La crisis financiera sin fin de la Universidad de Aysén: peligran sueldos de 125 funcionarios y académicos y casi 90 de ellos están en paro

La crisis financiera de la estatal Universidad de Aysén no se detiene. No por ahora, al menos. Y, muy por el contrario, parece ir agravándose conforme pasan los días, lo que tiene convulsionado el ambiente al interior de la casa de estudios y ya está afectando el normal desarrollo de las actividades institucionales, con funcionarios y académicos en paro.

Para entender la crisis actual hay que contextualizar que la Superintendencia de Educación Superior (SES) ya está encima de la institución aisenina. Y es que, por ejemplo, sus estados financieros dan cuenta de un déficit de $415 millones a diciembre 2021, lo que ha generado problemas para financiar la operación en el corto plazo. Lo anterior llevó a que la SES les requiriera información financiera para una “profunda auditoría”, orientada a conocer la dimensión del problema y proponer medidas.

Esa investigación sigue adelante -hace dos semanas el superintendente fue a Coyhaique para reunirse con las autoridades, gremios y comunidad regional, además del viaje de un equipo de fiscalizadores- y una vez terminada se definirán los pasos a seguir, que podrían ir desde un plan de recuperación hasta un administrador provisional si se determina que la situación es demasiado crítica.

Por lo pronto, lo cierto es que hace menos de una semana a los funcionarios y académicos de la UAysén les comunicaron, a través de un correo electrónico, que no hay dinero para pagarles sus sueldos de septiembre, lo que llevó al reciente paro de -por ahora- 48 horas. Las clases, hasta el cierre de esta edición y según comentan conocedores de la interna, han podido desarrollarse, puesto que no son todos los profesores los que están en paro.

“Este ha sido un año difícil para nuestra institución”, comenzaba el mail que envió su último día de gestión la entonces rectora Natacha Pino (ya dejó su puesto, cargo que a inicios de septiembre asumió Enrique Urra), donde se agregaba que desde el equipo directivo habían estado trabajando sistemáticamente “para revertir la situación financiera de nuestra universidad con resultados que, hasta estos momentos, no resuelven nuestra solvencia de manera inmediata”. Luego venía la bomba: “Las consecuencias directas del actual escenario es que nuestro flujo de caja actual, hasta el día de hoy, no permite asegurar el pago de las remuneraciones del mes de septiembre. Es importante señalar que esto afecta solo a las personas cuyas remuneraciones provienen del presupuesto institucional”.

En concreto, son 125 de 171 funcionarios totales los que están en esta situación de incertidumbre salarial no solo para este mes, sino también para los venideros. ¿Quiénes son? Aquellos que, como decía el correo electrónico, dependen del presupuesto institucional, es decir, el 73%. Los otros sí tienen asegurados sus salarios, puesto que dependen de recursos del Ministerio de Educación a través de los Proyectos URY, código que le atribuye el Mineduc.

Pero no todos están en paro. No formalmente. Y es que de esos 125, casi 90 pertenecen a la Asociación de Funcionarios y Académicos de la institución. Ellos son los que están llevando adelante las tratativas con las autoridades de la universidad y que los tienen a la espera de una respuesta, que debiese llegarles hoy, al petitorio que entregaron este martes y que, de no obtener soluciones satisfactorias, los llevará indefectiblemente a mantener el paro, que inicialmente era de dos días.

“La ausencia de recursos para el pago de remuneraciones deja en evidencia la profunda crisis financiera por la que atraviesa nuestra institución y que pone en riesgo la continuidad del proyecto universitario. Si bien es cierto las autoridades regionales y nacionales han manifestado públicamente que la Universidad de Aysén no cerrará sus puertas, lo cierto es que a la fecha no existen estrategias ni medidas concretas de apoyo que permitan asegurar el equilibrio económico de un proyecto que nunca podrá sustentarse bajo el actual sistema de financiamiento de las universidades estatales, mucho menos en una zona extrema como nuestra Región de Aysén”, señalan al respecto desde la Asociación de Funcionarios, Funcionarias, Académicos y Académicas de la casa de estudios, quienes añaden que como trabajadores están “sumamente preocupados por esta compleja situación, ya que esta es la única institución de educación superior estatal de la región que brinda la posibilidad a los y las jóvenes de acceder a una educación superior de calidad, sin abandonar su territorio y sus familias”.

Asimismo, llaman al Presidente Gabriel Boric y al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, “a tomar medidas concretas y urgentes que permitan dar sustentabilidad a la UAysén cumpliendo, de esta manera, con el apoyo que el Mandatario comprometió el pasado 25 de enero en su visita a la casa de estudios, para que sigamos adelante cumpliendo el sueño de la comunidad de Aysén de contar con educación superior pública, gratuita y de calidad”.

Por su parte, el nuevo rector Urra ha dicho que se necesitan 1.000 millones de pesos para cubrir el déficit financiero y la crisis lo llevó a idear un plan para recortar gastos, lo que incluye la desvinculación de algunos funcionarios, lo que tiene intranquila a buena parte de estos. Además, la nueva máxima autoridad de la institución ha prometido una profunda auditoría y lo tuvo, antes de asumir, apersonado en Santiago realizando gestiones con el Mineduc para intentar salvar la situación.

El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, dice al respecto que la UAysén “tiene dificultades estructurales y de gestión que hacen indispensable su reorganización y ajuste, para recuperar su equilibrio financiero y asegurar su sustentabilidad y aporte al servicio de las necesidades de la región. El Estado se hará presente impulsando la modernización del financiamiento y la gestión de la educación superior, fortaleciendo a los planteles de zonas extremas”.

Pero, además, asegura que a esta institución la han apoyado “en forma permanente, en el marco de su autonomía institucional consagrada en la ley” y que junto a las autoridades locales han dispuesto la creación de una Mesa de Coordinación Regional, “cuyo objetivo será monitorear y apoyar la implementación del Plan de Reestructuración establecido por las nuevas autoridades de la casa de estudios, en diálogo permanente con la comunidad universitaria y regional”.

Paralelamente, también, el subsecretario asegura que han estado en permanente coordinación y diálogo con la SES, que ha estado llevando adelante el proceso de investigación que corresponde a sus potestades fiscalizadoras. “Nuestro compromiso sigue firme con modernizar y fortalecer las universidades estatales de Chile, principalmente en las regiones y zonas extremas, pues son vitales para el desarrollo de sus territorios”, cierra.

Mientras, la nueva máxima autoridad de la institución aisenina dijo a los pocos días de asumir que como nueva administración estaban “conscientes de que en la universidad han ocurrido problemas de gestión, han ocurrido problemas de toma de decisiones que nos han llevado a esta situación, una en la que no deberíamos estar. Nosotros nos comprometimos con la comunidad: hay que evaluar las responsabilidades correspondientes porque efectivamente tenemos que analizar cuáles han sido las debilidades y mejorar en el tiempo”.