“La sanción resultaría desproporcionada”: La Moneda blinda a Crispi en respuesta ante Contraloría y evita explicar por qué no asistió a la Cámara

Cinco días le dio Contraloría al gobierno para responder por qué el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD), se había negado a comparecer ante la comisión de la Cámara que indaga los millonarios traspasos de fondos desde organismos públicos a fundaciones, ya que la instancia -ante su inasistencia- estaba solicitando una sanción administrativa. El plazo fatal vencía el martes y fue, justamente, ese día que la respuesta ingresó a la oficina de partes de Teatinos 56.

A grandes rasgos, el libelo representa un blindaje de La Moneda al exsubsecretario: lo apoya y justifica en su decisión de no asistir ante los fiscalizadores. Sin embargo, en siete páginas del documento -al que accedió La Tercera- en ningún momento se responde a la pregunta que el propio contralor Jorge Bermúdez lanzó en la Cámara de Diputados y que era el porqué el Gobierno cree que Crispi está exento de fiscalización.

De hecho, el 17 de octubre la autoridad dio un duro golpe al gobierno, tras sostener que a su juicio todo funcionario público debía asistir a citaciones del Congreso. “Como Contraloría hemos recibido ya varias presentaciones a propósito de cuál es la situación que tiene el jefe de la asesoría de la Presidencia, lo que comúnmente se denomina como el jefe del Segundo Piso. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es darle traslado a esa persona para que nos diga por qué razón estaría exceptuado de este control, por qué razón esta persona no tendría que comparecer a esta comisión y por qué no estaría sometido a este control propio de un Estado democrático”, dijo.

La postura de Bermúdez descolocó al gobierno, pues derriba su primera tesis: Crispi era funcionario a honorarios y no a contrata del Estado, por lo tanto, no le correspondía asistir. Luego, fue el propio ministro de Justicia, Luis Codero, quien entregó otro argumento: “Nosotros creemos que tenemos que distinguir si hay obligación de comparecencia o no, y si hay obligación de comparecencia, respecto de qué asuntos en el caso de asesor de una Presidencia está obligado por ley a prestar testimonios, y en qué casos por razones de lo que se discute en la Presidencia no está obligado a prestar declaraciones”, dijo.

Pese a esto, por qué Crispi no aceptó la citación de la comisión investigadora no fue abordado en la respuesta de La Moneda, ni menos se profundizó en los argumentos que vertieron antes de que finalmente cediera a la presión de concurrir al Congreso. El oficio está acotado al debate sobre la posible sanción, y no sobre el estatuto administrativo que tienen los asesores del Presidente.

En su contestación, firmada por Mario Delcarpio, director administrativo (s) de Presidencia, comienza explicando que “se ha solicitado informar al tenor de la presentación formulada por el señor Juan Carlos Herrera Infante, abogado secretario de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos de gobierno relacionados con la transferencia de fondos realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En su presentación, solicita al Órgano Contralor tenga a bien iniciar el procedimiento sancionatorio regulado en el artículo 10 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, por hechos relativos a la asistencia del señor Miguel Crispi Serrano, jefe del equipo de asesores del Presidente de la República, a la Comisión Especial Investigadora previamente referida”.

Luego de hacer un repaso sobre las facultades de las comisiones investigadoras y el rol de lo que indaga el caso líos de platas, en el documento ingresado por el gobierno explicaron que fue el viernes 28 de septiembre que se remitió al jefe del equipo de asesores del Presidente de la República una citación a la sesión ordinaria del 2 de octubre con el “propósito que proporcione los antecedentes que obran en su poder en relación con los mandatos refundidos conferidos por la sala a esta comisión”.

Sin embargo, La Moneda argumentó ante la Contraloría que esa vez Crispi no pudo concurrir, pues “la poca anticipación con la que fue requerida su presencia fue ponderada por varios integrantes de la comisión, estimando insuficiente el tiempo que medió entre el envío de la citación y la realización de la sesión”.

El 3 de octubre lo volvieron a citar, pero el militante RD y asesor del Presidente Gabriel Boric reiteró la negativa. Según el oficio entregado a Contraloría, “lamentablemente, al señor Crispi tampoco le fue posible participar en esta oportunidad, por lo que, junto con remitir la excusa correspondiente, concurrió a proporcionar antecedentes, por sí y por escrito, relativos a lo requerido por la comisión mediante un informe que fuera enviado con fecha 11 de octubre del año 2023″.

El escrito que mandó el exsubdere también fue expuesto ante Bermúdez: “El documento remitido por el señor Crispi se refirió a las declaraciones que prestó el gobernador de Antofagasta, señor Ricardo Heriberto Díaz Cortés, en sesión de fecha 25 de septiembre del año 20237 e informó detalladamente de los antecedentes requeridos. En particular, se explicó el proceso de validación técnica de la Fundación ProCultura, incluyendo la revisión de antecedentes, la evaluación de la entidad en base a criterios determinados y el envío de un informe que contiene la evaluación técnica de la misma”.

También, el Ejecutivo expuso que al revisar las 66 Comisiones Especiales Investigadoras creadas desde el 11 de marzo de 2018 y que a la fecha tienen informe final, es posible observar que al menos en 50 de ellas se han presentado antecedentes y respuestas por escrito mediante las cuales diversas personas, servidores públicos y órganos de la administración han colaborado con la Cámara de Diputados.

Con este antecedente, sumado a que el jefe de asesores de La Moneda ya adelantó a la comisión que concurrirá a su tercera citación -fijada para el 6 de noviembre-, el gobierno argumentó que “habiéndose cumplido la finalidad de la norma la aplicación de la sanción resultaría inoportuna y desproporcionada”.

En esa misma línea, explican a Contraloría que “la Honorable Cámara recibió y recibirá aquella información relevante para el ejercicio de las facultades fiscalizadoras que le confieren la Constitución y la ley sin que se pueda considerar frustrado el ejercicio de las potestades de las diputadas y diputados”.

De esta manera, luego de 23 días, La Moneda finalmente cede a los requerimientos de la comisión, pero sobre todo ante el inesperado golpe asestado por Contraloría. Miguel Crispi se prepara, ahora, para enfrentar al Congreso.