Los descargos sumariales y los relatos de exalumnos que acompañan la salida del director del Liceo Augusto D’Halmar

El viernes pasado el ambiente en la comunidad del Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa se convulsionó luego de que tras el sumario en su contra, la municipalidad encabezada por la alcaldesa Emilia Ríos (RD) decidiera destituir a Jaime Andrade como director por “falta a la probidad” y “discriminación”, entre otras materias.

Las conclusiones del sumario de 124 páginas al que tuvo acceso La Tercera, además de las imputaciones y las recomendaciones de la fiscal a cargo, también daban cuenta de los descargos del sancionado director.

Ahí, dentro de otras cosas, Andrade señalaba que no existe ninguna prueba directa para esta “imputación gratuita, basada única y exclusivamente en las declaraciones de los denunciantes, lo cual implica una arbitrariedad del cargo formulado”. Asimismo, aseguraba que “nunca se ha discriminado”, insistiendo en que “no existe prueba en el expediente de aquello, que se funda en una declaración acusatoria de una llamada telefónica”, sumando además que todo se trata de una “concertación de denuncias”.

Dentro de la investigación, la fiscal Krause entrevistó a una serie de apoderados, varios de los cuales eran los denunciantes que dieron origen a este sumario administrativo. Ahí, de hecho, la mayoría acusó prácticas irregulares por parte del director, como cambios de notas (lo que implica falsificación de instrumento público, según el municipio), además de no asegurar matrícula para el año siguiente a los repitentes, cuando esto sí está resguardado por la normativa educacional que rige para establecimientos educacionales públicos, como es el caso del liceo.

Pero, además, a través de su defensa, Andrade hace referencia a que los cargos “hacen una abstracción total de la realidad vivida en el liceo, como en todo Chile, de enfrentar dos años de pandemia”. Y es que, en efecto, la investigación se produce por hechos acaecidos hacia fines de 2022.

Sin embargo, distintos exalumnos contactados por La Tercera dan cuenta de diversas situaciones que a ellos les tocó experimentar. Algunas de larga data, en el entendido de que Andrade ejerció como director del Augusto D’Halmar por 28 años.

“Si se supiera todo lo que hacía este señor...”. Señala uno de ellos, quien resume así su sentir respecto de la ex máxima autoridad del establecimiento, donde estuvo hasta 2008: “El ‘Foca’ –así le decíamos- era un dictador”.

Otra estudiante, salida el 2014, recuerda que el director instauraba castigos severos, como dejar a sus compañeros de curso sin poder moverse durante más de una hora bajo la lluvia, con retos “en ruso”.

Otros estudiantes de la generación 2006 rememoran que la situación era peor cuando les tocaba de profesora jefe la esposa del director (Justa Zubia), quien luego asumiría como jefa de la Unidad Técnico Pedagógica (UTP). Ella, dicen, “era como la primera dama” del liceo, donde según la misma persona a los alumnos los dividían entre los que tenían buenas notas y los que tenían malas calificaciones al momento de dar pruebas. “Había diferenciación académica, los porros y los mateos, eso era conocido por todos y a muchos los marcó una enormidad”, cuentan.

Con todo, otro alumno recuerda que hasta hoy conserva amistades que en la época escolar tenían dificultades económicas y a esas personas “el director las ayudaba un montón, les regalaban hasta el uniforme. Cuando uno demostraba ser un buen estudiante, él siempre ayudaba”. El problema, dicen otros conocedores de este tipo de historias, era con aquellos que no eran buenos estudiantes. Y que eso es lo más grave.

“El problema de fondo tiene que ver con la lógica de la competencia por puntajes, prestigio, matrícula o recursos, que a veces lleva a utilizar todos los medios que ayuden a imponerse en esa batalla por ser el mejor, sean o no legales o éticos”, dice Miguel Caro, académico de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) y coordinador del Centro de Experimentación Pedagógica, quien agrega que tras ese propósito “instrumental se impone el interés de sostenedores o directores, pero se sacrifica el de estudiantes, en ocasiones vulnerando el derecho a la educación, el principio de inclusión educativa o el bienestar emocional”.

La educación, dice el académico de la UMCE, no consiste en pedir exactamente lo mismo a grupos estructuralmente segregados, “ni menos seleccionar a ‘los mejores’, porque esa ventaja le otorga mayoritariamente el capital cultural y económico disponible o las diferencias en el apoyo familiar, la estabilidad emocional y la amplitud de los contextos culturales”. Y cierra: “No se puede elegir educar a quien me conviene para mi prestigio, sino a quien lo requiere, en sus necesidades (…) lo educativo implica aprender a convivir y colaborar en la diversidad y no excluir a quienes son distintos respecto de un determinado parámetro”.

En esa línea, un exestudiante de la generación 2009 reseña que lo mejor que puede dar cuenta de que Andrade efectivamente empujaba a irse a los alumnos más descendidos académicamente es que en 2006 eran seis primeros medios y en 2009 solo quedaban dos cuartos medios. “Es bueno que después de muchos años de malas prácticas alguien haga algo al respecto”, señala.

En todo caso, las recientes denuncias no son las únicas ni las primeras que se conocen, ni las primeras que recibe el director. Ya en 2019 un grupo de estudiantes del liceo recurrió al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) porque una de sus compañeras fue “denigrada públicamente en razón de su identidad de género”, según se dijo en ese momento, por Andrade.

Hace cuatro años las estudiantes relataron que durante un acto “el director llamó delante de todo el alumnado la atención a la adolescente trans solo porque no tenía tomado su pelo, haciendo negativa referencia a su identidad de género”. Le dijo, agregaron las denunciantes, “que se tomara el pelo, que ya había tolerado mucho con permitirle que lo tuviera largo. Luego en privado le señaló que era un hombre y llamó a sus apoderados para que le presentaran certificados médicos que acreditaran su condición de trans”.

Aquella vez, la Superintendencia de Educación sancionó a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, en su calidad de entidad sostenedora del establecimiento, por dos infracciones: que el establecimiento no garantiza un justo proceso que regule las relaciones de los miembros de la comunidad escolar y que el establecimiento vulnera derechos y/o no cumple deberes para con los miembros de la comunidad educativa.

La Tercera PM intentó contactar al destituido director, pero no fue posible dar con él.