Ley de notarios en el barro: ahora Comisión de Constitución del Senado bajo sospecha por borrar inhabilidad a la parentela parlamentaria

Por algunos minutos a puertas cerradas se reunieron este miércoles los integrantes de la Comisión de Constitución del Senado, instancia que hoy preside el senador Alfonso de Urresti (PS) y en la que participan sus pares Luz Ebensperger (UDI), Rodrigo Galilea (RN), Pedro Araya (PPD) y Claudia Pascual (PC).

Hace más de cuatro años (desde enero de 2020) que esta comisión está a cargo de tramitar la reforma al sistema registral, que involucra a notarios, conservadores y archiveros. Sin embargo, el clima de sospechas y acusaciones cruzadas hoy amenaza con afectar la imagen de esta instancia y de todo el Senado, en general.

De hecho, fue el senador Manuel José Ossandón (RN), jefe de bancada de su partido, quien presionado por el vínculo laboral de su hijo con el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, apuntó a otros legisladores y reveló que la mencionada comisión borró una norma sensible: la inhabilidad para que parientes de legisladores accedan a los cotizados cargos de notarios, conservadores y archiveros.

La situación denunciada por Ossandón ocurrió el 12 de marzo de este año. Entonces, el Presidente Gabriel Boric había presentado una indicación para impedir que la parentela de un conjunto de autoridades pudiera ser designada en estas funciones, que por lo general gozan de una alta remuneración.

“No podrá ser nombrado en alguno de los cargos que integran la segunda serie del Escalafón Secundario (notarios, archiveros y conservadores) ni ser incluido en la nómina correspondiente, quien se encuentre ligado por matrimonio, por acuerdo de unión civil, por parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, por afinidad hasta el segundo grado, o por adopción, al Presidente de la República, a los ministros de Estado, a los subsecretarios, a los gobernadores regionales, a los senadores, a los diputados, al fiscal nacional del Ministerio Público, al contralor general de la República, a los ministros del Tribunal Constitucional, a los funcionarios del Escalafón Primario del Poder Judicial o a los abogados integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia. Esta inhabilidad se extenderá hasta por un plazo de tres años contados desde el cese efectivo de la respectiva autoridad en su cargo”, decía la propuesta gubernamental.

No obstante, el senador Francisco Huenchumilla (DC), cuya esposa es notaria de Lautaro, propuso revisar el carácter amplio de la prohibición en vista de que la reforma establecía un nuevo mecanismo de postulaciones con incidencia de la Alta Dirección Pública; por lo tanto, si se transparentaba el proceso, era excesivo generar restricciones a parientes de parlamentarios y a otras autoridades.

La recomendación de Huenchumilla, quien a esa fecha era integrante de la Comisión de Constitución, fue recogida por el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien se mostró flexible. “Si se pudiera hacer un ajuste adicional, se podría eliminar a los miembros del Poder Legislativo (senadores y diputados), al Ministerio Público (fiscales) y a los miembros del Tribunal Constitucional”, dijo Cordero, quien solo exigió mantener la inhabilidad para parientes de jueces y el contralor.

Los argumentos del senador DC hicieron sentido a los otros miembros de la instancia, entonces integrada por Ebensperger (UDI), De Urresti (PS) y Galilea (RN), quien sin embargo, hizo una advertencia: si un familiar de un parlamentario accedía a un cargo de notario difícilmente la opinión pública creería que llegó por sus méritos.

Pese a esa observación, el cambio en la redacción -que borró la prohibición a parientes de senadores y diputados- fue aprobado unánimemente por los cuatro integrantes de la comisión presentes (Huenchumilla, De Urresti, Galilea y Ebensperger, quien presidía la instancia por esos días). El quinto integrante de la comisión, Luciano Cruz-Coke (Evópoli), no estaba presente en esa ocasión.

En esa votación Huenchumilla no se inhabilitó, por considerar que la norma tenía un alcance general. Consultado por La Tercera, explicó que siempre ha actuado racionalmente como legislador, dando argumentos que en este caso hicieron sentido a sus pares. Agregó que personalmente nunca ha incidido en nombramientos de familiares: su esposa llegó al Poder Judicial antes de que fuera parlamentario, y ella, próxima a jubilar, siempre se mantuvo en la misma notaría de una ciudad pequeña, además que ninguno de sus seis hijos trabaja en el sector público.

Presión social

En vista de la denuncia de Ossandón, los actuales integrantes de la actual Comisión de Constitución del Senado están complicados. De hecho, la senadora Pascual, quien asumió en marzo de este año en la instancia, no estaba al tanto del cambio en el proyecto y, en la áspera discusión que se dio este martes en la sala, dijo que era partidaria de reponer esa inhabilidad. “Estoy dispuesta a revisar la inhabilidad” dijo Pascual a La Tercera.

A ello se suma otro detalle. Hoy los senadores son los encargados de nombrar a los Consejeros del Sistema de Alta Dirección Pública, por lo tanto, si esa institucionalidad interviene en el nombramiento de notarios, conservadores y archiveros, al menos el Senado tiene una relación indirecta con los nombramientos.

Por lo tanto, la presión y la sospecha ahora pesan sobre esta comisión, que aún no evacúa el informe respectivo de la reforma al sistema registral. Una de las alternativas que se comenzaron a barajar en la reunión de jefes de bancadas de ayer es que el grupo de senadores de Constitución reponga la inhabilidad a familiares de parlamentarios como una forma de dar una salida política a esta incipiente crisis reputacional que afecta al Senado. Incluso, en el debate de ayer en la sala varios senadores admitieron que la ley de notarios se había convertido en un bochorno, que estaba dando pie a burlas y críticas contra la Cámara Alta.

Este conflicto estalló el martes de la semana pasada, cuando Ossandón y su par Rafael Prohens, subjefe de bancada de RN, pidieron derivar el proyecto a la Comisión de Gobierno, que preside el mismo Ossandón. El problema de ello es que inevitablemente este cambio implicará dilatar la tramitación de la iniciativa que estaba próxima a ser despachada por la Comisión de Constitución.

Ese episodio inmediatamente instaló un clima de sospechas en el Senado en vista de que esta reforma, que se tramita desde septiembre de 2018 en el Congreso, ha sido objeto de constantes presiones que, incluso, fueron denunciadas en 2019 por el exministro de Justicia Hernán Larraín (UDI).

Estas suspicacias se acentuaron, además, luego de que se filtrara un audio, de esa misma sesión del martes pasado, en que Prohens le dice al presidente de Senado, José García (RN), y su vicepresidente, Matías Walker (Demócratas), que “el Cote (apodo del senador Ossandón) me lo pidió, poh. No puedo decir lo que tengo que decir”. “Haznos caso, Matías. No te vai a arrepentir. Ya poh, Pepe (apodo de José García), no te vai a arrepentir”, dijo el subjefe de bancada de RN pidiéndole a Walker y al titular de la Cámara Alta que aprobaran su petición.

Round Cordero vs. Ossandón

El ambiente se tornó más crispado esta semana, a partir de una entrevista con CNN en que el ministro Cordero insinuó un conflicto de interés de Ossandón, debido a que su hijo, Manuel José Ossandón Lira, trabaja con el Conservador de Bienes Raíces de Santiago en el Registro de Prohibiciones.

Cordero dijo que “al menos era conveniente que (el senador) lo hubiese transparentado... De hecho, una de las normas que se están incorporando es transparentar el personal contratado”.

Consultado si esto implicaría un inconveniente legal, Cordero señaló que, “al menos, la forma en que está regulado el conflicto de interés en la Ley Orgánica del Congreso genera una interpretación que es la participación de normas generales. Pero pareciera una regla de prudencia, lo que se ha aplicado hasta ahora respecto de los senadores que tienen parentesco... es que ellos no participan de las discusiones”.

Incluso, el titular de Justicia mencionó que el senador Ossandón “participó en alguna de las comisiones de la Comisión de Constitución”. “Tuvimos una álgida discusión sobre la separación del Conservador de Santiago. El Ejecutivo, al igual que otros senadores, era partidario de dividirlo. El senador Ossandón participó de esa sesión y fue bien explícito. Él dio razones para sostener la ineficiencia de la división”, indicó.

Sin embargo, el ministro cometió un error. A su juicio los senadores Huenchumilla (DC), casado con la notaria de Lautaro, y Francisco Chahuán (RN), hijo de la notaria de La Calera, “cada vez que se ha tenido que discutir (esta ley), ellos se han abstenido de participar de las votaciones”.

No obstante, por las razones mencionadas, Huenchumilla no se inhabilitó.

Ossandón, además, fustigó especialmente al ministro por haber asesorado en el pasado, antes del llegar al gobierno, a los notarios. “Cordero tampoco transparentó que fue asesor de los notarios conservadores y archiveros de chile en una presentación por el voto electrónico que se hizo en Contraloría”.

Ante esta acusación, el ministro de Justicia dijo que al asumir se publicó en varios medios esa asesoría, por lo tanto, a su juicio, no era un dato secreto.

A juicio del diputado Miguel Ángel Calisto (indep. Demócratas), presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, “el proyecto que busca regular el régimen de nombramientos de notarios, conservadores y auxiliares de administración de justicia está completamente viciado. No solamente por los intereses que representa y las presiones por tramitar en una u otra comisión, sino particularmente porque hay parlamentarios directamente relacionados que no se han inhabilitado en su tramitación. Evidentemente lo que ha discutido el Senado es diametralmente opuesto a lo aprobado en la Cámara por ende el futuro de este proyecto se ve complejo”.