Ley de indulto: Bitácora del proyecto que agrietó a la oposición y que La Moneda vio como oportunidad

A cuatro días de que la comisión de DD.HH. del Senado inicie la discusión del proyecto de indulto general presentado la semana pasada por los senadores de oposición Juan Ignacio Latorre (RD), Adriana Muñoz (PPD), Alejandro Navarro (PRO), Isabel Allende (PS) y Yasna Provoste (DC), en las bancadas de oposición crece la tensión por la iniciativa.

Son varios los parlamentarios opositores que consideran que el proyecto impulsado en el Senado por el senador Latorre como un boomerang que dividirá (aun más) a la oposición y solo traerá dividendos al gobierno, que ya salió a marcar el punto a través del Presidente Sebastián Piñera que anunció que aplicaría su facultad de veto. Ello, además de lograr la impensada unidad en contra de la iniciativa entre el Ejecutivo, la Fiscalía, la Defensoría Penal Pública y los tribunales de justicia.

Consultados por La Tercera PM, hay críticas abiertas y veladas a la idea en las bancadas PS, DC y PPD. Si la iniciativa hoy pasara a sala, dicen en todos los comités, no contaría con los votos suficientes.

En la DC la iniciativa vino a agudizar las diferencias internas entre sus cinco senadores. Y es que aunque la senadora Provoste figura entre las firmantes, los senadores Jorge Pizarro y Ximena Rincón han hecho duras críticas a la idea.

“No podemos indultar sobre casos en los que no hay condenas y, por lo tanto, lo que algunos dirigentes sociales han dicho, como el Padre Berríos, es que se requiere justicia”, dijo la senadora.

En el PPD hizo ruido que la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, se adhiera a un proyecto que tiene fuertes críticas técnicas, al plantear un indulto antes de que exista una condena por parte de la justicia y del cual se desmarcó la Defensoría Penal, el ministerio Público y también los jesuitas a través del sacerdote Felipe Berríos, que esta semana dijo: “No estoy de acuerdo con el indulto. Es un saludo a la bandera”.

El tema fue abordado en una reunión del comité PPD realizado este domingo vía zoom en la cual varios plantearon sus reparos técnicos y políticos al proyecto. “Hay un error de cálculo tremendo, por eso esta es una idea que nació muerta”, dice un parlamentario de ese comité.

A través de redes sociales, el expresidente del Senado Jaime Quintana (PPD), a su vez, dejó claro que no está por la vía del indulto para resolver la situación de las personas privadas de libertad en el contexto de protesta por una extensión de la prisión preventiva.

Desde esa tienda, además, un senador afirma que esto se consideró un error que podría haberse subsanado con más dialogo político. En ese sentido, en la oposición lamentan que desde hace dos meses se suspendieran los almuerzos de coordinación que cada martes hacían todos los senadores.

Por su parte, el senador Pedro Araya (Independiente) dijo que “hay que ver respecto a qué delito se está planteando el indulto de carácter general antes de tener una decisión respecto al tema. Además partir por la base que en Chile los presos del estallido social no son presos políticos, son personas que cometieron delitos en el marco del estallido social y que son objetos de investigación hoy día”. “No tengo decidido mi voto aún”, añadió.

Ayer, recogiendo el guante a los cuestionamientos técnicos al proyecto, la senadora PS Isabel Allende -una de las firmantes- anunció a través de una declaración que “durante la tramitación del proyecto buscaremos perfeccionarlo y colocar límites, donde se debe hacer la distinción en hechos que merecen un fuerte reproche penal y social por su gravedad, como delitos que ponen en riesgo la vida de personas, de los que solo son delitos contra el orden público, sobre todo, en los que se han visto involucrados jóvenes sin antecedentes penales previos”.

“Adherí al proyecto de indulto convencida de la necesidad de visibilizar una realidad que ha estado escondida en el último tiempo: el abuso de la persecución penal y el uso desproporcionado de la prisión preventiva contra los manifestantes detenidos durante el denominado estallido social”, recalcó la parlamentaria.

Frente a la iniciativa, dicen en la oposición, quedó innecesariamente expuesta la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, quien como firmante del proyecto ha sido la más requerida para explicar sus alcances y que ha defendido la necesidad de discutir la situación de los presos en contexto de protesta y los ripios que hoy se reconocen en el sistema de prisión preventiva.

La parlamentaria -que no logró ser contactada para esta nota- ha apuntado al anuncio de veto del presidente Piñera, asegurando que es un intento de “ahogar el debate parlamentario”.

En el gobierno confían en que el “fuego amigo” de la oposición dará de baja la iniciativa presentada por Latorre.

¿Por qué entonces La Moneda consideró necesario que el propio presidente Piñera saliera a anunciar el veto? Un inquilino de palacio señala coloquialmente: “La dejaron rebotando”.

En el Ejecutivo creen que la oposición “ha hecho un papelón” dado que la iniciativa ha sido cuestionada por el ministerio Público, el Defensor Nacional y la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.

“Este proyecto de ley nace de un grupo de iniciativas por la libertad de los presos de la revuelta donde están agrupaciones de familiares, abogados de derechos humanos, organizaciones de derechos humanos. A mí me invitó personalmente (la abogada) Fanny Pollarolo que estaba trabajando en ese grupo de iniciativas, me invitó hace varios meses”, dice el senador RD Ignacio Latorre al ser consultado por la génesis del proyecto.

Latorre reconoce que la idea original del proyecto era presentar una iniciativa de amnistía para los presos en contexto de protesta.

“Al principio la demanda de los familiares era amnistía, y por justamente conversaciones con organizaciones históricas de DD.HH. relacionadas con la dictadura nos propusieron que no hablemos de Ley de Amnistía por los problemas de esa ley que todavía está vigente y que también ha generado impunidad para violación de DD.HH. Por eso usamos la figura del indulto general, que el efecto jurídico es el mismo de la amnistía”, explica.

En la elaboración del proyecto -añade Latorre- hubo una activa participación del equipo del senador Alejandro Navarro que en medio del proceso debió ser hospitalizado.

“Por eso finalmente, cuando se elaboró el proyecto de ley y hubo consenso con toda esta red de organizaciones, luego yo hice gestiones políticas para incluir a más senadores porque no lo podía presentar solo yo. Era más importante que fuera con más respaldo político y en ese sentido hablé con la presidenta del Senado, senadora Adriana Muñoz, que está también en la comisión de DD.HH. Se lo envié a ella y a su equipo, les dimos un plazo para que lo revisaran e hicieran observaciones y finalmente firmó. Luego hice lo mismo con Yasna Provoste e Isabel Allende”, detalla Latorre.