“¡Mamani, fuera!”: los insultos y funas entre convencionales que rodearon la discusión sobre propiedad indígena

“Ándate a la m…”.

Así se refirió la tarde del jueves la convencional Isabel Godoy (Pueblo Coya) a su par del pueblo Aymara, Isabella Mamani, en plena sesión de votación de indicaciones en la comisión de Derechos Fundamentales (DD.FF) de la Convención Constitucional. Godoy lo dijo -justificó- porque la convencional no le envió un documento.

La tensión, según cuentan algunos escaños reservados, se arrastra desde antes, y tiene que ver con las dos indicaciones que se presentaron sobre los derechos que “los pueblos y naciones indígenas” tienen sobre sus “tierras y territorios”.

Mamani (Aymara), junto a la vicepresidenta adjunta Lidia González (Yagán), Fernando Tirado (Chango) y otros constituyentes del Colectivo Socialista, Frente Amplio e Independientes No Neutrales, presentaron la indicación 418, la que planteaba que el Estado garantizará la propiedad y posesión de las tierras indígenas, y que los pueblos tienen el derecho a la reparación de las tierras. Para esto, conforme a la Constitución, la ley establecería el procedimiento para la reivindicación y restitución de dichas tierras.

Además, explicitaba que los pueblos indígenas “tienen derecho a usar y administrar los territorios indígenas y recursos que tradicionalmente han utilizado u ocupado, según lo determine la ley”, y que este derecho tendría como límite la función social y ecológica.

Esta buscaba reemplazar y moderar la indicación 417, la que fue impulsada por la mayoría de los convencionales de escaños reservados -incluidas Mamani y González- y encabezada por Natividad Llanquileo (Mapuche).

Esta propuesta buscaba establecer que los pueblos indígenas “tienen derecho a las tierras, territorios y recursos naturales que tradicionalmente han poseído (...)”. Agregaba, además, que los actos jurídicos sobre tierras indígenas se regirán por su sistema jurídico propio, como también que los pueblos indígenas “tienen el derecho a la reparación integral de las tierras que tradicionalmente hayan poseído o utilizado y que les hayan sido confiscados (...) sin su voluntad”. También sostenía que el Estado debería adoptar mecanismos de reparación.

Ambas buscaban reemplazar el artículo 21, sobre derecho de propiedad de los pueblos indígenas, del primer informe emitido por la comisión, el que fue sometido a votación en general en el pleno el pasado 10 de marzo. En esa instancia, el artículo fue rechazado con 56 votos a favor, 73 en contra y 25 abstenciones, por lo que volvió a la comisión para ser modificado.

El hecho de que se presentara una indicación más moderada provocó que este martes, a las afueras de la Convención, se reuniera un grupo de personas pertenecientes a pueblos originarios a manifestarse con pancartas y megáfonos en contra de la propuesta. “Mamani vende tierras”, se les escuchaba decir.

Testigo de ello fue el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez (Independientes No Neutrales), quien vio la manifestación en contra de Mamani cuando salía en bicicleta del exCongreso. “Había un grupo de personas gritando, siendo explícitos en los gritos contra la convencional. Decían ‘Mamani fuera’, ‘Mamani no’, y se referían a los números de indicaciones relacionadas con propiedad indígena”, relató.

Otro convencional que vio la escena asegura que fue un acto de “matonaje” en contra de las autoras de la indicación.

Godoy también fue testigo de la manifestación: “Íbamos pasando y lo vimos, pero nosotros no tenemos nada que ver. Jamás habríamos propiciado la funa a un compañero, no lo haríamos nunca. Las cosas tenemos que arreglarlas adentro, con debate, con discusión”.

El motivo de la presentación de la 418 fue que, a criterio de Mamani y González, la 417 no congregaría el apoyo de los 2/3 del pleno debido a las aprensiones de colectivos como el Frente Amplio, el Colectivo Socialista e Independientes No Neutrales. Esta vez era crucial que se aprobara, pues previamente los artículos sobre propiedad indígena fueron rechazados por el pleno, y no querían arriesgarse a quedar fuera del proyecto de nueva Constitución.

Consultada por La Tercera PM, Mamani afirmó que su objetivo es que los derechos a las tierras y a los recursos naturales por parte de los pueblos originarios se reconozcan expresamente en la Constitución, para que después una ley lo aplique. “Sería un hito, porque es la primera vez que el derecho a las tierras se va a garantizar en la Constitución. Lo que hemos hecho con Lidia (González) y Fernando (Tirado) ha sido con la finalidad de conseguir los dos tercios y se garantice ese derecho”.

Godoy, en tanto, defendió la 417 porque, según ella, era la más representativa. “Aseguraba el territorio ancestral, por ejemplo, que no aseguraba la 418. Protegía el control de los recursos naturales en los territorios”, argumentó.

Pero no es todo. Durante la sesión de ayer, cerca de las 21:00, la convencional Bárbara Rebolledo (RN-Evópoli-IND) denunció que una convencional de la comisión había sido amenazada de muerte. En medio de la deliberación sobre el artículo de propiedad indígena, Rebolledo dijo: “No voy a participar de esta farsa, ni menos de las razones por las que estamos en esto luego de que una compañera convencional haya sido amenazada de muerte por otra convencional”.

Consultada por La Tercera PM, Rebolledo no precisó de quién hablaba. Sin embargo, fuentes cercanas a los escaños reservados confirman que sí ha habido amenazas y presiones con “fines estratégicos” en este grupo durante esta semana y desde antes, aunque desconocen si hubo una amenaza de muerte. En tanto, cercanos a Mamani y González afirman que, al menos, no se trata de ellas.

Algunos convencionales consultados para esta nota prefirieron no referirse a las presiones que reciben desde algunos escaños reservados para apoyar sus iniciativas por temor a sus reacciones. Por ejemplo, un convencional de la comisión de Sistemas de Justicia, recuerda que en octubre del año pasado Natividad Llanquileo habría amenazado a una de sus pares durante la votación de coordinadores, y que esta quedó llorando. Aunque se propuso llevarla al comité de Ética -que no estaba constituido en ese entonces-, hoy los convencionales afirman que prefirieron no hacerlo por temor a las reacciones. Consultada Llanquileo por este medio, se excusó de participar en esta nota por falta de tiempo.

En este sentido, consultado por La Tercera PM, el vicepresidente Domínguez manifestó: “Cuando las manifestaciones políticas aluden directamente contra personas o contra constituyentes, pueden de alguna manera viciar el principio democrático que hace que los constituyentes voten conforme a sus convicciones, puede generar que eventualmente algunas personas se vean influenciadas a tomar su decisión de voto como consecuencia a presiones”. En esta línea, otro de los vicepresidentes adelantó que evalúan restringir el acceso de personas a la Convención los días de votaciones, para evitar presiones. Esto se definió anoche, tras una reunión de la mesa directiva en la que se tocó este tema.

En la misma línea, la co-coordinadora de la comisión de DD.FF, Janis Meneses (Movimientos Sociales Constituyentes), afirmó: “Independiente de nuestras posturas políticas dentro de la Convención, mantener el respeto, el diálogo es muy importante para el proceso. A mí también me gustaría llamar a eso, sobre todo entre convencionales”.

Tras este conflicto, ambas normas sobre las tierras indígenas fueron retiradas la noche del jueves, luego de que se propusiera una “indicación amistosa”, apoyada por los 17 escaños reservados y presentada por el convencional Roberto Celedón (Chile Digno), que fue aprobada por 25 votos a favor y una abstención. Los siete convencionales de derecha de la comisión de DD.FF. decidieron no votar por no estar de acuerdo con la forma “tramposa” -como dijo Rebolledo- en que se ejecutó la indicación amistosa.

Algo de lo que dio cuenta el RN Manuel Jose Ossandón hoy en su cuenta de Twitter, donde publicó “este artículo fue producto de una trampa, un abuso de una indicación amistosa, luego de una cocina de 1 hora en los patios, por “supuestos” problemas técnicos y con amenaza de muerte incluida. Muy decepcionado del manejo de la coordinación en este caso”.

Así, el artículo sobre derecho colectivo indígena a sus tierras que integrará el informe de la comisión establece que los pueblos tienen derecho a los territorios que tradicionalmente han ocupado, y que el Estado reconocerá su “especial relación” con ellos. Asimismo, tendrán derecho de usar y administrar estos territorios, como también a la “reparación de las tierras (...) que las hayan sido confiscados (...) o dañados sin su consentimiento”.

Se menciona, además, que la restitución será el mecanismo preferente de reparación, y que el ejercicio de estos derechos tendrá como límite “los derechos de la naturaleza y la función ecológica de la propiedad”.

Así, al artículo le resta superar una nueva votación en general y otra en particular. En ambas deberá conseguir dos tercios de la aprobación del pleno para quedar consagrado en el borrador de Carta Magna. Sin embargo, desde ya se advierte que la norma solo será aprobada en general, pues a criterio de algunos escaños, necesita volver a la comisión para perfeccionarse.