La trama judicial del alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, acusado de lavado de dinero, cohecho y enriquecimiento ilícito, está lejos de terminar. Ahora el exsocialista y actual independiente presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para evitar ser formalizado el próximo lunes 5 de julio por el Ministerio Público en el 15º Juzgado de Garantía de Santiago.

Se trata del último intento del jefe comunal para no perder la alcaldía, y de manera “urgente” solicitó la suspensión del proceso judicial que sustenta la fiscalía en su contra por presuntos delitos de corrupción. Esto en una indagatoria que involucra también al exconcejal José Miguel Zapata, quien fuera detenido en el aeropuerto de Santiago en septiembre, cuando se disponía a dejar el país junto a su familia rumbo a Canadá. Además del exfuncionario municipal, Daniel García Vega, quien según la investigación, registró depósitos millonarios a Aguilera durante los años 2013 y 2017.

En su presentación, el alcalde de San Ramón solicitó al TC suspender el procedimiento penal en su contra. “La no concesión de esta petición acarrearía la inutilidad del requerimiento y la imposibilidad de llevar a cabo lo que en él se decida”, explicó su defensa en un requerimiento presentado el pasado viernes 25 de junio y que cuenta con 14 páginas.

A modo de fundar su solicitud, el alcalde de San Ramón pidió al tribunal que declare la inaplicabilidad del Artículo 241 bis del Código Penal en su caso, impidiendo que la fiscalía le impute el delito de enriquecimiento ilícito. Ello en una trama que involucra -según sus detractores- denuncias por narcotráfico e irregularidades en la última votación en que resultó electo.

Se trata de una jugada que genera preocupación entre sus opositores, ya que en caso de ser declarado admisible su requerimiento, el TC procedería a suspender el proceso penal en su contra.

Para la defensa del cuestionado jefe comunal, el Ministerio Público vulnera los principios de “legalidad o reserva legal y tipicidad” al imputar el delito de enriquecimiento ilícito, tipificado en el Artículo 241 bis del Código Penal, lo que implica “una infracción a lo dispuesto en el Artículo 19 numeral tercero inciso octavo y final de la Constitución Política de la República”.

Para la defensa de Aguilera la fiscalía “violenta la presunción de inocencia y en definitiva se altera la carga de la prueba, lo cual representa una infracción a lo dispuesto en el Artículo 8.2. de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Artículo 14.2. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos en relación al inciso segundo del Artículo 5 de la Constitución Política de la República”.

“El defecto más significativo del delito de enriquecimiento ilícito radica en la indeterminación de la o las conductas sancionadas que al final del día integran este tipo penal, lo que viene a representar un atentado al principio de legalidad y/o reserva legal en materia penal, a lo que habría que agregar, como consecuencia de la total desvinculación entre castigo y conducta, el abandono de un derecho penal de acto, toda vez que una sospecha delictiva genérica es, en definitiva, una sospecha sobre la calidad de delincuente y no sobre un delito determinado”, resaltó.

“No se aprecia obstáculo alguno que se oponga a la procedencia de la suspensión del procedimiento”, remató.

Sin embargo, la arremetida de Aguilera en el TC viene precedida de un revés procesal en el 15º Juzgado de Garantía de Santiago. La semana pasada, por medio de un escrito presentado al tribunal recusó al juez René Cerda Espinoza, asegurando que éste al adelantar la audiencia de formalización que originalmente estaba fijada para el día 21 de junio, emitió un juicio de valor sobre el caso.

Para sus abogados, el “juez Cerda Espinoza acoge y asume como ciertas las afirmaciones, falaces e injuriosas” que, a su juicio, expresó el abogado Ignacio Ried, quien representa al candidato a alcalde de San Ramón Gustavo Toro (DC), que perdió la primera elección y resultó segundo con una diferencia de 749 votos. Se trata de un firme detractor de Aguilera y quien promovió la realización de nuevas elecciones.

En efecto, el cuestionado jefe comunal ganó la última elección con un total de 8.342 votos. En segundo y tercer lugar quedaron: Toro con 7.593 votos (21,83%) y Miguel Ángel Bustamante 6.459 votos (18,57%), de Convergencia Social.

En su presentación, el alcalde Aguilera añadió que el día 8 de mayo de 2021 el magistrado en la audiencia en que se formalizó y se debatió sobre la medida cautelar de prisión preventiva en contra de José Miguel Zapata Vergara -otro de los imputados- “dio por establecidos los presupuestos materiales de los delitos de cohecho, imputados al señor Zapata Vergara, y con ello se pronunció respecto de uno de los elementos fácticos que involucrarían presuntamente la participación de nuestro representado”.

Sin embargo, el magistrado desestimó los argumentos vertidos por la defensa de Aguilera, señalando que por ahora sigue pendiente la audiencia de formalización de Aguilera Sanhueza por parte del Ministerio Público.

Para el magistrado, “de aceptarse la interpretación propuesta se llegaría al absurdo de que en cada causa con más de un imputado al dictaminar sobre las cautelares del primero habría que inhabilitarse respecto de los restantes. Resolviendo un juez diferente por cada uno de ellos”.

En paralelo, el alcalde Miguel Ángel Aguilera interpuso una querella por injurias graves con publicidad en contra del concejal DC Gustavo Toro por las declaraciones que emitió a El Mercurio en una entrevista publicada el pasado 13 de junio. En dicha entrevista, Toro afirmó que Aguilera les envió a sus operadores para cooptarlo en la red de corrupción, entre ellos a su “exjefe de seguridad (…); él compraba balas para los narcos (…). Yo entendí que me querían comprar”. “Y creo que Aguilera va a pasar a la historia como el personaje que abrió las puertas a la narcopolítica en Chile”, indicó en aquella instancia.

Según la querella, Toro actúa con “animadversión” en contra de Aguilera, porque no logró ser elegido como alcalde en las últimas elecciones. “Este delito no pudo haber sido cometido sino en desprecio de las ideas políticas de nuestro representado y así lo demuestran las expresiones”, consignó la acción que se tramita en el 4º Juzgado de Garantía de Santiago.

¿Qué pasa si Aguilera queda en prisión preventiva el próximo lunes? ¿Podría hacer campaña desde la cárcel?

El abogado del querellante Gustavo Toro, Ignacio Ried, respondió: “Creo que la situación para él se vuelve insostenible. La elección fue anulada y el fallo del Tricel lo sindica directamente”.

“Ahora se le formalizará una investigación por delitos graves relacionados a su gestión. A estas alturas, insistir en ganar la elección, en un contexto en que se le va a formalizar y puede quedar con cautelares intensas, es insostenible”, remató.