Tormenta perfecta: secuelas del “sexto retiro” enredan renovación de autoridades de la Cámara y agitan acusaciones constitucionales

Una seguidilla de gestos sorpresivos hicieron las bancadas de oposición la semana pasada a la diputada independiente Pamela Jiles en la fase final de discusión del llamado “sexto retiro”.

Todos estos favores de la derecha tenían un objetivo estratégico: tender puentes con sectores no alineados -que no se inscriben dentro del oficialismo ni tampoco se definen de derecha-, que mayoritariamente han sido partidarios de los giros previsionales y que serán decisivos para un conjunto definiciones políticas trascendentales que se avecinan para la Cámara, entre ellas, la renovación de la mesa directiva de la corporación y las acusaciones constitucionales en ciernes, como la que se presentará esta semana contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila (RD).

Uno de estos gestos fue protagonizado por el jefe de bancada de Evópóli, Francisco Undurraga, quien asistió a la Comisión de Constitución de la Cámara, el martes pasado, a deslizar que -tal como el gobierno los había criticado por negarse a legislar sobre la reforma tributaria-, su sector perfectamente podría ceñirse a ese argumento para abrirse a discutir un nuevo retiro de ahorros.

Aunque mayoritariamente los legisladores de RN, Evópoli, la UDI y del Partido Republicano al final no votaron a favor del nuevo rescate desde los fondos de pensiones, la jugada de Undurraga buscaba hacerle un guiño a Jiles y, de pasada, horadar la confianza de La Moneda, que ese día había acelerado la tramitación “sexto retiro” con el fin de darle una rápida sepultura al tema, al menos por un año.

Al día siguiente, el miércoles en la mañana, las bancadas opositoras hicieron otro acto en favor de los partidarios del retiro. En la reunión de jefes comités, acogieron el reclamo de Jiles sobre supuestos vicios de ilegalidad en la tramitación y le pidieron una aclaración a la Comisión de Constitución para que precisara el contenido de la reforma, que fusionaba en total nueve mociones distintas. Ello obligó a que la instancia, que preside el diputado socialista Raúl Leiva, sesionara de urgencia e incluyera numerales con cada una de las mociones.

Ese movimiento tensionó aún más el debate, ya que permitió a los promotores del retiro exponer con mayor fuerza su molestia con el gobierno. Incluso, estos legisladores, a pesar de haber perdido la votación, advirtieron que intentarán recurrir al Tribunal Constitucional para denunciar los eventuales vicios en la tramitación de esta reforma.

Como gesto adicional, varios dirigentes de la derecha, entre ellos los jefes de bancada de la UDI y RN, Guillermo Ramírez y Frank Sauerbaum, respectivamente, se restaron de la sesión del miércoles en la tarde. Ese día, hubo cerca de 20 pareos y el resultado final fue más estrecho de lo esperado (aun cuando el quórum de 89 votos de todos modos era inalcanzable).

Entre los grupos no alineados figuran la misma Jiles y el diputado René Alinco con quien conforma una bancada. También en la misma categoría están los diputados del PDG (Rubén Oyarzo, Karen Medina, Gaspar Rivas y el independiente asociado Francisco Pulgar) y del Centro Democrático Unido (Miguel Ángel Calisto, Joanna Pérez, Jorge Saffirio y Erika Olivera).

Los partidos tradicionales de derecha, además, hace meses vienen fortaleciendo lazos con la bancada Independiente Social Cristiana, en la que participan exmilitantes del PDG (Yovana Ahumada, Víctor Pino y Roberto Arroyo), los independientes Enrique Lee y Gloria Naveillán y las diputadas evangélicas Francesca Muñoz y Sara Cocha (ambas afiliadas al nuevo Partido Social Cristiano). De hecho, estas dos últimas fueron las primeras en promover la acusación en contra de Ávila, en rechazo a los programas de educación sexual del Ministerio de Educación.

Este cuadro de tensiones que dejó el sexto retiro, entre diputados no alineados y el oficialismo, genera un escenario de alto riesgo para las fuerzas de gobierno.

De partida, si se presenta la acusación contra Ávila la próxima semana, se estaría votando en la sala de la Cámara a inicios de julio, justo en el período en que el actual presidente de la corporación, Vlado Mirosevic (liberal), pretendía presentar su renuncia para dar paso al proceso de renovación de autoridades. Ello podría entrelazar ambas definiciones.

Para evitar ese cruce de votaciones, Mirosevic podría postergar su dimisión, prevista para después de la cuenta pública del Congreso, el 4 de julio.

Sin embargo, el problema se acentuó el fin de semana, porque el vicepresidente de la Cámara, Carlos Bianchi, anticipó su dimisión a la mesa -la que se votará este miércoles-, por lo que su reemplazo se transformará en la primera medición fuerzas entre el oficialismo y la oposición para resolver qué bloque se quedará con el control de esta rama del Congreso.

Incluso, aunque Mirosevic no renuncie, la oposición podría impulsar una censura para forzar su salida. De hecho, los promotores de los retiros, dieron algunas señales en ese sentido, al acusar al presidente de la Cámara de haber validado los supuestos vicios en la tramitación del nuevo fallido giro previsional.

Los problemas para el Ejecutivo no terminan allí. La bancada de la DC, que ha dejado abierta la posibilidad de apoyar el libelo contra Ávila, está presionando para asumir en la presidencia de la Cámara, sin embargo, las dos posibles cartas de la Falange, los diputados Ricardo Cifuentes y Eric Aedo, no logran convencer plenamente a las bancadas oficialistas.

Adicionalmente, el comité del Partido Republicano anunció la presentación de una acusación contra la ministra de Salud, Ximena Aguilera, si es que hoy no presenta su renuncia el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, en vista de los cuestionamientos a su gestión de camas críticas en medio del alza de enfermedades respiratorias.

Hasta hoy al mediodía la presión para pedir la salida de Araos iba en ascenso y más bancadas se estaban sumando a esa exigencia, incluso, abriéndose a apoyar un libelo contra Aguilera (en vista de que los subsecretarios no pueden ser acusados constitucionalmente).