La interminable saga de la reforma a los notarios, las presiones de Larraín al Senado para que avance y los descargos del Legislativo

Los que saben dicen que nunca se ha podido reformar el sistema de notarios públicos, que el gremio se resiste y se resiste al cambio para no perder privilegios -al igual que los conservadores de bienes raíces- y que por lo mismo los sucesivos intentos en el Congreso no llegan a ninguna parte. La enésima tratativa, que ahora intenta concretar la administración Piñera, tiene a su ministro de Justicia Hernán Larraín empeñado en ponerle más presión a algunos de sus ex compañeros en el Senado porque en el Ejecutivo alegan que la pelota está trancada en la Comisión de Constitución.

En simple, la lamentación gubernamental dice que el proyecto de ley que ingresaron el 2018, que entre otras reformas introduce la figura del fedatario -que supliría algunos trámites de los notarios, de ahí el rechazo de ese sector- no avanza nada de nada porque en Constitución nunca la han puesto o han querido ponerla en la tabla, que es la única forma que progrese. Y que eso no se entiende porque el Ejecutivo le puso suma urgencia, la que ha ido renovando sucesivamente y que está a poco de hacerlo por vigésima vez.

Larraín ya hecho presión por distintos canales: entrevistas, cartas a los diarios, una campaña de videos con el hashtag #NotaríasMásSimples, y hoy usó de nuevo su cuenta de Twitter para volver sobre el punto: “19 veces se ha renovado la suma urgencia del proyecto de ley #NotaríasMásSimples desde que ingresó al @Senado_Chile en enero de 2020. Esperamos que al terminar la discusión presupuestaria, retomemos el debate legislativo y podamos avanzar en temas tan necesarios para las personas”.

En su cartera van a seguir. La próxima semana difundirán algunos videos ya grabados al estilo “la calle opina” -dicen- en que aparecerán usuarios de notarías contando cómo lo pasan cada vez que tienen que ir a hacer trámites.

El proyecto ya había logrado salvar la valla del primer trámite legislativo el 7 de enero, cuando la sala de la Cámara lo aprobó por 132 votos y se dijo que era un avance “histórico” porque nunca uno había llegado tan lejos. En Justicia hacen ver que si eso demostró que cambiarles las reglas del juego a los notarios no es imposible, pues que entonces no se entiende que ahora figure congelado en su siguiente fase.

Pero entre los senadores de la Comisión de Constitución retrucan que no hay dilación intencional ni bloqueo, sino que lo que pasa es otra cosa. Que aunque el proyecto tenga suma urgencia, están atestados con numerosas leyes en trámite, algunas también con premura legal pero sobre todo con prisa o “urgencia política”. Según describen algunos, es lo que pasa con normas pendientes para el órgano constituyente como la cuestión de los escaños reservados para los pueblos originarios y otras normas asociadas al proceso que se inicia este domingo.

Que lo mismo pasa con la delicada y compleja -describen- reforma al Código de Aguas, en segundo trámite, luego de pasar la valla de la Cámara. Que apenas alcanzan a votar uno o dos artículos por sesión y que el debate se alarga mucho: están en pleno análisis de su constitucionalidad antes de que se vea en la sala. Otros agregan que la comisión es de las más exigidas y que calculan en unos doscientos los proyectos pendientes.

En Justicia hay voces que fuera de micrófono advierten que la reforma al Código de Aguas es una moción parlamentaria que no tiene ninguna urgencia, y que pese a eso la misma comisión la ha puesto en tabla una decena de veces desde el 20 de abril; todo lo contrario que con los notarios. Acá el asunto es que las normas del Congreso dicen que mientras el presidente de la comisión no ponga un proyecto en tabla, pues no se trata. El titular, el PS Alfonso de Urresti, no pudo ser localizado esta mañana para dilucidar qué ha pasado.

Otros de los integrantes advierten que, incluso, Justicia sí los ha apurado en privado con otros proyectos de esa misma cartera, como la que amplía plazos judiciales para enfrentar efectos de la pandemia en trámite de causas en tribunales. En la cartera de Larraín, eso sí, también hay visiones que dicen comprender la recarga de trabajo de ese grupo (él mismo lo integró cuando fue senador).

Pero ya han tenido sus encontrones. El 9 de septiembre la sección Cartas de El Mercurio abrió con una del ministro en la que, en el marco de otra arista de las notarías, enrostró al Senado que la reforma llevaba dos años desde que se presentó, que estaba en el presente trámite “desde el 8 de enero pasado” y que “desde esa fecha, la iniciativa no ha sido discutida en la comisión correspondiente, pese a que se ha renovado en 15 ocasiones la suma urgencia”.

A la primera de cambio que le tocó ir a la misma comisión, cuentan allá, el senador DC Francisco Huenchumilla le sacó la carta a colación y le interrogó por qué les hacía eso si no han tenido problemas de trato ni nada, sino que todo lo contrario.

Hoy en la mañana el congresista, enterado de las palabras del ministro, ha dicho que “nosotros en la Comisión de Constitución tratamos de hacer un trabajo muy riguroso y no tengo vetos a ningún proyecto, no tengo inconvenientes para verlos, desde lo de los notarios hasta el matrimonio igualitario. Cuando esté en tabla, lo veremos. Pero eso no depende de mí, depende de que el gobierno quiera verlo. Tenemos una altísima carga de trabajo y estamos viendo los proyectos que tienen mayor urgencia política, pero no hay proyectos vedados en nuestra comisión”.

Y otro senador opositor de Constitución, Pedro Araya, va un poco más allá: “El gobierno sabe perfectamente que la Comisión de Constitución es la que más trabajo tiene en el Senado. Estamos sesionando entre tres y cuatro veces a la semana viendo temas bastante complejos, como el Código de Aguas, los escaños reservados del plebiscito y el matrimonio igualitario entre otras cosas. El gobierno tiene distintas prioridades, y así como le han puesto suma urgencia a lo de los notarios también le han puesto urgencia a otros proyectos en la comisión. El problema es que el gobierno no ordena su agenda”.

Pero el otro asunto es que tratándose de notarios, entre medio de esta suerte de juego del comprahuevos está la eterna duda de cuánta presión, a su vez, aplican realmente los afectados de esta película haciendo lobby o intercediendo ante los parlamentarios o ante el Ejecutivo. Hechas las consultas esta mañana, en la cartera algunas voces dicen que no habría sospechas de que eso esté incidiendo. Pero el mismo Larraín ya lo denunció en enero del año pasado, cuando dijo en esta entrevista que “hay un lobby feroz para impedir cambios fundamentales en este proyecto”. Cuando le inquirieron más, agregó que “me imagino que serán algunos de ellos los que están detrás de esto. Algo hemos oído de comidas, actuaciones e informes, no tenemos claro exactamente qué es lo que hay, pero sí advertimos esa presión”.

Tampoco fue posible consultarle hoy al ministro si tuvo entonces o ha tenido en estos meses más indicios, oídas o certezas de que eso ocurra.

En Justicia afirman que Larraín solo recibió y concedió tres audiencias a la Asociación de Notarios y Conservadores el 2018, después del anuncio del envío de la reforma y antes de que se tramitara. Entre algunos de la Comisión de Constitución dicen que últimamente no han recibido peticiones ni ha habido lobby de los notarios porque el proyecto no avanza. Pero en otros sectores del Congreso afirman que si bien las plataformas de lobby han registrado pocas audiencias, los notarios sí han hecho sentir su presencia varias veces y que han pedido mayor o menor éxito audiencia a los parlamentarios.

Con todo, en ese ministerio precisan que esperan que se retome la reforma a los notarios no de inmediato, sino que después de que se termine de despachar la Ley de Presupuestos del 2022.