Las claves para entender los cambios a la Ley de Amnistía en España que traen de regreso a Puigdemont

A poco más de un mes de que Junts per Catalunya, el partido catalán que ha izado la bandera de la amnistía como carta de pago por el apoyo a Pedro Sánchez en su nuevo gobierno, rechazara la propuesta de perdón legal levantada por el Gobierno, este jueves se aprobó una nueva Ley de Amnistía en la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados, dejando el proyecto listo para su paso al pleno, el próximo 14 de marzo.

Mientras en las huestes socialistas e independentistas celebran el acuerdo -que, entre otras cosas, amplía el margen temporal que abarca la ley y acota los delitos que no quedaron cubiertos por la amnistía con base en la legislación europea e internacional, detalló la prensa local, lo que dejó fuera los casos más graves de terrorismo, corrupción relacionada con el enriquecimiento personal o traición a la patria-, en la oposición cuestionan las intenciones de la ley, acusando que Sánchez cedió ante las presiones catalanas solo para contar con sus votos en el Parlamento y calificando el acuerdo aprobado este jueves como una “humillación”.

A continuación, las claves para entender los cambios a la Ley de Amnistía.

La moción de perdón legal a delitos investigados por la justicia de España surge como respuesta política al proceso independentista iniciado en 2012, pero con su momento álgido en 2017, que terminó con cientos de detenidos, procesados o prófugos de la ley, como ocurrió con Carles Puigdemont, quien para el referéndum de independencia de Cataluña del 1 de octubre de 2017, calificado como ilegal por España, oficiaba como president de la Generalitat de Catalunya.

Junts per Catalunya, partido fundado liberal-conservador, pero independentista por definición, ha abogado desde que se inició la judicialización de los políticos y ciudadanos que permitieron el procés -ya sea mediante la utilización de recursos o infraestructura pública para la realización de referéndums de autodeterminación que buscaban la independencia catalana de España- para que estos sean amnistiados; es decir, liberados de las causas penales que siguen vigentes.

Todo esto nos lleva a noviembre de 2023, fecha en que, a pesar de contar con menor número de parlamentarios, y tras un acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez y Junts, este logró la investidura con los votos del partido catalán. No sería gratis. A cambio de evitar el ascenso del Partido Popular (PP) y Alberto Núñez Feijóo, Sánchez se comprometió a impulsar la Ley de Amnistía, y así conseguir los votos necesarios para ser investido y, de paso, la gobernabilidad en su nueva administración.

Así, el 30 de enero de 2024 se votó en el pleno el esperado proyecto de perdón, pero, para sorpresa de algunos, Junts votó en contra, alineado con el PP y Vox, el partido de extrema derecha de España. La falta de acuerdo entre los catalanes y el PSOE respecto a cómo incluir todos los delitos de terrorismo imputados contra gente del procés, especialmente luego de los últimos autos de la Audiencia Nacional.

Según RTVE, las intenciones del partido independentista eran blindar aun más las causas vigentes que afectan al expresident Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre otros personajes relevantes del movimiento.

Pero este miércoles, tras una tanda de discusiones entre los socialistas y Junts, se volvió a lograr un acuerdo aprobado por la Comisión de Justicia, y que esta vez cumplía con los puntos solicitados por los catalanes.

En resumen, fueron cinco los grandes puntos modificados en este nuevo acuerdo, con respecto al rechazado en enero de este año. Vale decir que, según los políticos involucrados, se trató de un trabajo palabra a palabra -debido a su carácter judicial- para delimitar una ley que puede tener importantes repercusiones judiciales.

En primer lugar, se modificó lo referente a la malversación de fondos relacionado con el procés, donde, según la justicia, se utilizaron arcas fiscales para impulsar un referéndum de independencia declarado como ilegal por España. De hecho, los principales dirigentes involucrados que no huyeron del país europeo fueron condenados por sedición y malversación.

Previamente, el Gobierno modificó el Código Penal y rebajó las penas cuando la malversación no conlleva un enriquecimiento personal. Sin embargo, los tribunales interpretaron que los condenados habían cometido el delito de malversación agravada, que quedó sin tocar en su modificación previa. Las enmiendas pactadas el miércoles, detalló El País, refuerzan la idea de la amnistía a quienes no hayan malversado fondos estatales con fines de enriquecimiento personal.

En segundo lugar, y quizá uno de los puntos más rimbombantes, fue el relacionado con el terrorismo y torturas. Las nuevas enmiendas excluyen de la amnistía los delitos de tortura, “a excepción de aquellos tratos que no superen un umbral mínimo de gravedad por no resultar idóneos para humillar o degradar a una persona o mostrar una disminución de su dignidad humana o para provocar miedo, angustia o inferioridad de una forma capaz de quebrar su existencia moral o física”.

Sobre el terrorismo, deja fuera los actos “que por su finalidad puedan ser calificados como tales por la Directiva Europea y, a su vez, hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, en particular las reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales y en el derecho internacional humanitario”. Es decir, se eliminan las referencias a los delitos de terrorismo tipificados en el Código Penal español, explicó la prensa local.

Un tercer pilar guarda relación con la traición. Al igual que en la versión anterior, los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado que están tipificados así en el Código Penal se mantienen así. Pero se añade una aclaración: “Siempre que se haya producido tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España en los términos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas o en la resolución 2.625 de la Asamblea General de Naciones Unidas de 24 de octubre de 1970″.

El cuarto punto detalla que las actividades relativas al procés que ya fueron sancionadas, informó El País, no darán derecho a recibir indemnizaciones como consecuencia de la amnistía, salvo las que se impusieron “al amparo de la ley de protección de la seguridad ciudadana de 2015 por infracciones muy graves siempre que, a criterio de la Administración, se estime que concurren para ello criterios de proporcionalidad”.

Por último, se ampliará el margen que abarca la Ley de Amnistía. Mientras inicialmente incluía hasta los hechos ocurridos desde el 1 de enero de 2012, ahora incluirá desde el 1 de enero de 2012.

No. Su paso por la Comisión de Justicia del Congreso es solo el primer paso, pero es uno importante. Ahora, la moción pasa al pleno, que se celebrará el próximo 14 de marzo y, posteriormente, al Senado en un plazo máximo de dos meses.

Sin embargo, en la Cámara Alta son el PP y la oposición los que tienen la mayoría. Si logra pasar esa valla, la Ley de Amnistía se convertiría en algo oficial.

Desde el gobierno de Pedro Sánchez señalaron a El País que esperan que, con su eventual aprobación, se pueda cerrar de forma definitiva “una etapa que ha condicionado la vida política catalana y de toda España durante demasiado tiempo”.

Probablemente, una de las grandes consecuencias de la aprobación en la Comisión de Justicia fue el anuncio del eventual retorno de Carles Puigdemont. Así lo confirmó su secretario general, Jordi Turull, quien no solo indicó que el expresident será el candidato de Junts per Catalunya para las elecciones europeas que se realizarán el próximo 9 de junio, sino que también adelantó que julio de este año será la fecha en que el líder político retornará a España. Actualmente se encuentra instalado -y prófugo de la Justicia ibérica- en Bélgica.

En entrevista en RAC1, Turull explicó que tras dos meses de la potencial aprobación de la Ley de Amnistía, el también eurodiputado podría volver a su país.

Tras dos horas de debate, las reacciones políticas no se hicieron esperar. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró que el acuerdo significa el cierre del procés independentista. “Hemos logrado un acuerdo las tres fuerzas políticas, PSOE, Esquerra y Junts, para aprobar la Ley de Amnistía para la normalización política, social e institucional en Catalunya. Creo que con esta ley, en la que hoy damos un paso adelante para su aprobación, creo que se cierra una etapa, una etapa de enfrentamiento, de conflicto, de tensión, de una quiebra de los afectos y de la convivencia que protagonizaron una década en Cataluña, una década en la que no ganó nadie, una década de fracaso colectivo, una década en la que perdimos todos y donde Cataluña se quedó parada”, señaló a la prensa local.

Quien no se mostró muy contento fue el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Desde Bucarest, en el Congreso del Partido Popular Europeo (PPE), aseguró que el gobierno de Sánchez se encuentra “cada día más acorralado”, y argumentó que es “más fácil de extorsionar por quienes ponen como precio el Estado de derecho”.

En un punto medio entre ambas posturas, el director adjunto de El País, Claudi Pérez, señaló en una entrevista que mientras estaba “el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, proclamando en un discurso triunfal el final del procés por el acuerdo para la Ley de Amnistía, y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, contando por enésima vez cómo España va a ser asolada por las siete plagas de Egipto y cómo la misma Ley de Amnistía que loa Bolaños es en realidad una suerte de Armagedón”, hay que verlo de manera menos exagerada, desde ambas posturas.

“Entre la curva hiperbólica triunfalista de Bolaños y la parábola catastrófica de Feijóo hay un cambio importante que afina la ley: desaparece la referencia sobre el terrorismo en el Código Penal español, que considera terrorismo ‘cualquier delito grave contra la vida’, y se opta por la directiva europea, que explicita ‘los atentados contra la vida de las personas’. Los juristas juzgarán; no parece el fin del mundo. Ni tampoco la Tierra prometida: a la amnistía le queda mucho recorrido, el examen del Tribunal Constitucional y de la justicia europea”, cerró.