La nueva batalla de Maipú: la acusación por un millonario fraude municipal que complica a la exalcaldesa Cathy Barriga

Ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago se tramita una querella que complica a la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, en la que la actual administración la acusa de estar detrás de un millonario fraude al Fisco con un perjuicio fiscal de al menos $ 21 mil millones de pesos, según se lee en el escrito presentado ante la justicia y que de ser declarado admisible redundará en la apertura de una investigación penal por parte de la Fiscalía Occidente. Las acusaciones contra la exjefa comunal, quien ocupó el cargo entre 2016 y 2021, apuntan a que tras una auditoría se detectó una irregular forma de operar con dineros fantasmas y presupuestos inflados.

Los abogados Marcos Contreras y José Pedro Silva, del estudio BACS, en representación de la nueva administración de la Municipalidad de Maipú, atribuyen a Barriga un rol activo en crear un mecanismo que determinó un millonario desfalco. “La querellada ideó, diseñó e implementó una minuciosa estructura orgánica y funcional que le permitió vulnerar todos los mecanismos de control que la ley contempla para la correcta utilización de los recursos públicos”, se lee en el libelo. Dicha situación, según sostienen, habría ocurrido al tercer día de asumir su cargo, es decir hace más de cinco años.

En la querella, además, se detalla que Barriga habría creado tres figuras contrarias al ordenamiento jurídico que posibilitaron la comisión de diversos ilícitos al interior del municipio: la supuesta delegación de firma, reasignación de facultades financieras y redistribución de competencias entre funcionarios de confianza.

¿Cómo operó esto? Según los querellantes, en primer lugar se habría utilizado la figura de la delegación de firma con “facultades e incluso reorganizar la administración del municipio a espaldas del concejo”. Este proceso, denuncian, infringe la ley, ya que no se podría modificar la distribución de competencias de las unidades del municipio, cuyas atribuciones están fijadas en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

También se alega que se realizó una modificación de la disponibilidad presupuestaria, de manera de “comprometer mayores recursos que los verdaderamente disponibles al momento de suscribir nuevas obligaciones, de reasignar el presupuesto municipal a espaldas del concejo y de, en algunos casos, desviar fondos sin dejar registro sobre su destino.”, consigna el documento.

Se indica que, dada la prolijidad del mecanismo de defraudación, es necesario esclarecer si parte de esos recursos, además, fueron a parar al patrimonio de la querellada o de sus colaboradores más cercanos.

Según la acción criminal, los gastos obligados por el municipio superan con creces los que efectivamente se pudieron pagar año a año, generando una diferencia negativa en las obligaciones anuales que fueron desde los -10.572.404.246 el año 2017 hasta -3.042.303.534 al año 2020. “Esto sin considerar aquellos gastos que no se ingresaban al sistema ni al presupuesto”, indican los abogados en el documento.

Durante los años 2018 y 2019 asumió la Dirección subrogante de Control de la Municipalidad de Maipú María Isabel Palma Barros, quien pertenecía al círculo de confianza de la exalcaldesa, y quien ya durante el año 2017 había ejercido como subrogante en la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) del municipio. En el libelo se apunta a que ella en su primer informe trimestral sobre ejecución presupuestaria del último trimestre de 2017, de fecha 28 de marzo de 2018 -mientras ella ejercía como DAF-, concluyó: “Gastos e ingresos se encuentran en perfecto equilibrio”. Sin embargo, advierten los acusadores, solo para dicho año el déficit municipal ascendía a -10.730.318.748.

Luego, se relata en la querella, asumió en la Dirección de Control Sergio Peña Villagrán, quien cuando tomó posesión del cargo expuso en su informe del 29 de mayo de 2020 lo siguiente: “Déficit presupuestario de $ 1.017.515. Gastos sin financiamiento por $ 7.885.464. Vulneración grave al principio contable devengado. Instruye auditoría focalizada”. La misma conclusión habría dado en todos los informes sucesivos, situación que le informó a la exalcaldesa Barriga, ante posibles irregularidades que existían en la contabilidad financiera del municipio. Esto sin tener respuestas.

Más tarde, en 2021 asumió el cargo de director de Control Cristián Rubio Carvajal, quien nuevamente pudo constatar las irregularidades advertidas por el exdirector Sergio Peña, así constató un déficit presupuestario para el primer trimestre de 2021 de $ 3.985.879, esto sumado a las irregularidades en los principios contables y a las nuevas inconsistencias en la información enviada por la DAF. Para el segundo trimestre de 2021, correspondiente al último periodo de ejercicio por la administración de Barriga, se computó un déficit por parte de la Dirección de Control ascendente a $ 21.692.233.378.

Otras de las irregularidades que se detectaron por parte del actual alcalde de Maipú y que deberán ser investigadas por el Ministerio Público es la situación del secretario comunal de Planificación que, con las modificaciones introducidas por la exalcaldesa, pasó a aprobar modificaciones presupuestarias, elaborar el presupuesto municipal en torno a: bienes y servicio de consumo, transferencias corrientes, adquisición de activos no financieros, iniciativas de inversión. Así como su control y cumplimiento, y dictar decretos y actos administrativos necesarios para cursar modificaciones presupuestarias dentro de un mismo ítem y la creación de cuentas asociadas. Todo esto con funciones que por ley no recaían en este funcionario.

Las funciones descritas, se lee en la querella, son propias de la Dirección de Administración y Finanzas, siendo el órgano que por ley debe efectuar las modificaciones, suplementaciones y/o movimientos presupuestarios y, de otro, se entorpece la función fiscalizadora de la Unidad de Control Financiero

Otro caso que se describe es la situación del administrador municipal, a quien, con las modificaciones introducidas, se le permitía dictar pago de bienes y servicios mayores, ordenar adquisiciones de bienes muebles y contrataciones en situaciones de calamidad pública, suscribir, modificar y poner término a los contratos del personal a honorarios, entre otras facultades. De ser cierta la situación, advierten los acusadores, nuevamente se revela una irregularidad, ya que no se trata propiamente una delegación de firma, sino que más bien de una delegación de facultades.

Un dato no menor que aparece en el documento es sobre la alta rotación en el personal de su exclusiva confianza. A modo ejemplar, entre los años 2016 y 2021, Barriga tuvo 14 administradores municipales y 11 secretarios de planificación municipal.

La parte querellante solicitó como diligencia despachar una orden de investigación para la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana. Junto con investigar a la exjefa comunal, se solicita tomar declaración como testigos de 13 funcionarios que hasta hoy cumplen funciones en el municipio y de 18 exfuncionarios que realizaron cargos de jefatura y confianza.