La Araucanía: El miedo de una víctima de violencia rural que no se presentó a juicio y determinó la absolución de un integrante de la CAM

Fue a las 6.30 de la mañana del 28 de abril del 2021 que un grupo de 13 personas irrumpieron en el predio Fundo Vegas de Centenario, ubicado a la altura del kilómetro 10 de la ruta R-444, en la comuna de Los Sauces, en La Araucanía. El terreno era de propiedad de Carlos Cortesi Zanett, sin embargo, quien sacó la peor parte fue el cuidador, quien fue amenazado y sacado violentamente del lugar para que esta organización, liderada por Luis Vásquez Tramolao, instalara un lienzo con la leyenda: “Lof We Butarincon Recuperación Territorial”. Ese terreno era ahora autoproclamado como propio.

A partir de eso se inició una investigación que recién dos años después entra en su etapa final, donde, además de este hecho, también se sumó un ataque a mano armada a un transportista, en junio del 2021. La Fiscalía presentó su acusación en contra Vásquez -miembro activo de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), y sindicado como “preso político” en sus comunicados- por los delitos de usurpación violenta y disparos injustificados.

Pero, el Tribunal Oral en Lo Penal de Angol solo condenó a Vásquez por disparos injustificados, optando a una pena de 3 años y un día de presidio. De la usurpación, nada, y el acusado fue absuelto ¿Por qué?

En la Fiscalía Regional de La Araucanía apuntan a un elemento clave: la dilación del juicio que terminó afectando la declaración que prestaría ante el tribunal la víctima de la usurpación, quien a pesar de ser reubicado en otra residencia y mantener una protección del ente persecutor, acusó recibo de amenazas y el miedo de declarar inculpando públicamente a un miembro de la CAM.

El fiscal regional, Roberto Garrido, explica que “es conveniente destacar las dificultades que enfrentamos en este tipo de investigaciones, como la inexistencia de testigos disponibles para declarar en el juicio oral. Hay una serie de riesgos para su integridad física para entregar información, es por eso que intentamos mitigar esta situación, relocalizándolo y dándole medidas de protección para no ponerlo exponer a la persona”.

El caso tomó su tiempo en llegar a juicio oral. Primero, el imputado fue detenido el 10 de junio de 2021; luego, la investigación se cerró el 17 de febrero del 2022. Una vez en el Tribunal Oral en Lo Penal de Angol, el juicio oral se reprogramó en una ocasión por licencia médica de la defensora.

Estaba fijado inicialmente para el día 8 de marzo de este año, pero finalmente se realizó entre el 4 y 13 de abril. La lectura de la sentencia se realizará el próximo miércoles 27 de abril.

Garrido sostiene que en este caso, “motivado por una dilación recurrente en esta audiencia, la víctima manifestó que a pesar de toda esta situación, no quería declarar, temía aún por su vida, y para nosotros lo más importante es la protección física y psíquica de la persona, aunque era un testigo importante que nos permitía vencer la presunción de inocencia”.

Este era un testigo (víctima) que estaba con identidad reservada, tal como los ofrecidos en la acusación contra Héctor Llaitul, donde el tribunal accedió a la solicitud de la defensa de hacer pública su identidad.

Sin embargo, a diferencia del caso Llaitul, ahora, la víctima a pesar de estar con protección, no estuvo dispuesta a declarar. “Nos parece muy relevante que en casos como estos, en que grupos armados atacan a personas, personas que son del mismo sector donde ocurren los hechos, tengan las protecciones que corresponde para asegurar que declaren en el juicio, por acá no estamos hablando del juzgamiento de delitos comunes”, agrega Garrido.