La cuenta regresiva de Elizalde para sacar la reforma al sistema político encargada por Boric

Un poco menos de un año tiene el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), para cerrar los contenidos de una reforma al sistema político que inevitablemente debe estar resuelta antes del 18 de agosto de 2025.

Ese día es el plazo fatal para tener acordados, aprobados y publicados los cambios legales e incluso constitucionales al sistema político. Estas modificaciones podrían avanzar por varios carriles. No solo un proyecto de ley. Puede que se necesite, por ejemplo, una reforma a la Carta Fundamental.

El problema para el ministro Elizalde es que un año es un plazo relativamente breve para una reforma estructural, que necesariamente debe estar en vigencia antes que comience la inscripción de candidaturas al Congreso y a la Presidencia de la República (el 18 de agosto de 2025). Cualquier cambio posterior a esa fecha sería cambiar las reglas del juego a un proceso electoral desatado, que incluso comienza meses antes con el cierre del padrón de electores y las probables elecciones primarias.

Este desafío fue encomendado al ministro de la Segpres por el propio Presidente Gabriel Boric en su última cuenta pública ante el Congreso Pleno el pasado 1 de junio. “Considero necesaria una reforma al sistema político que, sin sacrificar representatividad, evite la fragmentación y fortalezca la democracia”, dijo Boric en esa sesión.

Sin embargo, desde esa fecha, según acusan en la derecha, no han existido gestiones del ministro Elizalde, quien, en todo caso, en el foro del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica (PUC) reiteró la disposición de avanzar en una reforma que sería de carácter “acotado” para enfrentar la atomización política. “Muchas veces se destaca una política espectáculo, más bien farandulizada, que no da cuenta de las discusiones de fondo que se desarrollan en la sociedad chilena... Esta atomización hace muy difícil la generación de mayorías y acuerdos... Estamos promoviendo un diálogo, que hasta ahora ha tenido bajo perfil, pero que va a ir cobrando mayor intensidad con el paso de los días con el objeto de llevar adelante una reforma acotada, circunscrita a la generación de incentivos para evitar la atomización y que permita a los ciudadanos distinguir lo que representan las distintas corrientes políticas”, dijo.

El fin de semana pasado, en entrevista con El Mercurio, la ministra del Interior, Carolina Tohá, había dicho que “el sistema político requiere de cambios urgentes. Si no los hacemos hoy es posible que no volvamos a tener otra oportunidad”.

Esas palabras, de hecho, llamaron la atención en la oposición, donde responsabilizan al Partido Comunista de haber frenado esta reforma.

En un principio el gobierno tenía como diseño comenzar las tratativas una vez cerradas las negociaciones entre partidos para inscribir candidatos municipales y regionales, con el fin de no contaminar las conversaciones con una etapa que suele tensionar al mundo político. Sin embargo, esta fase ya se cerró hace dos semanas y, hasta el momento, el ministro no ha comenzado una ronda formal de consultas, según critican en la oposición y también admiten en el oficialismo.

En vista del tiempo estrecho -que además estará contagiado por las elecciones regionales y municipales de octubre-, desde el mismo gobierno se había propuesto un proyecto “acotado” a dos o cuatro temas como máximo, con objetivos específicos: fortalecer y aglutinar los partidos y debilitar a los legisladores independientes o díscolos.

Dentro de los ejes que barajaba Elizalde figuraban las órdenes de partido, la pérdida del escaño a quien renuncie su militancia y exigir un umbral de 5% o 3% de los votos a toda colectividad, que en caso de no alcanzar ese piso sería disuelta y perdería sus asientos en el Congreso. Varias de estas ideas se conversaron en el último fallido proceso constituyente.

No obstante, la dinámica política ha levantado otras demandas para ser incluidas en una reforma estructural. Entre los nuevos temas que han surgido en la discusión legislativa está la regularización del voto de los extranjeros y la revisión del sistema de gobierno, debate que se abrió a propósito del proyecto que crea un nuevo Ministerio de Seguridad y que contempla paralelamente reforzar el poder político del Ministerio del Interior.

Paralelamente algunos sectores han comenzado a levantar exigencias particulares. Por ejemplo, el PC pidió legislar sobre participación ciudadana y la derecha planteó disminuir parlamentarios, modificando algunos distritos.

Adicionalmente, está pendiente una reforma electoral para implementar la ejecución del voto obligatorio, a través de una multa, que solo quedó con carácter transitorio para los próximos comicios en la reciente iniciativa que aprobó el Congreso.

A juicio de la senadora Luz Ebensperger (UDI), jefa de bancada e integrante de la Comisión de Constitución, es necesario comenzar pronto las tratativas. “Yo sigo pensando que esto es urgente. Se había bajado un poco la premura en esto, debido a la inscripción de candidaturas. A lo mejor no era el minuto, pero yo creo que siempre se va a encontrar una excusa para que no haya el minuto. El resguardo y el fortalecimiento de la democracia exigen esta reforma al sistema político”, comentó.

La legisladora gremialista sostuvo que hay al menos tres puntos que debiera abordar la reforma. “Crear partidos fuertes. Los países con partidos fuertes fortalecen la democracia y, por lo tanto, hay que establecer un umbral del 5% de la representación, y aquellos que no lo superen debieran desaparecer”, dijo Ebensperger, quien, como segundo punto abogó por reforzar la disciplina partidaria, castigando con la pérdida de escaños a “personas que utilizan el partido con un fin personal”.

Como tercer punto, la senadora propuso reducir el número de parlamentarios. “Hay que ver en cuáles de estos puntos y otros que se han planteado hay acuerdo, pero debiera comenzar a estudiarse y a discutirse en forma urgente la reforma al sistema político”, comentó.

El diputado Diego Schalper (RN), uno de los interlocutores del gobierno en este tema, también coincidió en la urgencia. “Consideramos que el compromiso del Presidente Boric en la cuenta pública de impulsar una reforma política debe materializarse dentro de la próxima semana. Es una prioridad urgente para el país y tenemos la convicción de que hay que sacarla. No vemos motivos para más dilaciones ni excusas”, dijo.

Sin embargo, también hay legisladores que recomiendan esperar a que terminen las elecciones regionales y municipales, ya que los temas a tratar podrían generar conflicto al interior de las coaliciones, enemistando a partidos aliados (grandes versus chicos) y generando un problema para los candidatos a alcaldes y gobernadores que requieren de apoyos colectivos.

“Hoy todas las colectividades del oficialismo tenemos un objetivo compartido y único de ganar las elecciones municipales y regionales de fines de octubre. Cerrado este proceso electoral se abrirá una ventana hasta enero próximo para sentarnos a dialogar, acordar y aprobar reformas legales que permitan que la crisis de fragmentación política, el bloqueo y la polarización sigan paralizando el avance de los gobiernos”, comentó el diputado Leonardo Soto (PS), vicepresidente de su colectividad e integrante de la Comisión de Constitución.