La frontal estrategia de Mario Desbordes frente a la construcción de la nueva cárcel de máxima seguridad en Santiago

A primera hora de este viernes, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), sostuvieron el esperado primer encuentro para abordar la controvertida construcción de la nueva cárcel de alta seguridad proyectada en el barrio penitenciario del centro de Santiago.

La reunión marcó un giro en la estrategia municipal que en algún momento tomó la exalcaldesa comunista Irací Hassler, quien nunca solicitó una cita formal con las autoridades de gobierno encargadas del tema. Desbordes, en cambio, no solo gestionó el encuentro sino que además, durante la reunión, se abrió a explorar medidas de mitigación en caso de que el proyecto avance, pese a que mantendrá una férrea oposición a ello.

El alcalde -quien asumió el cargo hace menos de un mes- ha apostado por una estrategia en este tema en la que él mismo es el principal protagonista. Por ello, hasta ahora no ha buscado generar apoyos parlamentarios ni se ha reunido previamente con los vecinos afectados. Este diseño, por ejemplo, también ha marcado contrastes con su par de la comuna colindante de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, quien no formó parte de la cita.

“Él (Gajardo) entiende que haré todo lo posible judicialmente para que no se haga la cárcel”, advirtió el alcalde esta mañana. Sin embargo, también señaló que ya están evaluando propuestas de mitigación en caso de que la cárcel se construya. “Si esto se concreta igual, en paralelo y desde ya tenemos que empezar a trabajar en propuestas de mitigación (...) para que los vecinos del barrio también reciban buenas noticias en proyectos que se están esperando o anhelando desde hace mucho tiempo en la zona y que esta cárcel, por lo tanto, no sea la carga que el barrio entero siente que va a ser”, sostuvo Desbordes.

Los planes de mitigación, según lo que se acordó en la cita, serán revisados durante el mes de enero en una mesa de trabajo encabezada por el Ministerio de Justicia, la Municipalidad de Santiago y el Ministerio de Obras Públicas. Así se definirán temas como el tipo de medidas, el presupuesto y quién estará a cargo de ejecutarlas para que la construcción de la cárcel neutralice en la mayor medida posible efectos colaterales.

Cuando a mediados de julio de este año el Presidente Gabriel Boric dio cuenta de la ampliación de la cárcel, sorprendió a la alcaldesa de ese entonces, Irací Hassler. Las primeras reacciones de la hoy exedil fue encabezar una protesta en el barrio Rondizzoni y liderar a los vecinos del sector. Esta coordinación, en todo caso, ha sido echada de menos tras el desembarco de Desbordes.

“De la nueva administración no hemos recibido información”, aseguró Paula Moreno, vocera de los vecinos del barrio Rondizzoni. “Esperemos puedan conversar y que el actual alcalde defienda el interés de los vecinos para que la cárcel no se construya”, añadió, y lamentó que Desbordes se abriera a hablar con las autoridades de gobierno, ya que lo considera una señal de debilidad frente a la instalación de la cárcel.

El alcalde Astudillo, por su parte, sigue de cerca la ofensiva en solitario de Desbordes. Hasta ahora, el edil lideró en dupla con Hassler la oposición al proyecto y lograron sumar a parlamentarios tanto de su sector como de la oposición, incluidos los diputados Johannes Kaiser y Cristhian Moreira (UDI).

Consultado sobre esta falta de coordinación, Desbordes afirmó que aún no ha conversado con su par, pero aseguró que “se reunirán porque tenemos un límite comunal importante”.

Quienes también resienten el tema son parlamentarios del distrito 10. Varios de ellos afirman no haber sostenido conversaciones con el alcalde respecto de la cárcel. El diputado independiente Johannes Kaiser descartó cualquier contacto con Desbordes, recordando que durante la administración de Hassler sí hubo esfuerzos coordinados con el Congreso. Según Kaiser, su bancada ha mantenido reuniones sobre el tema con Jorge Alessandri (UDI) y María Luisa Cordero (ind.), aunque reconoce que “como parlamentarios, tenemos poco margen de maniobra legal; solo podemos explorar acciones como recursos de protección o revisar el plan regulador”.

En tanto, la diputada Helia Molina (PPD) también aseguró no haber sido contactada por el edil, y la diputada Lorena Fries (FA) ha sostenido reuniones con vecinos y presentado propuestas concretas, incluida una solicitud formal para trasladar el proyecto a un terreno cercano a Punta Peuco. Sin embargo, la respuesta del Ministerio de Justicia fue negativa.

Desde el equipo del edil señalan que la estrategia de Desbordes se ha diferenciado de la adoptada por Hassler, quien centró sus esfuerzos en una campaña comunicacional más que en acciones institucionales concretas, lo que finalmente no logró detener el avance del proyecto de construcción.