Los detalles del crítico informe de la ONU sobre las elecciones en Venezuela que desató la ira del régimen de Maduro
Mientras Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, tildó de "basura" a los expertos electorales de la ONU, la Cancillería venezolana acusó al organismo internacional de difundir “mentiras”.
La Secretaría General de las Naciones Unidas publicó este martes un informe preliminar en el que concluyó que las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio en Venezuela “no cumplieron las medidas básicas de transparencia e integridad” que, según juzga, son “esenciales para celebrar elecciones creíbles”. El reporte generó la molestia del régimen de Nicolás Maduro, que, en boca de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, tildó de “basura” a los expertos electorales de la ONU. Incluso, propuso reformar las leyes electorales para prohibir la observación internacional.
Pero cuál fue la razón de la molestia de Rodríguez. Junto con cuestionar al panel de la ONU por poner en duda la transparencia del proceso electoral, el dirigente chavista apuntó al organismo por hacer público el reporte que, según dijo, solo sería conocido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela y al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.
“Están diciendo cuanta barbaridad se les ocurre, sin pruebas, sin ningún tipo de evidencia, sin nada, porque vinieron a lo que vinieron: a dañar, a agredir”, indicó Rodríguez. “Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabra, porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocerían el poder electoral de Venezuela y el secretario general de Naciones Unidas, y hoy anuncian que lo harán público”, añadió.
En efecto, este martes la ONU hizo público un reporte interno del panel de expertos de la ONU, donde se detallan 16 puntos de su misión en Venezuela. Así, parten recordando que fueron invitados por el CNE, en el marco del Acuerdo de Barbados de octubre de 2023. Los cuatro expertos electorales se desplegaron en Venezuela desde finales de junio hasta el 2 de agosto de 2024, para dar seguimiento a las elecciones presidenciales. “Su objetivo era dar seguimiento al proceso electoral e informar internamente al secretario general de las Naciones Unidas sobre él, y formular recomendaciones para futuras mejoras. El grupo no fue una misión de observación y, a diferencia de las misiones de observación electoral, no fue establecido para emitir un juicio público sobre el resultado de las elecciones”, destaca el informe.
Enfatizando que se trata de conclusiones preliminares, el panel de expertos denuncia que el período preelectoral se caracterizó por “restricciones constantes al espacio cívico y político”. “La campaña del gobierno dominó los medios de comunicación estatales, con un acceso muy limitado para los candidatos de la oposición. Se mantuvieron en vigor una serie de restricciones al derecho a presentarse como candidatos a cargos públicos para varias figuras políticas destacadas”, detalla.
Si bien los expertos destacan que las elecciones del 28 de julio “se desarrollaron en un ambiente mayoritariamente pacífico y estuvieron bien organizadas logísticamente” y que el CNE “pudo detectar y resolver rápidamente” una gran mayoría de pequeños fallos técnicos que se reportaron durante la jornada, también manifiestan los problemas posteriores que se produjeron con la transmisión digital de los resultados desde cada máquina de votación al centro de escrutinio principal del CNE.
“Al parecer, la transmisión electrónica de los resultados funcionó bien al principio, pero se interrumpió abruptamente horas después del cierre de los colegios electorales, sin que en ese momento se diera ninguna información o explicación a los candidatos ni al panel”, se lee en el reporte. Y agrega: “En el momento de anunciar los resultados, el presidente del CNE declaró que un ciberataque terrorista había afectado la transmisión y causado un retraso en el proceso de escrutinio. Sin embargo, el CNE pospuso y posteriormente canceló tres auditorías poselectorales clave, incluida una sobre el sistema de comunicación que podría haber arrojado luz sobre la ocurrencia de ataques externos a la infraestructura de transmisión”.
Pese a esos problemas, el 2 de agosto el CNE confirmó a Maduro como ganador con 6.408.844 votos (51,95%), seguido del candidato opositor Edmundo González con 5.326.104 sufragios (43,18%), con base en lo que dijo que era el 96,97% de los resultados. “Los anuncios de resultados consistieron en comunicaciones orales sin respaldo infográfico. El CNE no publicó, y aún no ha publicado, ningún resultado (o resultados desglosados por mesa de votación) para respaldar sus anuncios orales como lo prevé el marco legal para las elecciones”, enfatiza el panel de la ONU.
Asimismo, los expertos señalan que el CNE había establecido mecanismos para la producción de actas impresas de los resultados a nivel de los centros de votación. “Se trataba de una salvaguarda clave de la transparencia (es decir, un rastro de papel), con varias características de seguridad, como códigos QR y hash con firmas únicas, así como firmas físicas de funcionarios y agentes. Estas características de seguridad, en su conjunto, parecen ser muy difíciles de falsificar. El marco legal estipulaba que cada protocolo impreso original debía ser sellado y resguardado por personal militar”, detallan.
Si bien se debían distribuir copias de las actas a los funcionarios de las mesas electorales, a los agentes de los partidos y los observadores acreditados, “el panel recibió varios informes de que se había impedido a los agentes de los partidos de oposición obtener dichas copias. Además, a pesar de las garantías de que lo haría, el CNE no ha publicado estas actas de resultados”.
En ese sentido, el panel de la ONU dijo que examinó una pequeña muestra de los documentos que actualmente son de dominio público (incluidos los publicados en línea por la oposición) y que, según se informa, son actas de resultados de varios centros de votación. “Todos los documentos examinados presentan todas las características de seguridad de las actas de resultados originales. Esto sugiere que puede existir una salvaguarda clave de transparencia, como se pretendía, con respecto a los resultados publicados oficialmente”, aseguran.
La alianza opositora ha publicado en una página web –que está siendo investigada por la Fiscalía venezolana– más del 80% de las actas electorales. Según la coalición, estas actas confirmarían que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó con más del 67% de los votos.
“En resumen, el proceso de gestión de resultados del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la celebración de elecciones creíbles. No siguió las disposiciones legales y reglamentarias nacionales y no se cumplieron todos los plazos estipulados”, se lee en el reporte de la ONU. “Según la experiencia del panel, el anuncio de un resultado electoral sin la publicación de sus detalles o la entrega de los resultados tabulados a los candidatos no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas. Esto tuvo un impacto negativo en la confianza en el resultado anunciado por el CNE entre una gran parte del electorado venezolano”, añade.
Al final del informe, los expertos señalan que el 31 de julio Maduro presentó una denuncia ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, solicitando al parecer una revisión del proceso y una verificación de los resultados. Si bien la Sala Electoral confirmó que había recibido del CNE las actas de resultados y demás documentación solicitada y anunció que procedería a un proceso de verificación pericial de la documentación presentada, “hasta la fecha no hay información detallada disponible sobre cómo se realizará esta evaluación”.
Asimismo, pese a “mantener un diálogo constructivo e intercambios positivos” con el CNE hasta el cierre de las urnas el 28 de julio, los expertos de la ONU aseguran que después de ese momento, “lamentablemente –y a pesar de una solicitud enviada por nota verbal– el panel no pudo reunirse con la junta directiva del CNE antes de su partida”.
Tras la publicación del informe de la ONU, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela difundió un comunicado donde acusó al organismo internacional de difundir “mentiras”. “La opinión emitida en su irresponsable escrito no es más que un acto de propaganda que sirve a los intereses golpistas de la ultraderecha venezolana, con los cuales interactuaron constantemente antes, durante y después de las referidas elecciones”, precisa el texto.
“Representa un absoluto acto imprudente que mina la confianza en los mecanismos diseñados para la cooperación y asistencia técnica”, prosigue la declaración, que calificó a los integrantes del panel de “falsos expertos”.
En el comunicado, la Cancillería resalta que, durante su estadía en Venezuela, los miembros del panel “tuvieron frecuentes contactos directos, vía telefónica y a través de videoconferencias, con funcionarios del Departamento de EE.UU.”, algo que, según activistas de DD.HH., podría sugerir que las comunicaciones de los expertos fueron vigiladas. El gobierno venezolano dijo no tener dudas de que el informe preliminar del panel es producto de “instrucciones hostiles” emanadas del Departamento de Estado.
En ese escenario, Jorge Rodríguez propuso reformar las leyes electorales para prohibir la participación de observadores internacionales en las elecciones del país. “Hagamos una reforma de las leyes electorales de este país para que nunca más ningún extranjero venga a tomar decisión sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela”, afirmó en una sección ordinaria en el Parlamento venezolano.
“¿Por qué tienen que venir, a cuenta de qué, qué tipo de capacidad tienen?”, se preguntó el presidente de la Asamblea Nacional.
En sintonía con declaraciones del Poder Ejecutivo y Legislativo, el Poder Electoral venezolano tildó este miércoles de “panfletario” el informe de la ONU, recriminó que no se haya respetado el carácter “secreto” de lo observado durante los comicios y sostuvo que sólo contiene mentiras sobre el proceso electoral, que defendió, fue “transparente”.
“La publicación de un supuesto ‘informe’ no estaba dentro de sus funciones y demuestra la intencionalidad política perversa de dicha difusión, compuesta de argumentos falaces y desfigurados”, señaló el CNE.
“Más allá de las violaciones a la ética profesional, por parte del equipo de supuestos técnicos, el contenido de dicho ‘informe’ es un documento panfletario y su ‘experticia’ queda absolutamente desmoronada en vista de los pobres y fácilmente desmentibles argumentos que utilizan para tratar de deslegitimar el impecable y transparente proceso electoral realizado el 28 de julio, tal como lo pudieron constatar casi mil observadores venidos de todos los rincones del planeta”, señaló el ente electoral venezolano.
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