La Moneda busca alinear vocerías del oficialismo y envía minuta descartando “efecto llamado” del proceso de regulación migratorio

El caos por la confusión sobre el supuesto empadronamiento de extranjeros irregulares en las afueras del Estadio Víctor Jara del lunes, junto a la apertura del gobierno sobre una regularización acotada de migrantes, mantiene intranquila a La Moneda, la que se ha llenado de críticas por el procedimiento.

A las múltiples declaraciones que diversas autoridades del Ejecutivo han tenido que salir a entregar para intentar contener los cuestionamientos, en una búsqueda por aclarar la situación, se sumó una intervención de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno (Secom), a la que tuvo acceso La Tercera.

Se trata de las habituales minutas que genera el departamento liderado por Pablo Paredes (FA), que tienen por objetivo alinear las vocerías que se den entre parlamentarios y autoridades oficialistas sobre un determinado tema.

Esta vez el ruido ha sido tal que el documento, con fecha 17 de diciembre, sugiere tres declaraciones sobre empadronamiento y regularización.

Así, recomiendan que quienes hablen del tema puedan descartar especulaciones sobre el “efecto llamado” que tendría un eventual proceso de regularización, porque dicho proceso sería solo para quienes participaron del empadronamiento que culminó en febrero de este año.

“No habrá efecto llamado porque lo que estamos estudiando es que puedan acceder a una eventual regularización solo personas que ya participaron del proceso de empadronamiento, que terminó en febrero de 2024. Por tanto, no puede ocurrir ningún efecto llamado porque ese proceso está cerrado”, sostiene el texto.

Junto a ello, se sugiere enfatizar que el gobierno, en todo momento, ha planteado que serán regularizadas las personas que cumplan con requisitos como no tener antecedentes penales, arraigo en el país y haberse empadronado voluntariamente. Y agregan que han descartado amnistías generales como lo hizo el gobierno anterior.

“Se ha descartado regularizar a través de amnistías generales como las que se han hecho en otros momentos. Precisamente en el gobierno anterior se hizo un proceso de ese tipo”, dice el escrito.

Por último, otra cuña que buscan se instale son los datos duros respecto a la gestión del Ejecutivo. Por lo mismo, la minuta detalla que a noviembre de este año los ingresos irregulares al país disminuyeron en 37% en relación al año pasado, 48% al compararlo con 2022 y 49% respecto a 2021.

Toda esta situación no ha sido para nada fácil de manejar en La Moneda. Sus autoridades han tenido que salir a aclarar y explicar, en más de una ocasión, esta apertura que mostraron a la idea de hacer una regularización acotada, sumado a lo ocurrido a principios de semana.

Este miércoles, por ejemplo, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), fue consultada por el tema durante una actividad relacionada con la evasión en el transporte público. Su respuesta, de hecho, fue en la línea de lo que Secom envió como insumo a los parlamentarios.

Le preguntaron por el detalle del proceso y las críticas que han recibido, y respondió que “el gobierno no ha hecho ningún anuncio, ninguno. El gobierno siempre ha dicho y ha mantenido, y su línea en este sentido no ha cambiado en lo más mínimo, que no va a haber a diferencia de lo que pasó en la administración anterior una amnistía general a personas irregulares en el país”.

Y agregó: “(El gobierno) también ha dicho que el proceso de empadronamiento no es una regularización y siempre ha dicho que cuando haya una regularización el primer requisito va a ser estar empadronado, pero no va a ser el único requisito”.

Pese a los intentos de La Moneda, no todos están alineados. Horas después de la declaración de Tohá, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, confirmó que en el comité político ampliado del lunes plantearon que “consideramos como radicales que el proceso de regularización es una etapa valorada que tiene que hacerse para realizar todo el ordenamiento que hay en materia de migraciones, y esto tiene que ser acompañado necesariamente con otras medidas”.

Y añadió: “Qué importante que el subsecretario (Cordero) reconozca que hay una confusión, porque eso nos obliga a ser más claros con la ciudadanía, y yo creo que la primera obligación es pedirles a nuestras propias autoridades, entonces, si se reconoce que esto puede generar confusión, es que se aclare debidamente para justamente impedir que estas situaciones sean malinterpretadas por otros sectores políticos y menos también por los inmigrantes para estos efectos”.

Uno de los críticos en el oficialismo ha sido el diputado y candidato presidencial del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, quien aseguró en Radio Pauta que la iniciativa “la miro con cierta distancia porque me preocupa cuáles son los efectos no deseados que podría producir una política como esta”.

También recordó lo que pasó en el recién pasado gobierno de Sebastián Piñera: “Lo que me preocupa es la señal general, esto puede producir un efecto Cúcuta, y eso puede ser muy malo porque Chile ya copó la capacidad de recepción de migrantes”.