Manual para entender el fallo del caso Caval: Tres claves de la resolución

Natalia Compagnon fue condenada por un delito tributario y su socio en Caval, Mauricio Valero, absuelto del delito de soborno. Esa fue la resolución de ayer del Tribunal Oral en lo Penal Rancagua, con la que concluía un mes de alegatos y tres años y medio de investigación del Ministerio Público. Por supuesto el fallo puede interpretarse según los intereses de cada quien: los simpatizantes de Michelle Bachelet van a subrayar que después de todo el revuelo político que provocó el caso Caval, la nuera de la expresidenta apenas fue sancionada por una factura falsa. Los más leales incluso pueden sumarse a la teorías conspirativas que repite Sebastián Dávalos, quien acusa un montaje para perjudicar al gobierno de su madre.

Pero en Fiscalía, en cambio, califican el dictamen del tribunal como un éxito. Los jueces recogieron el argumento de que Compagnon conocía al detalle el manejo financiero de la empresa y que hubo dolo al incluir facturas ideológicamente falsas en la contabilidad y realizar declaraciones de impuestos maliciosamente falsas los años 2013, 2014 y 2015. Según se acreditó, de las 12 facturas cuestionadas, "al menos una" no correspondía a servicios prestados.

La condena en juicio oral se suma a las otras cuatro condenas que consiguió Fiscalía en juicios abreviados previos por este caso. Contra el síndico Herman Chadwick por ventajas indebidas y delitos tributarios, contra el ex operador UDI Juan Dìaz como autor de soborno, contra el ex jefe de obras de la municipalidad de Machalí, Jorge Silva, por cohecho reiterado y contra el propio Mauricio Valero por delitos tributarios. Además a otros ocho formalizados se les aplicó suspensión condicional de la causa por delitos de cohecho, soborno, facturas falsas y prevaricación.

Fiscalía pide que la sanción para Compagnon sea de 4 años de presidio y una multa de $237 millones para resarcir lo defraudado al Fisco. Por el mismo delito, Valero obtuvo en el acuerdo de juicio abreviado 541 días de pena remitida y una multa de $60 millones. La defensa de la cientista política propone 21 de días de trabajos voluntarios para la comunidad y una multa de $500 mil.

Si bien cerró la causa principal del caso Caval, todavía esté pendiente el juicio por la presunta estafa al empresario Gonzalo Vial, en que están formalizados Dávalos y Compagnon.

"Los tribunales nos han dado la razón, no obstante los diversos avatares que hemos vivido", declaraba satisfecho el fiscal Sergio Moya a cargo del caso Caval. A inicios de año el persecutor enfrentó una querella por violación de secreto y extorsión presentada por Dávalos, quien en las puertas de tribunales calificó a la Fiscalía de "muy corrupta".

Pero ese está lejos de ser el único "avatar" que ha enfrentado la investigación. El caso comenzó en febrero de 2015, tras el artículo de revista Qué Pasa que reveló el crédito de US$10 millones otorgado por el Banco de Chile a la empresa Caval para la compra de los terrenos de Machalí, préstamo obtenido después de una reunión del Compagnon y Dávalos con el vicepresidente del banco, Andrónico Luksic. Sin embargo, el fiscal que tomó la causa, Luis Toledo, desechó que hubiese una ilegalidad en la tramitación de dicho préstamo y tampoco pudo acreditar las denuncias y querellas de los entonces diputados de RN Nicolás Monckeberg y Rojo Edwards que pidieron investigar posible tráfico de influencias y negociación incompatible.

Las pesquisas del fiscal apuntaron más bien a la labor del síndico de quiebras Herman Chadwick quien vendió los terrenos y a los funcionarios de la Municipalidad de Machalí que buscaban el cambio de uso de suelos. Toledo, quien tuvo la causa en sus manos durante un año, hasta marzo de 2016, no quiso indagar en la presunta estafa contra el empresario Gonzalo Vial, primer cliente de Caval, de hecho ese caso estuvo a punto de prescribir por la falta de diligencias. Tampoco ahondó en las sucesivas reuniones que tuvo Compagnon con Luksic el 2014 para asesorarlo en los permisos que requería la planta de la embotelladora CCU en Quilicura. Asimismo, el fiscal descartó interrogar a la jefa de gabinete de Bachelet, Ana Lya Uriarte, quien elaboró un informe para Caval, y tampoco interrogó como testigo a la Mandataria, ya que a su juicio, su testimonio "no guarda pertinencia ni utilidad con el mérito de los tipos penales objeto de investigación". (Ambas fueron interrogadas sólo cuando el caso quedó en manos de los fiscales Emiliano Arias, Sergio Moya y Marcia Allende).

En una polémica pública, 10 días antes que terminara el gobierno anterior, Luis Toledo fue nombrado por el ministro de Justicia, Jaime Campos, notario de San Fernando, designación que fue revertida por la actual administración.

Pese a la oposición del CDE, el nuevo equipo de investigación, fue dando salidas alternativas y suspensiòn condicional de la causa a los distintos formalizados del caso, incluido el ex director de Salud, Nibaldo Mora (UDI) acusado de cohecho por recibir dinero de Mauricio Valero para, supuestamente, favorecer en licitaciones a la empresa Saydex.

El pasado 11 de abril, la fiscalía enfrentó una derrota de proporciones cuando el juez de garantía de Rancagua, Luis Barría, durante la audiencia de preparación del juicio oral excluyó la mitad de las pruebas y una veintena de testigos del caso, entre ellos todos los ejecutivos del Banco de Chile, ya que a su juicio las tratativas para el préstamo y la compra de los terrenos no formaban parte de la acusación.

"El tribunal estima impertinente (que declaren), al tratarse de hechos públicos y notorios las circunstancias en que la empresa Caval obtuvo el financiamiento del Banco de Chile. Tal como dice la defensa, con todos los reparos que uno pueda tener si quiere de un punto de vista ético o moral, ello no es parte del juicio que nos convoca", señaló el juez.

Entre los excluidos como testigos del juicio, se agregó por error al ex gerente de finanzas de Caval, Marcelo Carreño, quien relataba como Compagnon llegaba a la oficina hasta con $100 millones en billetes en efectivo.

Al inicio del juicio oral, el 11 de junio, el fiscal Moya intentó sin éxito que se pudieran agregar testimonios de contexto en las pruebas para así fundamentar el delito de soborno por el que acusaban a Valero. Su petición fue rechazada. Tras intentar fallidamente que se cambiara la fecha de inicio de la audiencia, la fiscal Allende hizo el alegato de apertura, intervención en la que confundió la municipalidad de Machalí con la de Rancagua.

La jueza Paulina Chaparro lideró el juicio oral acompañada de los magistrados Joaquín Nilo y Sergio Allende. En la lectura del fallo emitió duras críticas al trabajo probatorio de la fiscalía para intentar acreditar el delito de soborno por el que acusaban a Mauricio Valero y también a la empresa Caval como persona jurídica.

"Se quiere presentar a Caval como una empresa dispuesta a todo para obtener ganancias rápidas y fáciles, en el sentido que soborna para lograr el mentado cambio de uso de suelos, lo que resulta fuertemente contradicho con la versión verosímil que entrega Mauricio Valero", sostiene la magistrada.

En varios pasajes de la resolución la jueza repitió que las explicaciones del socio fundador de Caval -quien durante la audiencia no disimuló sus expresiones de alegría- resultaban más consistentes y verosímiles que la tesis de fiscalía, que no acompañó con pruebas categóricas.

Así, en una de las conclusiones más llamativas, la jueza sostiene que el negocio de Caval en Machalí de compra y reventa de los terrenos, no contemplaba como parte de la operación el cambio de uso de suelos, lo que desvirtúa el móvil del supuesto hecho de corrupción.

La jueza no tuvo a la vista, porque fueron eliminados como testigos, los representantes de la empresa Aguas Sustentables, Sergio y Álvaro Covacevich, quienen negociaron con Caval la compra de los terrenos para crear un proyecto llamado "ciudad del Cobre", siempre y cuándo cambiará el uso de suelos de la zona.

La jueza también da por válido el argumento de Valero de a través de un supuesto "efecto espejo", los predios de Machalí podían ampliar sus 4 hectáreas urbanas a 8, para construir un hotel y viviendas. Sin embargo, según la ley general de urbanismo dicho trámite requiere decisiones y políticas y autorización del SAG y el MINVU.

Al eliminarse del juicio oral los antecedentes del crédito del Banco de Chile, la jueza tampoco tuvo a mano la tasación con que se le dio el préstamo a la empresa y que iba aparejada de una modificación en el plan regulador de la zona. Tampoco se conoció las condiciones en que el empresario Hugo Silva compró el terreno a Caval en 2015 por $3.000 millones más de lo que Valero y Compagnon lo habían adquirido el 2014.

La jueza Chaparro también creyó el testimonio de Valero respecto a que los pagos que realizó por $20 millones al operador Juan Díaz, condenado por soborno a funcionarios de Machalí, eran para otro efecto, mantener la oferta de venta del síndico Herman Chadwick y saldar una antigua deuda de Compagnon. Según la magistrada, Valero y Díaz tenían intereses opuestos en el negocio y no eran aliados. Esto, pese a que todos los testimonios del caso indican que ambos tenían un acuerdo para dividirse las ganancias, al punto que una vez que Caval compró los terrenos Juan Díaz se hizo cargo de la administración de los predios de Machalí y mandó a remodelar la casa patronal que existía allí.