"Me robaron la identidad": Fue suplantada por su hermana y el Estado tendrá que indemnizarla por una condena injusta

El 17 de noviembre de 2008, Felicinda del Carmen Palma se acercó a un retén de Carabineros de San Bernardo para denunciar a su hermana María Graciela por el robo de un play station. Era un trámite lamentable, pero se suponía que iba a ser breve y por eso la acompañaron sus dos hijos: un niño de 7 y una joven de 18 años.

Ese día nada resultó como debía ser. El carabinero de turno la notificó de que no podría irse porque había una orden de detención en su contra por el delito de receptación en la Cuarta Región. De nada sirvió que Felicinda explicara desesperada que nunca había estado en esa zona y que no sabía de qué la acusaban.  Sí cayó en cuenta de que su hermana podía tener algo que ver, pues ya en 2001 la había suplantado en un robo común. Esa vez el asunto terminó en pelea pero no pasó a mayores. Ahora sí.

A la detención siguió un humillante paso por el Centro de Orientación Femenina (COF). Luego la subieron en un bus con otros 15 reos que estaba destinados a distintas cárceles. A ella la estaban enviando a Illapel. Lloró todo el camino pensando en que se perdería la graduación de su hija a la semana siguiente y en que no tenía quién cuidara de su hijo menor que entonces no estaba bien de salud.

En Illapel Felicinda fue condenada a 30 días de cárcel. Su abogada le explicó que era mejor no señalar la suplantación de identidad de su hermana porque el tribunal la podía dejar presa mientras la verdadera acusada era capturada. La recomendación fue declararse culpable para luego demandar por suplantación de identidad. Y así lo hizo.

Después de que su hermana fue condenada por el delito de usurpación de identidad el 26 de junio de 2009, Felicinda demandó al Estado por los errores del Ministerio Público que no corroboró su identidad en el proceso. El 21 de agosto de 2017, la Corte de Apelaciones de La Serena revocó el fallo de 1° y condena al Estado de Chile a pagar la suma de 40 millones de pesos, sentencia firme.

"Se trata del incumplimiento de una actuación de investigación de aquellas que se denominan "primeras diligencias", es decir, una de aquellas que primero deben realizarse, en particular, en un caso de detención en flagrancia (...) algo no esperable de personal profesional y especializado como son los Fiscales del Ministerio Público", dice el fallo en unos de sus pasajes más duros.

Felicinda espera desde marzo que el Ministerio de Justicia proceda al pago de su indemnización. En conversación por la Tercera PM dice que el monto es simbólico y no logra resarcir la humillación, el miedo y el trauma que quedó en sus hijos haber visto a su madre esposada e ingresada a un calabozo. "Nunca lloré tanto", dice recordando el viaje a Illapel entre reos condenados.

El caso de Felicinda ingresó el 25 de octubre al proyecto inocentes de la Defensoría Penal Pública que busca visibilizar la realidad que año a año viven más de 3 mil personas en el país. Solo en 2017 3.092 personas fueron privadas de libertad y eran inocentes, 402 eran mujeres.

Como docente de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duce, ha abordado el impacto que tienen  en Chile las causas por suplantación de identidad, analizando la revisión de causas de la Corte Suprema entre 2007 y 2013. El académico plantea la gravedad de este tipo de error del sistema, pues existen antecedentes de personas privadas de libertad hasta por 3 años y un día por delitos que le fueron atribuidos por terceros.

"Esta evidencia da cuenta de que no estamos en presencia de un problema menor o comprensible por la poca relevancia de los casos o exclusivamente por la dinámica del procedimiento simplificado. Se trata de situaciones que parecen obedecer a problemas bastante gruesos de trabajo y coordinación entre las agencias del sistema que, por lo mismo, cuesta entender que se hayan mantenido en el tiempo. Por ejemplo, se puede apreciar que de las 11 revisiones acogidas el 2012, nueve se explican por esta causa. Es decir, a más de diez años de la puesta en marcha de nuestro CPP acusatorio, el sistema no ha tenido capacidad para resolver este tema tan grueso y básico de trabajo", dice el análisis de Duce.

Felicinda no quiere que hoy se sepa dónde vive porque está amenazada de muerte por su hermana Graciela que hoy reside en Los Vilos, según sabe. Dice que tras el incidente, la familia se quebró y tanto su madre como sus otros dos hermanos tienen bloqueada a María Graciela. No solo por lo que le pasó a ella, sino que también porque entregó cheques a nombre de su madre, exponiéndola también ante la justicia.

Felicinda dice que -paradójicamente- se enteró por  María Graciela de que había ganado el proceso contra el Estado por usurpación de identidad. Al parecer la mujer se enteró por un abogado que la defiende permanentemente en tribunales del fallo favorable a su hermana y se contactó por la hija mayor de Felicinda a través de redes sociales. En el mensaje, le decía que su madre tendría que entregarle $800 mil pesos de lo obtenido para sacar a una de sus hijas de la cárcel.

"Le pedí con mucho miedo a mi hija que la bloqueara. No queremos saber nunca más de ella", dice Felicinda al teléfono.