Los asesores legales de las empresas Aisino -china- y Mühlbauer -alemana- no han descansado las últimas horas. Esto, con miras a elaborar la estrategia con la que buscarán revertir la última resolución del Registro Civil, que anuló la licitación de cédulas y pasaportes -que tenía un costo de US$ 205 millones para los próximos 10 años- que el consorcio chino alemán se había adjudicado, ante el riesgo de que Estados Unidos y Canadá pusieran término al Programa Visa Waiver.

El equipo legal del conglomerado lo integran los estudios Aylwin Abogados y Letonja Abogados Tributarios, encabezados por Miguel Aylwin Oyarzún y Alexander Letonja Cepeda, respectivamente. Estos, junto a otros colaboradores, han estado en constante diálogo con los ejecutivos en China y Alemania para desarrollar el plan con el que buscarán defender la legalidad de la resolución de la millonaria adjudicación que ahora está trunca.

Entre los principales lineamientos que discuten los dos estudios para enfrentar este complejo escenario hay varias definiciones a tomar. La primera -aseguran-, es si acudirán a la Contraloría General de la República (CGR) para consultar por la relación contractual que mantiene el Registro Civil con los abogados Andrés Jana y Luis Cordero, socios de los estudios Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados y FerradaNehme, respectivamente.

Lo anterior, luego de que el pasado lunes 8 de noviembre ambos abogados dirigieran la reunión en la que el director del Registro Civil, Sergio Mierzejewski, entregó a los representantes de Aisino y Mühlbauer un cuestionario con una serie de preguntas, en el que específicamente se consultó por el tratamiento de los datos personales que efectuaba el Estado chino sobre sus empresas.

Según trascendió, a los representantes legales de Aisino les sorprendió que estuvieran presentes los abogados Jana y Cordero, expertos en arbitrajes internacionales y derecho administrativo, respectivamente. A dicha reunión también asistió Maximiliano Cervantes, gerente de ventas del Grupo Mühlbauer para Latinoamérica, y Rodrigo Romo, abogado y representante legal de Aisino ante el Registro Civil. Se trató del primer apronte de lo que iba a venir posteriormente con la resolución que anuló la licitación, comunicada el pasado viernes.

Ahora bien, la consulta al ente contralor por parte de Aisino apuntaría acerca de la pertinencia y la condición en que ambos abogados asistieron a la reunión en el Registro Civil. Aunque conocedores del encuentro explican que en la cita el propio director del servicio no dejó en claro la calidad en que concurrían dichos abogados, otras fuentes consultadas afirman que tanto Jana como Cordero fueron contratados como asesores externos del servicio a raíz de la complejidad de la licitación, desde octubre de 2021, para la etapa de contratación.

Otra de las alternativas que baraja el consorcio a nivel nacional es eventualmente acudir a la Corte de Apelaciones de Santiago por medio de un recurso de protección. En paralelo, también en Chile, otra de las vías que evalúa es la presentación de un requerimiento ante el Tribunal de Compras Públicas.

También está la posibilidad, dicen, de que Aisino inicie una arremetida internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi), pero dependerá de lo que establezca el Tratado de Protección de Inversiones con China. La orden es agotar todos los recursos judiciales locales.

El análisis del conjunto de acciones que está siendo evaluado podría requerir un plazo mayor al esperado, ya que como señaló el comunicado del Registro Civil, la intervención de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores resultó ser clave para decretar la nulidad del proceso de licitación. Esto, debido a que “existe un alto grado de probabilidad de que se ponga término al Programa Visa Waiver con Estados Unidos y probablemente con Canadá, en el evento de celebrarse el contrato con el adjudicatario”.

Para cercanos al consorcio chino-alemán, la señal que entregó el gobierno es muy negativa si se considera que el principal socio comercial de Chile es China y durante los últimos años la inversión del gigante asiático en nuestro país ha aumentado fuertemente. En efecto, el propio embajador de Chile en China, Luis Schmidt, en conversación con La Tercera PM sostuvo que “si hubo un cambio en las reglas del juego, lo encuentro muy peligroso”.

Todas las vías que escoja Aisino están contra el tiempo. En caso de acudir al Tribunal de Compras Públicas por medio de una reclamación para dejar sin efecto la resolución que anuló la licitación, el litigio no estaría zanjado antes de un año y está presente el riesgo de que el Registro Civil reactive el proceso.

Las bases de la licitación establecen dos caminos en caso de que se anule la adjudicación. Una es continuar con el proceso licitatorio. La otra opción es declararla desierta y eso es lo debe decidir el servicio. En el Registro Civil esperan que se decida lo antes posible, pero existe un plazo perentorio para comunicar dicha decisión, que culmina el 15 de diciembre.

Por lo mismo, una de las alternativas que cobra mayor sentido para el consorcio es la presentación de un recurso de protección que solicite -en paralelo- una orden de no innovar, a fin de que el servicio no pueda reactivar el proceso de licitación. No obstante, aquí también se corre el riesgo de que la Corte de Apelaciones de Santiago declare inadmisible dicha presentación, alegando que es una materia propia de tribunales especializados.

Por lo pronto, Aisino cuenta con un lapso de 30 días corridos desde el pasado viernes para presentar un recurso de protección en el tribunal de alzada. Hoy, el consorcio está fuera de competencia y no podría participar en un nuevo proceso de licitación.

Aisino y el Registro Civil declinaron efectuar comentarios sobre este artículo.