Antes de la votación de ayer sobre el nuevo “Sistema de Justicia” en el pleno de la Convención Constitucional, la suerte ya estaba echada.

Los convencionales de derecha se declaraban molestos y resignados de que gran parte del articulado del Informe de la Comisión de Sistema de Justicia llegaría a los dos tercios, profundizando la minoría y, en algunos casos, el aislamiento de Chile Vamos dentro de la asamblea.

El grupo mayoritario de la Convención, por otro lado, compuesto por el PC, el Frente Amplio, Movimientos Sociales e independientes de centroizquierda, se veía relajado y confiado en que contaría con el apoyo de los grupos ligados a la antigua Concertación, en casi todos los artículos, salvo los más controversiales: el N°4 (que terminaba con la inamovilidad de los jueces) y el N° 8 (sobre la ejecución de resoluciones, que dejaba abierta la posibilidad de que un órgano, no necesariamente un tribunal, tuviera facultades sobre la policía y que permitía revisar casos juzgados en Chile, según instrucciones de organismos internacionales).

Sin embargo, a pesar de que la votación ya estaba “cocinada”, en el debate algunos constituyentes hicieron ver sus puntos. Algunos, de hecho, ya provocaron secuelas políticas en el debate público y que en una próxima jornada de deliberaciones podrían tener un impacto. Ese fue el caso, por ejemplo, de las intervenciones de Ruggero Cozzi (RN), Carol Bown (UDI) y Andrés Cruz (PS), que fueron mencionados por algunos de sus pares consultados por La Tercera.

Por otro lado, los discursos de Roberto Celedón (independiente), Mauricio Daza (indep.), Bárbara Sepúlveda (PC), Christian Viera (indep. Frente Amplio) y Rosa Catrileo (mapuche) también contribuyeron a afianzar convicciones, incluso entre quienes expresaban ciertas dudas, respecto de la propuesta para un nuevo sistema judicial. Todos estos últimos votaron a favor de todo el informe.

Viera, por ejemplo, quien fue uno de los coordinadores de la comisión Sistema de Justicia, abrió el debate presentando el informe de su instancia, que codirigió con Vanessa Hoppe.

Casi al final de sesión, cerca de la medianoche, Viera volvió a tomar la palabra para hablar a título personal, ocasión en la que defendió el principio de “pluralismo jurídico”, uno de los conceptos que más dudas generaba en el mundo jurídico y político. “La tipología de esa norma es un principio, no es regla. Y este principio es un efecto necesario de asumir con seriedad la fórmula política que estaríamos proponiendo desde esta Convención. Si la República de Chile se llega a definir como un Estado social y plurinacional, esa fórmula debe tener un impacto en la orgánica constitucional, no debe ser solo un anhelo o una expectativa... Supone el reconocimiento al hecho de la plurinacionalidad, pero ha de empujar el diseño de reglas institucionales”, dijo mencionando que países como Canadá, Nueva Zelandia y Bolivia contienen regulaciones de este tipo.

Por su parte, Celedón centró sus palabras en la defensa del Consejo de la Justicia, nueva institución que se propone para reformar el mecanismo actual de incorporación de magistrados, que según algunos detractores afectaría la autonomía del actual Poder Judicial o nuevo “Sistema de Justicia”. “No hay nada que afecte más la independencia de los tribunales que el sistema de nombramiento que nos rige hasta el presente, y esta es una reforma que se acoge en esta Convención y que ha sido impulsada hace mucho tiempo por la Asociación Nacional de Magistrados... Ya no va a tener la Corte Suprema la superintendencia directiva y correccional de los tribunales, va a estar radicado en un ente autónomo. Exactamente aquellos que dicen ‘no a los nombramientos políticos’, el Consejo de la Magistratura, que se inspira en el Consejo Nacional de la Magistratura de la Constitución del 47 de Italia, es una entidad completamente autónoma, que va a tener a cargo los nombramientos y la función disciplinaria”.

“La Corte Suprema va a ser liberada, siendo el principal tribunal del país, va a dedicarse en plenitud a la función propia de ella, como máximo tribunal”, dijo el veterano abogado.

La convencional Catrileo, en tanto, abogó por el reconocimiento de los pueblos originarios. “Más de 200 años de exclusión, más de 500 años de tratar de eliminarnos, no pueden ser catalogados de privilegio. Eso es lo primero que tengo que decir. Administrar el poder también por esos 200 años sí es un privilegio, sí fue un privilegio. Increíble que los derechos humanos sean catalogados de privilegio, porque el pluralismo jurídico de eso se trata, de un tema de derechos humanos”, señaló.

Sepúlveda, por su parte, remarcó el nuevo enfoque de género, interculturalidad y pluralismo jurídico. “Las abogadas feministas vemos día a día que en los tribunales se dictaminan las cuestiones más inverosímiles. De las pocas mujeres que pueden acceder a la justicia por motivos económicos, la mayoría de ellas verá que en los tribunales las causas sobre violencia de género se transforman en juicios sobre su vida íntima, sobre su comportamiento sexual, sobre sus elecciones y desaciertos personales. El foco que debiese estar en la agresión se desvía hacia el juicio moral”, expresó la convencional comunista, al tiempo que criticó el desequilibrio entre hombres y mujeres en el Poder Judicial.

Daza, a su vez, hizo una pormenorizada explicación de cada artículo, entre ellos el cambio de nombre. “Proponemos dejar atrás la denominación de Poder Judicial que utiliza la actual Constitución. Bajo la noción que considera la dogmática moderna, donde la jurisdicción no es entendida como un poder deber del Estado, sino como una función pública privativa de los órganos que ejercen jurisdicción dirigida a proteger la vigencia efectiva del derecho vigente y de los valores básicos de la sociedad... Con la denominación sistemas de justicia hacemos referencia a que va a existir un sistema nacional de justicia, de general aplicación, pero que también el estado reconoce los sistemas de justicia de cada pueblo originario...., reconociendo en todo caso como límite infranqueable el respeto de los derechos humanos”.

Dentro de los discursos críticos, Cozzi no solo fue el primero en hablar de su sector, él abrió el debate después del informe de Viera y Hoppe.

El convencional de RN, que solo votó a favor de cinco artículos (16, 13, 12, 10, 6 y 5) y se abstuvo en uno (14), acusó que el informe, en general, era malo y apuntó particularmente contra el cambio de nombre y la idea de eliminar la inamovilidad de los jueces, punto en el que encontró eco entre sectores moderados de centroizquierda.

“Se cambia el nombre de Poder Judicial a Sistemas de Justicia. Este cambio no tiene justificación alguna... Solamente la Constitución de Venezuela en 1999, vaya sorpresa, habla de Sistema de Justicia. No se puede haber escogido un peor ejemplo a imitar para este título que el sistema de justicia venezolana, y realmente este es un gustito del Partido Comunista y una muy mala señal. Segundo, y mucho más grave, hay propuestas que afectan la independencia de los tribunales”, dijo Cozzi.

Por su parte la convencional Bown, quien votó a favor de tres artículos (5, 10 y 12) y el resto en contra, arremetió contra la marginación de Chile Vamos, argumento que hoy está siendo el principal sustento de quienes ya comienzan a sugerir el rechazo a la futura propuesta constitucional. “Aunque algunos en la comisión insistan en que así es la democracia, no me parece que sea democrático pasar máquina, un abuso de la mayoría circunstancial, bajo la simulación de un falso entendimiento. Que Chile lo sepa. 198 votaciones, no sobrevivió ninguna propuesta de Vamos por Chile, aprobada en general, y se rechazaron todas las iniciativas presentadas por Vamos por Chile o por el Colectivo Socialista. Que Chile juzgue si eso es dialogar y construir acuerdos”

“Invito a los convencionales a que, en una materia tan importante como ésta, le demos una segunda oportunidad a esta comisión de presentar un informe que corrija las deficiencias, que no termine con el Poder Judicial como contrapeso a los otros poderes... que dé certeza a las personas que la última palabra la va a tener la justicia en Chile y no en el extranjero. Que Chile lo sepa”, añadió la gremialista.

Por su parte, la intervención de Cruz, convencional socialista y que fue fiscal en el sur, marcó otro punto de disidencia entre los constituyentes de centroizquierda respecto del informe. “Se ha hablado mucho de diálogo democrático, pero yo lo que constaté en esta primera parte fue harta exclusión e intolerancia. Se ha hablado mucho de participación, de espacios de encuentro, pero yo lo que constaté fue exclusión. Muchos convencionales fuimos excluidos por nuestro pasado, por pensar diferente, y eso es completamente distinto a esa retórica grandilocuente que pretende hablar de una supuesta casa de todos”.

Aunque Cruz votó a favor de casi todo el informe, salvo los polémicos artículos 4 y 8, que fueron rechazados, cuestionó en general varias partes del informe. “Se están abriendo las puertas a que otros organismos invadan las esferas de atribuciones que les corresponde ejercer a los tribunales de justicia, propio de sistemas autoritarios”, dijo.

Su voto, además, no fue registrado en la votación del artículo N° 12, relacionado con la transparencia, que no era necesariamente el más conflictivo del debate.