso, la autoridad decidió adjudicar la licitación a la empresa francesa Idemia. Ello en línea con los reparos que manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues un acuerdo con la empresa de capitales chinos acarreaba “un alto grado de probabilidad” de que Estados Unidos y Canadá pusieran fin al Programa de Visa Waiver.

Desde el Registro Civil declinaron responder por qué el servicio no previó el impacto que pudo haber tenido la adjudicación a Aisino a dicho programa.

Hoy el proceso de licitación se encuentra en su etapa final. El Registro Civil tiene un plazo de 30 días hábiles para la suscripción del contrato con Idemia desde su adjudicación y debe enviar el contrato para su validación a la Contraloría General de La Republica (CGR). Idemia presentó la segunda oferta más conveniente para el Estado de Chile después de Aisino.

Si bien el consorcio aún puede presentar un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, al estar dentro de los plazos, todo parece indicar que la compañía no litigará en Chile. Ello a pesar de que sus asesores legales tenían preparado el escrito que presentarían ante el Tribunal de Contratación Pública, pero desde Beijing optaron por no efectuar la acción que pudo ser la pieza angular de un litigio que finalmente desechó.

En Chile, Aisino es representada por el abogado Rodrigo Romo, quien se desempeñó durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet como jefe de la División de Consumo Financiero del Servicio Nacional del Consumidor. A él se suman los estudios Aylwin Abogados y Letonja Abogados Tributarios, encabezados por Miguel Aylwin y Alexander Letonja, respectivamente.

A la fecha, Aisino está presente en Hong Kong, Vietnam, Angola y Malasia. Además, posee planes para instalarse en Rusia, Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Congo, Omán, Botswana, Kenia y Chile. Y es que a pesar del revés sufrido, la compañía china no desea dejar el país. Su core business no es la fabricación de cédulas de identidad ni pasaportes, sino que la entrega de soluciones tecnológicas en el área de políticas pública, como la recaudación fiscal y el diseño de software para el tráfico vehicular.

El consorcio chino-alemán declinó efectuar comentarios sobre este artículo.

Para las fuentes consultadas, la opción que sigue estudiando en mayor detalle Aisino es la presentación de una demanda en contra del Estado de Chile en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

En caso de tomar esta última opción, el consorcio se enfrentaría a tres dificultades. La primera de ellas es el alto costo que significa iniciar un litigio en dicha sede, que según conocedores de este tipo de juicios, requiere de al menos US$5 millones. El monto incluye no sólo los honorarios del estudio que asuma la causa, sino que también los del juez que cada parte designa en una terna y los estudios económicos para fundar los perjuicios.

Tal es el costo que deben asumir las empresas que batallan en dicha sede, que a modo de ejemplo, el 11 de enero de 2021 el Ciadi rechazó la demanda interpuesta por los hermanos colombianos Carlos y Francisco Ríos, empresarios controladores de las operadoras del Transantiago, Inversiones Alsacia S.A. y Express de Santiago Uno S.A. en contra del Estado de Chile. En su sentencia, el tribunal les ordenó reembolsar a Chile el 40% de los costos legales de su defensa y otros gastos, los que en conjunto ascienden a más de US$ 2.6000.000.

Sin embargo, cercanos al consorcio explicaron que el alto costo no sería una dificultad, considerando el tamaño de la compañía china, cuya valorización en la Bolsa de Shanghai asciende a más de US$20.000 millones.

A lo anterior se suma la dificultad que representa para un estudio de abogados defender la tesis que plantea el consorcio, pues no respondió al último cuestionario que efectuó el Registro Civil en el que se abordaron las “inconsistencias en los antecedentes” detectadas.

La tercera complicación radica en una divergencia de intereses al interior del consorcio, pues un conflicto a esta escala implica -según las fuentes consultadas- los ministerios de Relaciones Exteriores de tres países enciendan sus alarmas. Aisino es un conglomerado de capitales chinos y alemanes.

Al mismo tiempo persiste una cuarta complicación y es la escasez de abogados chilenos que posean experiencia en juicios ante el Ciadi, y algunos que han incursionado en esta sede no han obtenido los resultados esperados.