La inquietud del gobierno por el lugar donde Monsalve podría cumplir prisión preventiva

Mientras la formalización del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve sigue en desarrollo, uno de los puntos que generan expectación es la medida cautelar que ordenará en su contra el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

La defensa solicitará arresto domiciliario para Monsalve, pero tanto la Fiscalía como la parte querellante pedirán la opción más gravosa que contempla nuestro ordenamiento jurídico: prisión preventiva.

En La Moneda, tal como informó La Tercera, han analizado a puertas cerradas la posibilidad de que la justicia acepte la solicitud del ente persecutor. Todos los escenarios son un potencial problema y fuente de críticas para el Ejecutivo. Si hay prisión preventiva, hay preocupación por lo expuesto que estaría el exjefe civil de las policías en un penal con reos de alta peligrosidad.

En vista de eso, hace varias semanas desde La Moneda se le transmitió la inquietud al ministro de Justicia, superior jerárquico de Gendarmería, que después de la formalización deberá emitir un informe técnico señalando los recintos más adecuados para el exjefe civil de la policía.

Monsalve, como subsecretario del Interior lideró procedimientos policiales en contra de peligrosas bandas y estuvo presente en allanamientos a recintos penales con el entonces subsecretario de Justicia Jaime Gajardo (PC). Así, un eventual encuentro con imputados por delitos relacionados a lo que antes perseguía lo pondría en riesgo.

Otras fuentes aclaran que de momento no se ha hablado de “preocupación”, pero sí que entre las consideraciones técnicas de Gendarmería está que debería cumplir la cautelar en una cárcel concesionada, donde se asegure la segregación de imputados por delitos de connotación sexual.

Podría ser la cárcel de Casablanca o también se baraja como una alternativa probable la cárcel de Rancagua, que cuenta con pabellones separados.

El Estado debe resguardar la seguridad de los imputados, coinciden fuentes que conocen de estas materias. Con ello, explican que Gendarmería debe tomar en consideración el cargo que ostentaba Monsalve para no arriesgar su integridad.

Jorge Burgos (Amarillos), exministro y exsubsecretario de Interior, dice que “las autoridades encargadas de la custodia de las personas en prisión preventiva o privadas de libertad en general deben tener ya definido un plan de acción de dónde los van a llevar y bajo qué condiciones especiales de seguridad atendidas las características (de Monsalve)”, agregó Burgos.

El diputado Raúl Leiva (PS), que además es miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara, explicó que tanto el Código Procesal Penal como la ley orgánica y reglamento penitenciario de Gendarmería establecen estos criterios.

“Atendido el nivel de exposición, el conocimiento y eventual objeto de algún atentado, que pudiera ser de un subsecretario del Interior que tiene a su cargo labores de inteligencia y muchas veces de persecución del crimen organizado, debería estar debidamente aislado, no solo en resguardo de la seguridad del propio imputado, sino también de los demás imputados y del recinto penal”, subrayó Leiva.

El diputado y presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, que también integra la misma comisión, indicó que “es muy importante considerar esta situación, y claramente reviste eventualmente un problema que hay que prever. Por dos razones: la seguridad del imputado, y otra el debido resguardo de la información y de los temas de Estado que el exsubsecretario Monsalve manejó en razón de su cargo”.

Y añadió: “Efectivamente el gobierno y Gendarmería deben tener esto en consideración para evitar esos riesgos”.

Mientras que Felipe Harboe (Amarillos), exsubsecretario del Interior, aseguró que “se trata de una situación de alto riesgo que debe ser ponderada por el juez al momento de determinar una medida cautelar, y adicionalmente si se decreta su prisión preventiva deberán adoptarse medidas para garantizar la integridad de la exautoridad porque el alto riesgo responde a su función pública anterior a la comisión del delito y, por tanto, el Estado debe garantizar su seguridad”.

Dentro de las fuentes consultadas, solo discrepó con estas apreciaciones la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Gloria Naveillán (ind.), quien, si bien advirtió que imputados por delitos sexuales van a cárceles distintas a las de quienes son investigados por otros delitos, aseguró que “no se debe tomar ninguna medida especial por el hecho de que él haya tenido el cargo de subsecretario del Interior”.

Y añadió: “Acá el gobierno no debe interceder, tampoco Gendarmería debe tener ningún miramiento, él hoy día es un civil acusado de un delito gravísimo, y si se decreta la prisión preventiva, él debe estar en igualdad de condiciones que cualquier otro ciudadano que haya cometido el mismo tipo de delitos”.