Los flancos abiertos de Jean Pierre Matus en su camino para llegar a la Corte Suprema

Fue a mediados de abril cuando el pleno de la Corte Suprema se reunió para elaborar la quina con los candidatos para el cupo de abogado externo al Poder Judicial que dejó el exsupremo Carlos Künsemüller.

Ese mismo día se comunicó el resultado y para el mundo judicial no fue una sorpresa que las dos primeras mayorías, que incluye un empate, fueran para la abogada integrante del máximo tribunal Leonor Etcheberry (13 votos) y luego vinieran, ambos con nueve votos, el penalista Jean Pierre Matus y la también abogada integrante de la Suprema María Cristina Gajardo.

Durante la noche de este lunes el ministro de Justicia, Hernán Larraín, ingresó el oficio al Senado donde reveló cuál de los cinco nombres sería carta del Ejecutivo. En el documento se leía que La Moneda se inclinó por el académico y exabogado integrante de la Suprema Jean Pierre Matus.

Matus, de 54 años, es un reconocido académico dedicado a la enseñanza y la doctrina del derecho penal. De un liceo fiscal con número de Calama pasó a estudiar Ingeniería en la Universidad Católica, pero rápidamente se cambió a la Facultad de Derecho.

Ahí se hizo amigo de varios abogados que hoy son personajes conocidos. Cercanos a esa época universitaria comentan que un grupo de WhatsApp llamado “La Corporación” agrupa a Matus junto al próximo presidente del Tribunal Constitucional, Juan José Romero; al presidente del equipo Universidad Católica, Juan Tagle; al expresidente de Metro Clemente Pérez y a los abogados Ciro Colombara y Héctor Hernández.

El abogado es hermano de la periodista Alejandra Matus. De hecho, él la representó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego en su solicitud de asilo en Estados Unidos debido a la causa que le abrieron en Chile por el delito de desacato al publicar El libro negro de la justicia chilena.

Su carrera universitaria la inició como académico de Derecho de la Universidad de Talca. Desde ahí luego se fue a formar a España, siguiendo al exdiputado socialista Juan Bustos, para cursar un doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona.

En Talca fue abogado a honorarios del Consejo de Defensa del Estado, pero sus colegas aseguran que lo suyo ha sido el mundo académico. Luego de su paso por Barcelona, años después, fue becario posdoctoral de la Fundación Alexander von Humboldt en la Universidad de Gotinga, en Alemania. Ahí se dedicó a profundizar en el derecho penal internacional.

Tras varias décadas como profesor titular en Talca, postuló para ser académico, de la misma categoría, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Llegó a la sede de Pío Nono en 2010. Años después, luego de la renuncia del exdecano Davor Harasic tuvo una pequeña aventura electoral interna para sucederlo en el cargo. Logró pasar a la segunda vuelta, pero le fue mal. Se enfrentó al académico Pablo Ruiz-Tagle, quien se impuso con el 64% de los votos.

Tras su fallida candidatura, dejó todos los cargos directivos que tenía en la facultad e ingresó, bajo la figura de consultor, al estudio Cisternas y Cía. Abogados, firma que lidera Gonzalo Cisternas, hijo del exministro de la Corte Suprema Lamberto Cisternas y exintegrante del Tribunal Supremo de Renovación Nacional.

Ahí su rol fue el de redactar informes en derecho en lo que los abogados llaman “el ejercicio libre de la profesión”. Su paso por el estudio terminó a inicios de este año, cuando decidió renunciar. Hoy, por el momento, solo estaría con sus clases de Derecho Penal a estudiantes de segundo año.

El currículum que presentó al pleno de la Suprema es extenso. En gran parte por las decenas de libros y artículos académicos que ha publicado. De hecho, los penalistas comentan que sus manuales son de los más consultados en la disciplina. Es conocido por fiscales, defensores y jueces, ya que le ha tocado hacer clases y capacitaciones de penal y procesal penal, como por ejemplo, en cursos regulares de la Academia Judicial

Matus, quien sería de sensibilidad de centroizquierda, nunca ha tenido cargos políticos. Su mayor aproximación a ese mundo ocurrió en 2014, cuando decidió fichar por el Partido Socialista. Su incursión militante duró poco, ya que un año después la expresidenta Michelle Bachelet lo designó como abogado integrante de la Corte Suprema. Ahí dejó su militancia, ya que era incompatible con su nueva responsabilidad.

Estuvo haciendo clases e integrando las salas del máximo tribunal hasta inicios de 2019. Fuentes de la Suprema aseguran que mientras ejerció en el cargo fue cercano al exministro Künsemüller.

Su primer periodo de tres años como abogado integrante lo hizo completo. El segundo lo dejó hasta la mitad. Renunció debido a su rol de asesor del comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez. En ese tiempo trascendió que su decisión la tomó para evitar conflictos de interés, no perjudicar al máximo tribunal ni tampoco a sus clientes.

Pese a todas sus credenciales, que quedaron expuestas en sus antecedentes puestos a disposición de la Suprema cuando se elaboró la quina, su nombre ha generado algunas resistencias en la oposición y también en agrupaciones vinculadas a los derechos humanos.

Uno de los primeros cuestionamientos fue realizado por un grupo de 10 reconocidos periodistas, quienes publicaron una carta abierta.

Los firmantes -entre quienes estaba la premio nacional de Periodismo 2019 Mónica González- reprocharon dos puntos principales. Uno de ellos apunta a que Matus se haya desempeñado, por poco más de dos años, como asesor del general Martínez.

El segundo, dice la misiva, es que haya sido “responsable de la defensa del exdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército, general (R) Schafik Nazal, imputado por el Ministerio Público por el espionaje a periodistas” en la denominada Operación Topógrafo.

Testigos de la labor que cumplió Matus en la rama castrense de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) comentan que su cargo consistió en ser abogado asesor del general Martínez para asuntos puntuales relacionados con la revisión de procedimientos y reglamentos para evitar delitos. Su paso por el Ejército, bajo esa figura, duró desde octubre de 2018 hasta diciembre de 2020.

Según los registros de esa rama de las FF.AA. el cargo fue a honorarios, “sin dedicación exclusiva, subordinación ni dependencia”. Su rol como asesor fue público en varias instancias, como por ejemplo, cuando se presentó el Modelo de Prevención del Delito que él elaboró e instaló en el Ejército.

En octubre de 2018 Matus fue clave para un cambio institucional realizado por el Ejército, organismo que es investigado por la ministra Romy Rutherford en la llamada arista “agencias de turismo”, una de las tantas cuerdas del gran caso de fraude que lleva adelante la magistrada.

Fuentes al tanto del trabajo de Matus aseguran que en su informe el penalista reconoció que el Ejército cometió irregularidades en los pagos en exceso por pasajes y fletes a casi la totalidad de los uniformados de la institución que realizaron viajes al extranjero desde 1982 hasta 2015. Todo esto, consignó Matus en el documento, fue provocado por “una práctica institucional contraria a la legislación vigente”

En el informe el abogado, además, pidió a los uniformados que restituyeran los dineros obtenidos de forma irregular por este mecanismo. Todo esto sin perjuicio de las responsabilidades penales que persigue Rutherford.

Su rol como defensor de Nazal también fue objetado en una declaración, publicada en julio, por Londres 38. La organización calificó de grave la opción de que llegue a la Suprema por haberse relacionado en un “caso que involucra gravísimas vulneraciones a la libertad de prensa”.

Conocedores del caso dicen que Matus asumió la representación del general (R) Nazal en 2019, debido a que cuando le notificaron de la investigación llevada en su contra, el exuniformado era el jefe del Estado Mayor y, en consecuencia, le correspondía subrogar al general Martínez.

Desde ese rol lo acompañó a declarar ante el Ministerio Público y entregó documentos a la fiscalía, como por ejemplo, el oficio en que el ministro de la Corte de Apelaciones Juan Antonio Poblete autorizó las escuchas.

El caso, según revelaron Ciper y La Tercera, efectivamente contó con escuchas que fueron autorizadas por el ministro Poblete. Además, según declaró el magistrado en abril ante la comisión de Control del Sistema de Inteligencia de la Cámara, el Ejército no lo “engañó” y siempre estuvo “en pleno conocimiento de la diligencia” solicitada.

Cuando Matus terminó su asesoría en el Ejército, en diciembre de 2020, también puso fin a su rol en la causa judicial de la Operación Topógrafo, ya que posteriormente presentó su renuncia como defensor de Nazal y hoy el caso está en manos del abogado Mario Vargas.

En la carta de los periodistas y en los comunicados de Londres 38 y también de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se critica otro elemento. Según afirman ellos, cuando Matus fue abogado integrante de la Suprema se mostró a favor de “rebajar la pena a los condenados por crímenes de lesa humanidad basados en el tiempo transcurrido desde que se cometió el hecho”, algo que en lenguaje penal se conoce como la “media prescripción”.

Cercanos a Matus aseguran que el asunto tiene matices. Entendidos en la materia comentan que el abogado suscribe a la doctrina que establece que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.

Así está escrito en su libro Manual de Derecho Penal, Parte General y otros artículos académicos de su autoría. En el primer escrito se lee que esta posibilidad está prohibida por la “aplicación del principio de ‘primacía del derecho internacional sobre el derecho interno’”.

En los fallos en los cuales él ha participado, e incluso en los que él mismo ha redactado, se sostiene que la media prescripción no es algo obligatorio, sino que es algo “facultativo” de los jueces según la gravedad del caso en cuestión. Este argumento técnico se traduce en que, por lo tanto, la responsabilidad recae en el tribunal de fondo y no es algo que pueda ser “susceptible” de recursos de casación.

De hecho, Matus fue parte del voto de mayoría que rechazó la media prescripción en la condena por torturas y muerte del hijo en gestación sufrida por Haydée Oberreuter, en donde se condenó a cuatro exagentes de la Armada.

También fue quien redactó el fallo en que se condenó a un civil por participar en asesinatos junto con agentes del Estado en el caso Luzoro. En esa sentencia también se rechazó la media prescripción. Incluso, ese fallo fue calificado como “histórico” según una nota de la página web de Londres 38.

Al leer otro de los fallos por los cuales se le critica se puede apreciar que se rechazaron las casaciones de los condenados que pedían rebaja de sus penas y no hay casos en que se hayan revocado sentencias para rebajar condenas o absolver a los acusados.

Hay una causa en que se revocó una sentencia, pero eso ocurrió ya que los procesados llegaron absueltos a la Suprema. Este caso se trataba de un control de tránsito que terminó en homicidio por parte de uniformados del Ejército.

La sentencia de primera instancia fue absolutoria, ya que no consideró el ilícito como un delito de lesa humanidad al no haber ocurrido en un contexto de persecución política. Cuando llegó a la Suprema se revocó y se condenó al estimarse que, pese a no ser un delito de lesa humanidad, el hecho calificaba como un crimen de guerra según el Protocolo de la Convención de Ginebra.

Pese a las críticas en su contra, tres abogados históricos de derechos humanos -Nelson Caucoto, Luciano Fouillioux y Álvaro Varela- respaldan su nominación. En un comunicado publicado este mes, los tres profesionales recogen las críticas en su contra y afirman que “el profesor Matus no ha ‘apoyado en reiteradas ocasiones la rebaja de penas a violadores de derechos humanos, a través de la doctrina de la media prescripción’”.

También agregan que “no ha tenido ninguna intervención como defensor en causas relacionadas con la violación de los derechos humanos y la corrupción en el Ejército y Carabineros de Chile”. Como ejemplo, citan el fallo en el cual condenó a los militares involucrados en la compra irregular de Tanques Leopard.

Con el patrocinio del gobierno, al penalista le tocará enfrentar al Senado. Esto no será algo nuevo para él. El académico está acostumbrado a asistir a la Cámara Alta, ya que ha sido asesor, ad honorem, de la Comisión de Constitución y en otras instancias, como la de Medio Ambiente, ha aportado en varios boletines que abarcan su especialidad, como por ejemplo, el proyecto de ley aún en tramitación sobre delitos ambientales.

Ahora que Piñera se inclinó por él, deberá convencer a los senadores y el camino no se ve fácil. Parlamentarios de la oposición han manifestado en privado sus reparos y la senadora DC Ximena Rincón dijo que no votaría por él. Como sea, necesita dos tercios de los votos de la sala para sortear el escrutinio con éxito.