La lenta reconstrucción a nueve meses de los megasiniestros del sur

En lo que va de 2023 el país ha tenido que enfrentar tres grandes catástrofes naturales, las que afectaron a siete regiones. Primero, los incendios forestales de febrero; luego, las lluvias e inundaciones por el sistema frontal que golpeó la zona centro-sur en junio, y en agosto, otro frente con precipitaciones inusitadas y que provocaron desbordes de ríos y canales. Los tres eventos dejaron 67.418 damnificados (7.835 por los incendios, 21.243 por las lluvias de junio y 38.340 por el agua de agosto) y miles de casas destruidas o con daños que mantienen la seguridad y el devenir de las familias en vilo hasta hoy.

Y aunque el gobierno del Presidente Gabriel Boric se autoimpuso plazos para la reconstrucción, a nueve meses de la primera catástrofe las obras definitivas avanzan más lento de lo previsto. Sin ir más lejos, recién el pasado viernes 3 de noviembre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) entregó la primera vivienda definitiva en la comuna de Santa Juana, sector de la Región del Biobío golpeado por tres olas de incendios que arrasaron con 80 mil hectáreas y más de 14.500 damnificados.

Según datos a los que tuvo acceso La Tercera, la reconstrucción por los incendios de febrero de este año ha visto concretar 72% de los proyectos iniciados en la Región del Biobío, 17% en Ñuble y 11% en La Araucanía. Y considerando solo el ítem referido a la reconstrucción por incendios, del total de proyectos que han iniciado sus obras solo 23% se encuentran terminados y otro 77% en ejecución. Esto, pese a que en un principio las autoridades señalaron en mayo de este año que las viviendas definitivas debían estar entregadas en cerca de cinco meses. “Se espera que las viviendas definitivas estén entregadas en un plazo de 180 días corridos y que, finalmente, sea una solución a cientos de familias que lo perdieron todo en los primeros meses de este año”, comentó en ese momento la delegada presidencial Daniela Dressner.

Un panorama distinto se ha visto con las viviendas de emergencia -a cargo del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred)-, las que hasta la fecha cuentan con un 100% de su instalación, es decir, 1.822 viviendas. De estas, Ñuble y La Araucanía tienen el 100% de las viviendas instaladas con su respectiva recepción conforme, mientras que la región del Biobío, actualmente tiene 1.255 instaladas con su respectiva recepción conforme.

El Minvu apunta a diferentes particularidades que han ralentizado la entrega y término de las construcciones, como por ejemplo problemáticas en disponibilidad de suministro de agua que han complicado contar con resoluciones sanitarias; dispersión de viviendas damnificadas producto de la ruralidad, o difícil acceso a algunas zonas, entre otras causas.

“Es importante considerar que los plazos de construcción de una vivienda, en términos generales, demoran alrededor de 18 meses, mientras que la obtención de permisos de edificación y de recepción de obras de la DOM tardan en total cerca de tres meses”, señalan desde la cartera.

Pero a la reconstrucción por los incendios también se sumó la catástrofe de las inundaciones y lluvias de junio y agosto, que dejaron a más de 50 mil personas damnificadas. Es más, debido a la magnitud del evento el Presidente Boric designó a la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, como encargada de la reconstrucción.

Ante las megalluvias de junio, la figura tiene algunas particularidades, puesto que también se consideraron ayudas económicas, donde el Minvu ya asignó 84% de los subsidios para las viviendas damnificadas, mientras que para las viviendas categorizadas con daño leve se asignaron 4.710 tarjetas de banco de materiales, llegando al 90% del universo catastrado.

Mientras, para atender la emergencia de agosto la cartera catastró a las familias afectadas según la ficha FIBE para así entregar montos entre 20 UF y 50 UF, los que podrían ser utilizados para comprar materiales y reparar sus propias viviendas, y en paralelo a la entrega del beneficio económico los equipos del Minvu iniciaron el catastro de viviendas dañadas por el sistema frontal de agosto, acción que se encuentra aún en curso, con un 90% de avance.

No obstante, desde Senapred confirman que la instalación de viviendas de emergencia avanza de manera positiva. Respecto a las edificaciones solicitadas por la emergencia de junio, la entidad registra un 98,73% de avance. Es decir, se han entregado 310 viviendas de las 314 solicitadas por los distintos municipios afectados. Mientras que respecto a las viviendas de emergencia solicitadas luego de las inundaciones de agosto, Senapred sostiene que el 90% de estas se encuentran validadas para su instalación.

Más detalles que esos no han sido entregados por el Minvu.

Pero pese a las inversiones anunciadas, alcaldes de las zonas afectadas por las megainundaciones sostienen que a dos meses de la tragedia los recursos prometidos no han llegado a las comunas solicitantes. El alcalde de Pelarco, Bernardo Vásquez (UDI), afirma que en su caso el gobierno comprometió recursos a través del decreto de Estado de Emergencia, “pero hoy día tenemos claro que el Estado de Emergencia solamente indica que tenemos que mandar papeles, hacer gestiones administrativas, pero no tenemos ninguna ayuda. La única ayuda que nos ha llegado son sacos de carbón, cajas de alimentos, que hoy día es una muy mala política pública”, sostiene.

Además, durante la contingencia los municipios aseguran que se vieron obligados a utilizar recursos propios para arreglo de caminos, intervención de sistemas de tuberías, habilitación de albergues y contratación de maquinaria, pero con el compromiso de ser reembolsados. Esto, aseguran, aún no ocurre.

“Nuestra comunidad nos comenta que sí les llegaron los bonos del gobierno para comprar sus materiales y reconstruir sus casas, pero ahora se encuentran con el problema de que no cuentan con recursos para contratar gente que pueda hacer el trabajo. ¿De qué sirve? Aquí la reconstrucción quedó en el pasado, ya nadie habla de ella”, sentencia Vásquez.

Por su parte, el alcalde de Coltauco, Félix Sánchez (RN), critica la poca eficacia del delegado presidencial de la Región de O’Higgins, Fabio López, señalando que “desde el gobierno central no nos han entregada ningún beneficio estatal para financiar los trabajos realizados por proveedores durante los meses de junio y agosto”. En ese sentido, asegura que las empresas “no quieren seguir trabajando con nosotros hasta tener la seguridad de que les paguemos”.

“No se han entregado la totalidad de viviendas de emergencia de las inundaciones. Además, lo que más nos importa es que se repare la ladera del río Cachapoal, pero hasta el momento el Ministerio de Obras Públicas no ha hecho una bajada de los trabajos que se van a realizar, y si esos trabajos no se ejecutan, en abril vamos a tener de nuevo un desborde”, finaliza Sánchez.

Desde la Dirección de Presupuesto (Dipres) confirman que dentro del Presupuesto van incorporados cerca de US$ 800 millones para la reconstrucción de incendios y lluvias, los que se traducirán en la reconstrucción de infraestructura del borde costero, hidráulica, vial y servicios; recuperación reproductiva, habitabilidad, y sustentabilidad y bienestar integral.

Para esto, el gobierno presentó este miércoles el Plan de Recuperación y Reconstrucción que aborda esas cuatro dimensiones y que en pesos tiene un costo total de $695 mil millones, con medidas a corto, mediano y largo plazo. El plan considera un trabajo articulado entre el sector público y privado y la coordinación entre los 24 ministerios.

La ministra Toro resaltó que “este plan es fruto de un trabajo intersectorial que busca implementar soluciones inmediatas y al mismo tiempo duraderas y entregar certezas, para que las familias y las comunidades afectadas puedan retomar la funcionalidad de sus vidas, sus proyectos y actividades, con medidas que se hacen cargo de los distintos efectos de estas inundaciones y que consideran factores tan importantes como el cambio climático, para que sean respuestas sostenibles en el tiempo”.

En tal sentido, se detalló además que serán los seremis los que tengan las principales responsabilidades en esta reconstrucción, entre los del MOP, de Minvu, de Economía y de Agricultura, coordinados por los gobiernos regionales.

En detalle y con un costo de $555.055.596.000, el eje de infraestructura habilitante considera la reconstrucción y recuperación de infraestructura del borde costero, hidráulica, de riego, vial y de servicios; en materia de recuperación productiva, el plan contempla $108.119.661.000 para la promoción y protección del capital de trabajo, la autonomía económica y la actividad silvoagropecuaria, comercial y turística; mientras que el eje de habitabilidad destinará $30.542.238.000 para la regularización de títulos de dominio, la reparación y reposición de viviendas, el acceso a viviendas de emergencia y la reparación y reposición de áreas verdes, espacios públicos e infraestructura local. Además, el plan considera destinar $1.502.060.000 en materia de sustentabilidad y bienestar integral al acompañamiento psicosocial y a implementar mejoras en la gestión de riesgos de desastres con evidencia científica.